El Gobierno Municipal de Tiwanaku ha tomado la decisión de asumir la responsabilidad de las investigaciones arqueológicas de Akapana y Putuni en el sitio monumental de Tiwanaku, toda vez que el fondo de donación venezolano se halla bajo la administración del Gobierno Municipal de Tiwanaku. En este sentido, el equipo de arqueólogos contratado temporalmente bajo designación de la Unidad Nacional de Arqueología fue cesado en sus funciones y lanzado una convocatoria abierta a través del CICOES (organo de difusión de las contrataciones y licitaciones estatales), producto de la cual se contrató a un nuevo grupo de arqueólogos y se recontrato a una mayoría de los investigadores, que hasta hace un mes, estuvieron trabajando bajo el amparo de la Unidad Nacional de Arqueología (UNAR). El hecho fue interpretado - por los responsables de ésta repartición - como un retiro forzoso y una vulneración de sus prerrogativas respecto al control e intervención directa que desde hace varios años vienen efectuando en diversos sectores del sitio, aspecto que fue abiertamente cuestionado por la comunidad arqueológica paceña por contravenir a la normativa constitucional (Constitución Política del Estado), la Ley de Descentralización Administrativa, la Ley de Participación Popular, la Ley de Municipalidades y el propio Reglamento de Excavaciones Arqueológicas de Bolivia.Tras una reunión de conciliación entre las autoridades municipales de Tiwanaku y el Ministerio de Culturas se resolvió iniciar una auditoría técnica y financiera respecto de las intervenciones efectuadas por la UNAR en Tiwanaku y reevaluar a los postulantes contratados por el Gobierno Municipal de Tiwanaku, en el marco de una comisión extra-legal que se habria conformado con participación de la Junta de vecinos y autoridades campesinas tradicionales de la región, lo cual adolesce de sospechosas anomalias legales, dado que existe un procedimiento muy claro dictado por el Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios de la Ley 1178 para estos casos, que en ningun caso incluyen atribuciones o responsabilidades para personas naturales o jurídicas ajenas a la propia institución.
Lo cierto es que en Tiwanaku - desde hace algún tiempo - se vienen sucediendo una serie de acciones arbitrarias y lesivas al patrimonio nacional, que pasan por la toma del sitio por parte del Municipio de Tiwanaku (hace varios años); la intervención política de las comunidades campesinas y el manejo abusivo e irresponsable de la Unidad Nacional de Arqueología y el Viceministerio de Culturas.
Siendo un sitio declarado Monumento Nacional y Patrimonio Cultural de la Humanidad, su custodia y administración debiera estar en manos de la Prefectura del Departamento de La Paz, bajo la supervisión y tutela del Ministerio de Culturas y la UNAR, quienes de ninguna manera estarían habilitados para hacer intervenciones de investigación directa en el sitio, sino a partir de instituciones especializadas estrictamente creadas para tal fin, como ser la Universidad Mayor de San Andrés o los distintos Museos Arqueológicos que tienen facultades para este tipo de acciones.
El Ministerio de Culturas y la UNAR fueron creados para dirigir y administrar las políticas nacionales de cultura y patrimonio arqueológico respectivamente, no para hacerse de un feudo que atrae mucha plata y cuyo manejo - ampliamente apetecido - dio lugar en el pasado inmediato, a un manejo discrecional e ineficiente de los recursos captados de la cooperación internacional para investigación y desarrollo turístico.
Si el GM de Tieanaku quiere hacerse cargo de la investigación arqueológica en el sitio, primero debe apegarse a la Ley, tratar este tema con la Prefectura de La Paz (que tiene competencias legales sobre esto), evaluar sus capacidades técnicas, humanas, materiales y financieras y establecer un proceso de transferencia claro de competencias, en el que la UNAR y el Ministerio de Culturas no puedan eximirse de sus responsabilidades sobre la pasada administración de los bienes arqueológicos del sitio.
Algunas versiones tendenciosas sobre el problema se publicaron en los periodicos La Razón y La Prensa, que son inexactas:
Opiniones erradas tambien aparecen en Los Tiempos de Cochabamba
El periódico Cambio publicó esta noticia que es mucho mas cercana a lo sucedido
