LA ARQUEOLOGÍA BOLIVIANA: OCHO MESES CON PILOTO AUTOMÁTICO Y EN CAÍDA LIBRE

Tras el final de uno de los mas nefastos periodos del manejo de la administración de la arqueología boliviana en diciembre del 2018, le siguió un periodo inerte, estéril y vacío de gestión, con absolutamente nada por rescatar, que empezando en abril del 2019 culminó en enero del 2020.  No obstante que el nuevo gobierno de transición inició sus gestiones en noviembre del 2019, es recién hasta mediados de enero del 2020 que se designa un reemplazo en lugar de aquella posesionada en la gestión de la Ministra Alanoca. Se designa a un historiador y abogado que en dos meses intentó enderezar el curso tomado por la unidad, pero en marzo se efectuó un nuevo cambio, dejando el puesto a un antropólogo en calidad de jefe interino. Una última reunión dirigida por el Director de Patrimonio del MDCyT y abogados del Viceministerio de Interculturalidad, en la que participó un nutrido grupo de arqueólogos, puso en blanco y negro los desatinos, errores y delitos de quienes inventaron el funesto Reglamento de Autorizaciones para Intervenciones Arqueológicas (PM 020/2018) y abrió paso para el desarrollo de una nueva norma que lo reemplazara. Lamentablemente la pandemia, la cuarentena y la errática política de las cabezas que dirigen el gobierno transitorio terminaron por descuartizar el ex- Ministerio de Culturas y Turismo y derivar recientemente en la designación de otra persona, no sólo ajena a la gestión de la arqueología boliviana, sino también a la disciplina, dejando en cero los escasos rastros de avance que parecían darse  en marzo pasado. 

Como hace más de 15 años, la arqueología vuelve a estar bajo la cartera ministerial de Educación, esta vez con un ministro altamente conservador, muy afín al fundamentalismo cristiano e ignorante de la realidad que envuelve a la arqueología, el patrimonio y la cultura nacional. ¿Que se puede esperar del curso de lo que queda de la gestión transitoria en materia de protección del patrimonio?: ABSOLUTAMENTE NADA. Contrariamente, se espera una mayor virulencia contra el patrimonio cultural, cuya primera y central manifestación viene dada por la emisión del DS 4232 que abre ilegalmente la posibilidad de introducir maíz transgénico, vulnerando La CPE, la Ley 530 del Patrimonio Cultural Boliviano, La ley 300 de la Madre Tierra, la Ley 144 y otro número de normas y tratados internacionales, amenazando con liquidar el patrimonio genético cultural de nuestros pueblos y atentar contra la salud de todos los bolivianos. A eso se suma el achicamiento de las instancias que manejan la arqueología, su debilitamiento técnico, legal y administrativo, hecho que acrecienta su incapacidad de proteger el patrimonio, tal como quedó evidente con los tristes casos del incendio en los bosques chiquitanos o la destrucción del camino prehispánico de Yunga Cruz. 

¿Mas ineptitud y mala fé es posible en la gestión de la cultura y protección del patrimonio?, pues SI, es posible y la seguiremos presenciando mientras tengamos un gobierno como este, o como el anterior, con funcionarios improvisados, advenedizos, oportunistas, sin capacidad técnica o compromiso y sin escrúpulos a la hora de escaparle a sus deberes para con el cuidado y protección del patrimonio. 

Lamentable y tristemente, la escuálida colectividad arqueológica se encuentra aletargada, fragmentada sin capacidad de reacción, envuelta en sus mezquindades pseudoacadémicas y su inercia abúlica, sin vocación ni horizonte que ayuden a distinguir alguna señal positiva para construir un mejor futuro para la tambaleante arqueología boliviana.  

