Es bien sabido que la cultura es uno de los sectores menos favorecidos en la distribución presupuestaria del estado boliviano. Tras poco más de 10 años desde que fuera creado el Ministerio de Culturas y Turismo, muy pocas cosas han cambiado en relación al estatus e importancia que la cultura ha tenido para los gobernantes desde hace 20 años. Si bien hubo cierta expectativa respecto a la creación del Ministerio de Culturas, cuando Pablo Groux ocupaba la el cargo de Viceministro de Culturas, poco tardamos en constatar que aquella medida fue meramente demagógica, pues ni sus atribuciones y menos su presupuesto cambiaron respecto de su situación anterior.
La fragilidad institucional de esta entidad, su extremada politización y su carácter periférico a los intereses y objetivos del gobierno pasado, derivaron en que importantes montos de financiamientos para la arqueología (Banco Mundial, BID, Cooperación Belga), se perdieran o fueran distorsionados en su manejo, con los consiguientes impactos negativos para el patrimonio y la cultura.
Entre el 2006 y 2013 el estado boliviano acopió un superávit fiscal sin precedentes, llegando a un valor acumulado de 14.5% respecto del PIB. Desde el 2014, una crisis mundial en los precios de las materias primas y el petroleo derivó en un efecto lento pero sentido en la economía boliviana, que sumado al mal manejo de la economía nacional, dio como resultado un déficit fiscal acumulado al 2019 del 46.8% respecto al PIB. Hasta el año 2015 el presupuesto de Culturas se mantuvo con leves variaciones, pero para el año 2016 y en adelante los recortes fueron significativos, impactando principalmente en los proyectos culturales, la estructura de personal y finalmente en los recursos destinados a su operación.
Los impactos que trajo la recuperación del orden democrático entre octubre y diciembre del 2019 y la expansión de la pandemia del Covid 19 amenazan con ser devastadores para la economía boliviana, principalmente para los sectores informales y con menores recursos. Se estima una caída de al menos un 2 a 3 % en el Producto Interno Bruto en relación al 2019 (4.7%), donde aún no se ha estimado el efecto final de la caída de los precios del petroleo, los minerales y las exportaciones no tradicionales del país. El presupuesto aprobado para el 2020 es de 282.273 millones de bolivianos, 1.4% menos que el dispuesto para el 2019, lo que implica una reducción presupuestaria en varios ámbitos de la actividad gubernamental. La inversión pública se estimó que se vería afectada en un 17.5% respecto a la efectuada el 2019, teniendo un mayor impacto en las áreas de infraestructura e inversión multisectorial.
¿Que se espera para la arqueología boliviana en este contexto?
Se espera un Ministerio de Culturas y Turismo en transición, sin recursos económicos, técnicos ni humanos, sin capacidad de gestión ni posibilidades de hacer o programar cambios importantes, como los demandados por la colectividad arqueológica desde el año 2018 (Correcciones a la Ley 530, desarrollo de reglamentos, profundización de la descentralización en la gestión cultural y defensa del patrimonio, entre otros).
Lo que actualmente se tiene es una gestión ministerial decorativa, como continuidad de la que dejó Morales, sin capacidad para defender el patrimonio, casi tanto como aconteció con el incendio de los bosques Chiquitanos o la introducción de especies transgénicas que ponen en serio peligro el patrimonio natural, cultural y genético de nuestro país.
Se espera un sistema universitario paralizado, cursando dificultosamente la formación de los alumnos de manera virtual, sin posibilidades de hacer mayor investigación de campo o de laboratorio, menos el emprender nuevas iniciativas de proyectos o programas de formación de sus graduados.
La baja en los recursos del IDH dará lugar a la interrupción de muchos proyectos y a la caída en la investigación o mejora de las condiciones de investigación universitaria.
En el ámbito laboral, los arqueólogos que efectuaban trabajos de contrato en obras de infraestructura pública y privada verán disminuir, sino desaparecer sus opciones de trabajo, pues la caída de la inversión pública, el desplome de las inversiones privadas en obras de construcción privada y la imposibilidad laboral que impone la cuarentena, determinarán que menos de un tercio del año sea realmente productivo, o con alguna posibilidad de obtener ingresos por la venta de sus servicios.
En cuanto a la investigación promovida por proyectos extranjeros, se estima que el año 2020 será nulo, debido a los efectos que tiene la pandemia en el contexto global. Universidades e institutos de investigación europeos y norteamericanos están volcando todos sus recursos a subsistir o a contribuir en la resolución de los problemas que atraviesan sus países en temas de salud y economía. Se prevé que los escasos proyectos con becas o fondos de investigación extranjeros que llegaban a nuestro país toquen fondo o disminuyan aún mas en los próximos tres años.
Bolivia cuenta con algo menos de 80 arqueólogos activos dentro del territorio nacional, gran parte en situación de desempleo, subempleo, o intermitentemente empleados, lo cual con seguridad se acentuará dadas las escasas oportunidades laborales o de empleo estable que existe para este sector. A esto debe sumarse un estimado de 50 o 60 egresados de arqueología que apoyan los trabajos de arqueología de contrato que también deberán re-evaluar sus opciones.
En suma, la perspectiva de la arqueología para los siguientes años se ve muy sombría, cuyos efectos se sentirán más allá del ámbito laboral o de subsistencia de los arqueólogos y sus familias, pues afectarán con seguridad al patrimonio arqueológico nacional donde el deterioro o destrucción podría acrecentarse como efecto de las emergentes condiciones económicas, sociales y políticas que inaugura el año 2020.
