Recientemente se han dado a conocer varias acciones (proyectos) que serán iniciadas en el sitio arqueológico de Tiwanaku, entre las cuales se menciona una nueva fase de excavaciones en Akapana; el inicio de nuevos trabajos de excavación y conservación en Putuni y una siguiente fase de exacavaciones en el sector de Kantatayita, como parte de un grupo de intervenciones que el Ministerio de Culturas tiene planificado efectuar este año dentro del tema arqueológico (Samaipata, Moxos, etc.), lo cual es altamente destacable y necesario. Sin embargo, estas iniciativas lanzadas al amparo del nuevo estatus de Ministerio para la entidad nacional encargada de las políticas culturales adolece de los mismos vicios observados al anterior Viceministerio de desarrollo de Culturas, sus antecesores y particularmente a la Unidad nacional de Arqueología (UNAR), la cual no puede ni debe ejecutar directamente acciones de intervención arqueológica, sino encargar a entidades especializadas en este tema para que lo hagan, debiendo circunscribirse a su rol de planificación, promoción, fomento y desarrollo de políticas en favor de la arqueología y el patrimonio cultural.
Nuevamente centenares de miles de petrodolares, dinero de la cooperación internacional (UNESCO) y del estado serán dispuestos en estas acciones, sin ningún compromiso o seguridad para los bolivianos acerca de la calidad de los resultados ni la transparencia del manejo de los recursos.
Hay demasiadas dudas, temores y cuestionamientos en relación a la idoneidad de estas nuevas intervenciones, especialmente porque jamas fueron absueltas las observaciones efectuadas a las fases anteriores de Akapana y a las criminales intervenciones implementadas en Pumapunku. Hoy se siguen alentando excavaciones masivas, sin el personal profesional que permite la norma y se continúa llenando de bolsas de artefactos (sin analizar) los depósitos del Museo Arqueológico de Tiwanaku.
Es necesario que el Ministerio y la UNAR corrijan estos errores y difundan, tanto para la colectividad especializada en arqueología como para el público en general, el contenido de los proyectos que quieren implementar, sus objetivos, su metodología, los criterios con los que se medirán sus resultados, los recursos que se emplearán, los mecanismos de control y seguimiento especializado que se emplearán y otros componentes mínimos que aseguren su éxito y buen manejo.
Sabemos que hay dinero (lo cual es bueno, pero también da mucho temor) y que existe la promesa de mayores fondos para estos fines (lo cual tiene muy contentos al Ministro y sus funcionarios), pero no vemos señales de CAMBIO, ni de que exista un verdadero compromiso por hacer las cosas bien. Necesitamos que el Ministro y la UNAR muestren mayor apertura democrática para llevar adelante estos trabajos (no existen licitaciones o convocatorias, solo se ve el tradicional y viejo dedazo), los personajes responsables (del dinero y las intervenciones) son los mismos, sea quien sea el gobierno de turno (Banzer, Tuto, Goni, Meza, Belzé o Evo), lo cual no es coherente con lo que políticamente se expone en los discursos. Se necesita una nueva estructura para la arqueología en este Ministerio y también nueva gente (entre arqueólogos, gestores culturales, antropólogos, abogados, conservadores y administradores) para cambiar la cara de la arqueología tradicional del siglo pasado. Puede que esto tampoco sea una gran garantía, pero sí nos trae la esperanza de no seguir tomando el mismo trago amargo que hasta ahora nos han servido. Este mismo reclamo va para quienes manejan parte del dinero involucrado como la Alcaldía de Tiwanaku y la Prefectura de La Paz, que deben asumir sus responsabilidades de ley con el patrimonio arqueológico, de la manera más seria y profesional posible.
Sociedad y gobierno deben tomar las medidas antes que tengamos que hacernos pesar por nuevos casos de corrupción en los que estén involucrados los nuevos, viejos, gordos y flacos peces (isp'is, qharachis, suches o umantos) del Estado, Movimientos Sociales o Universidad.