YPFB AMENAZA CON DESTRUIR NUMEROSOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS EN LA CUENCA DEL LAGO TITICACA

El Plan de Inversiones 2009-2015 (1) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha colocado dentro de sus nuevas áreas de exploración a la región de la cuenca del Lago Titicaca, lo cual implica una primera fase con estudios de sísmica 3D en un conjunto de brechas de más de 10 metros de ancho, que cuadricularán el Lago Titicaca y sus riberas, afectando con ésto el paisaje arqueológico del Lago Titicaca - declarado Monumento y Parque Arqueológico Nacional - y provocar la destrucción de numerosos sitios frente a la pasiva, permisiva y complice mirada de las autoridades del Ministerio de Culturas (2009-2010)

Esperamos que el actual Director General de Patrimonio, Marcos Michel esté a la altura del reto de proteger el patrimonio arqueológico de la cuenca del Lago Titicaca y haga cumplir las leyes vigentes, por sobre sus  intereses personales y de grupo, poniendo un alto  a las empresas petroleras, que por años han impactado sin oposición el patrimonio arqueológico de la región oriental de nuestro país.

Tal como se muestra en la tabla extraida del Plan de Inversiones de YPFB, el Lago Titicaca es un objetivo de corto plazo en el que se pretende realizar prospecciones geofísicas y pozos de prueba (2,3,4). Es preocupante que, en éste momento, un grupo de pragmáticos consultores en arqueología, desconociendo la Ley, esten ya formando parte de estudios de impacto ambiental destinados a darles el permiso o la licencia que necesitan, desconociendo que sobre éste tipo de sitios es ilegal e impracticable realizar movimientos de tierra con fines exploratorios o de explotación de recursos. Aqui no hay consulta previa y tampoco se considerarán los derechos de las poblaciones que viven en la cuenca.
Es realmente preocupante que ciertas autoridades hayan sido colocadas sólo para firmar las licencias o permisos conflictivos, como sucede en el Ministerio de Medio Ambiente y la jefatura de la Unidad Nacional de Arqueología y Museos, apelando principalmente a su servilismo y ambición, más que a sus reales méritos profesionales o académicos (5).
(1) http://www.hidrocarburosbolivia.com/downloads/plan_de_inversiones-ypfb-2009-2015.pdf
(2)http://www.eabolivia.com/economia/8974-exploracion-de-hidrocarburos-ypfb-pidio-42-areas-e-incluye-al-altiplano.html
(3)http://eju.tv/2011/09/ypfb-aguarda-decreto-que-autorice-exploracin-de-hidrocarburos-de-42-nuevas-reas-en-bolivia/
(4) http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011090912
(5) http://accionyreaccion.com/?p=288 ; http://notisalp.blogspot.com/2011/09/la-salp-demanda-la-institucionalizacion.html

.....CONTINUANDO CON LA CHARLA SOBRE ESCUELAS DE CAMPO Y POLÍTICAS SOBRE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Continuando con la charla - debate iniciada en una anterior entrada, la Arqueóloga Maria de los Angeles Muñoz Collazos, Directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Museo Arqueológico de la Universidad Mayor de San Simón, nos envió estos comentarios sobre lo discutido en torno a las "Escuelas de Campo", a las normativas nacionales y a los avances de Cochabamba en favor de mejorar la gestión sobre el Patrimonio Arqueológico:

"Celebro que el intercambio que se llevó a cabo en el Facebook se trasladara a este espacio de mayor amplitud, porque me permite expresar algunas opiniones y propuestas desde Cochabamba.
Concuerdo con Dante y Carlos en que la continuación de las escuelas de campo y la investigación que realizan, no ayudan para cambiar la situación de la “incipiente arqueología boliviana” y con Dante en que los problemas y limitaciones interpretativas, nada tienen que ver con éstas. Sin embargo no estoy de acuerdo en algunas concepciones centralistas, etnocentristas (y algunas actitudes de colonialismo interno también, por qué no decirlo), que poco favor le hacen a nuestra arqueología y su institucionalización.
Percibo lo anterior (y esto desde algunos comentarios previos del propio blog y las noticias últimas de la prensa), cuando el problema de Tiahuanaco se vuelve prácticamente UNAR=Tiahuanacu; cuando Carlos dice “la SALP no aceptará escuelas de campo de pregraduados en Bolivia" (SALP=Bolivia), cuando arqueólogos de La Paz se pasean investigando por los diferentes Departamentos (con extranjeros y con y sin escuelas de campo), ignorando instituciones existentes (o rezongando de ciertas normativas que se les exige a aquellos) o a personas valiosas preocupadas en nuestro patrimonio; o cuando Dante dice “que “la universidad como una alternativa es poco o nada consistente” y que “no es un polo de nada ahora, la UMSA?, UMSA=Bolivia?, ó cuando se habla de los profesionales (paceños?), “la mayoría de los cuales están a la caza de proyectos de arqueología de contrato para poder subsistir”.
Admito que algunos de estos últimos, son problemas reales de la arqueología boliviana, pero creo que son especialmente de La Paz, a lo cual debe sumarse –entre otros-, el faccionalismo entre diversas instituciones que tienen que ver con ella, pues realmente no podemos hablar de una arqueología de cada Departamento, que más bien debiéramos coadyuvar a crear.
Por otra parte y volviendo a las cuestiones que por lo visto a todos nos preocupan, quiero expresar que no veo contradicción profunda entre las posiciones del debate, y más bien me alegra mucho este estado de alerta sobre nuestra propia situación institucional, considero que en ese sentido “la incipiente arqueología boliviana” al no estar tan contaminada, podría resultar en una fortaleza que debemos apuntalar todos.
La posición de Dante no es radical, es digna, y por lo visto no está en contra de las escuelas de campo e insiste en que “de lo que se trata es que estos (y otros) proyectos pasen al menos por algunos requisitos básicos…, establecer las reglas del juego, donde se respeten los derechos de todos y se ponderen adecuadamente atribuciones y responsabilidades”.
Por su parte Sonia defiende “que todo estudiante interesado en la investigación debe ser bienvenido en Bolivia y “tutorizado” (según reglamento básico, imagino).
Si bien en un sentido es cierto Carlos, que la Universidad tiene limitadas capacidades (financiamiento para investigación, laboratorios), en muchos otros, tiene potencialidades enormes que no son aprovechadas precisamente por los profesionales mismos. No sólo “normativamente está en posibilidades… (de) poder participar en la gestión de investigación en cualquier entidad arqueológica, no solamente Tiwanaku”, sino que este respaldo institucional es crucial –entre muchísimos otros - para generar y promover políticas serias de investigación que a la larga puedan redundar en políticas nacionales. Hace unos 3 años escribí a ti y a Claudia Rivera con todas estas ideas para un Foro entre todos, pero como nunca se concretó, tuvimos que marchar de forma independiente.
En ese sentido, en la “Universidad” de Cochabamba, con la experiencia de años de representar al Estado en el tema arqueológico y ser a la vez la “U” (vertientes que nos permiten visualizar con mayor amplitud desde esta “periferia” los problemas nacionales de nuestra ciencia) y con una posición ideológica muy clara respecto al colonialismo científico externo e interno y los atropellos que hemos sido objeto durante muchos años, a principios del 2009 hemos elaborado –aparte de otros-, un Protocolo de Proyectos de Investigación Externos, que lo inscribí como la ponencia “Hacia una mayor institucionalización y una arqueología más digna. Protocolo de Proyectos de Investigación del INIAM-UMSS” (con la previa parte teórica correspondiente), el año pasado en el II Congreso de Arqueología boliviana y que lamentablemente por razones que algunas personas muy bien conocen, me ví en la obligación de retirarla y, en alusión a Carlos sobre las intervenciones y el beneficio del CV de los Co-Directores, la necesidad de un Consejo Académico y otros temas, también retiré la ponencia “Reflexiones sobre los Usos Sociales de la Arqueología y el papel del Arqueólogo”; lamento mucho esta situación, pues las llevaba precisamente para un debate constructivo, que nos hubiera permitido ya hace casi un año empezar esta discusión.
Pero como no se trata de biografías, sino de cuestiones mucho más profundas y de presentar propuestas, quiero comunicarles que ayer he subido a nuestra nueva página Web www.museo.umss.edu.bo el protocolo mencionado (favor no criticar nuestra incipiente página, misma que estamos en construcción y la iremos alimentando paulatinamente), para que –si así lo consideran-, pueda ser un punto de partida en todo lo que nos toca construir hacia la institucionalización (y dignificación) de la práctica de nuestra ciencia y también como alguna respuesta a Dante, claro! que se pueden hacer muchas cosas en conjunto, nosotros mismos, para nuestro país. Las partes resaltadas en rojo de nuestro Protocolo, no las quise borrar, pues fueron añadidas a fines de 2009; sin embargo este protocolo ya ha funcionado el año pasado y ha sido suscrito por Tim Mc Andrews-Claudia Rivera y Christian Isendahl-Walter Sánchez.
Por otra parte, no concuerdo con Sonia en que las Universidades se encarguen del tema arqueológico, debe haber una instancia nacional fuerte, que lo regule, pero una instancia que la propongamos seriamente nosotros, Dante, creo que un Consejo académico pequeño que coadyuve en ello no es tan difícil visualizar, compuesto por profesionales con un grado mínimo de maestría, y/o representativos de las instituciones y sectores competentes, que evalúe por ejemplo las partes que en nuestro protocolo (sin que esto se entienda como que queremos imponerlo) se llaman “Para iniciar el Proyecto” y “previa salida a campo” y luego por ejemplo, el Co-Director designado por el Consejo, en coordinación con éste hará el seguimiento de “en campo” y “al término de campo”, para, al final, entre todos, junto a los personeros de esta nueva institución, poder evaluar el proyecto completo, incluido “de manera obligatoria” y temporada. La institución también regularía (por ejemplo) a arqueólogos que, aunque estudien en La Paz, sean de otro departamento y que puedan ejercer –de acuerdo a la Constitución- en Prefecturas y/o Alcaldías en su Departamento, al menos en tanto no existan instituciones departamentales específicas, lo que favorecería una descentralización coordinada y supervisada, pues de todos modos los proyectos serían evaluados y estos arqueólogos podrían ser los Co-Directores respectivos. Todo lo anterior como humildes sugerencias y entre miles de cosas que podrían irse viendo…., nuevamente si así lo consideran.
A tiempo de pedir mil disculpas por lo extenso de este escrito, les recuerdo que no es bueno dejar todo al Estado y/o autoridades, que no es bueno elaborar políticas unilateralmente, pues se vuelven estériles, que los temas que nos ocupan no son solo leguleyos o academicistas, sino que pasan por lo epistemológico y, por qué no repetirlo, por lo ideológico".

Con respecto al comentario de Dante (ver abajo comentarios),

María de los Angeles nos escribe:
A riesgo de que esto se convierta en diálogo, permítanme decir nuevamente, que el Sistema Universitario es “Nacional”, por ejemplo, desde el INIAM-UMSS, el Plan de Gestión como Directora que presenté para mi postulación al cargo, incluye la “Maestría en Antropología: Identidades Plurales en Bolivia”, cuya estructura, pensum, etc., estamos ya construyendo desde hace algunos meses, con los integrantes del “Seminario Permanente en Antropología”, que instauré con varios investigadores a principios del 2009 como un espacio de reflexión y debate, y que funciona de manera permanente, como su nombre lo indica; maestría que tenemos planeado lanzarla el próximo año. Asimismo Dante –y me alegra lo que mencionas-, más adelante el Plan incluye la formación en Arqueología, en términos –NO de abrir una carrera como tal, no se trata de hacer competencia o excluir a la UMSA ni mucho menos-, sino de Dos programas (bi o trianuales) especiales de Licenciatura Internacional en Arqueología (para no librar al mercado de trabajo, decenas de profesionales que se encuentra en la situación que referiste previamente), pensado con docentes de Bolivia, México, Perú, Chile, ojalá Colombia y Argentina, e investigadores extranjeros que han realizado trabajos remarcables en nuestro país y con alumnos (ojalá) de todo el país.
Estos son, desde la UMSS (parte del Sistema Universitario), los propósitos a corto y mediano plazo, que –si no se presentan mayores obstáculos y las gestiones de financiamiento lo permiten -, quisiéramos concretarlos contando también para ello, con el concurso de todos ustedes y de aquellos profesionales que de buena fé, quieran hacerse partícipes.

LOS DERECHOS DE AUTOR EN LA PRÁCTICA ARQUEOLÓGICA BOLIVIANA

Hace unos días llego al correo de la revista de Arqueología “Nuevos Aportes” una nota remitida por un arqueólogo amigo - oriundo de Cochabamba - que actualmente reside y trabaja en España. Tuve la suerte de conocerlo en el Valle a mediados de los años 90, lo mismo que a muchos otros investigadores y arqueólogos cochabambinos amigos del Museo Arqueológico de la Universidad Mayor de San Simón.
La nota se centra en una reciente denuncia de plagio interpuesta contra varios investigadores del Museo de Investigaciones Antropológicas de las universidades de San Simón de Cochabamba y Chapel Hill de Carolina del Norte, EE UU. El problema se suscitó sobre un aparente uso y apropiación de datos e informes de investigación inéditos por parte de ex - colegas de trabajo y coautores de los citados informes. Este hecho se habría consumado en algunas de las recientes publicaciones del Museo Arqueológico de San Simón. El destinatario de esta denuncia es una entidad internacional que trata estos temas, aunque lo más apropiado hubiese sido que la denuncia fuera efectuarla en las instancias nacionales que existen para tal efecto, existiendo además una Ley y sus reglamentos (Ley 1322 del 13/4/92) que protegen los derechos de autor.
Muy pocos hechos denunciados como plagio han sido reportados en la arqueología local, recuerdo algunos muy publicitados como el denunciado a un ex director de la DINAR y de la Carrera de Arqueología o a la acusación mutua que se dio entre los codirectores del Proyecto Arqueológico Iwawe. Probablemente existan algunos casos más que nunca fueron reportados y que permanecen sólo en los archivos de quienes incurrieron en el delito y en la memoria de quienes fueron afectados (a estos últimos, me adhiero personalmente).
Algunos arqueólogos e investigadores usan estos y otros antecedentes para justificar su improductividad intelectual o generar obstáculos para el acceso a informes de investigación y/o consultorias arqueológicas, cuyos datos son importantes para el avance de mayores investigaciones académicas.
Una de las justificaciones más usadas para evitar visibilizar informes de arqueología de contrato (que son parte de diversos estudios ambientales) es que su publicación o difusión a terceros, requiere de la aprobación previa de la empresa que la contrató o de la que estuvo a cargo del estudio ambiental. Se dice que estos arqueólogos, a tiempo de aceptar el trabajo, firmaron una cláusula de cesión de sus derechos de autor, lo cual no parece verídico, dado que vulneraría la Ley de Derechos de Autor que en su Título IV, Cap I, Artículo 14 indica que “el autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable”.Por otra parte la Ley establece las garantías necesarias para que cualquier producto creativo artístico o intelectual, inédito o publicado goce del amparo de la Ley con respecto a sus derechos, motivo por el cual es censurable el clasificar, restringir o prohibir el acceso de investigadores a documentos que tienen carácter público como las investigaciones efectuadas en el marco de entidades estatales relacionadas con la arqueología, universidades públicas como la UMSA, museos municipales o estudios ambientales preparados bajo encargo exclusivo del estado, mucho más, cuando el objeto de estos estudios se efectúo con dinero estatal, sobre patrimonio del estado y bajo condiciones claramente estipuladas en la reglamentación vigente.