Con la presión presidencial de ejecutar sus presupuestos (que a agosto del 2011 no superaba en promedio el 30%: Municipios menos del 20%; Gobernaciones 23%, Estado Central 40%) y evacuar proyectos de ley, proyectos de Decretos y Reglamentos a como de lugar, los funcionarios ministeriales trabajan contra reloj a fin de no recibir las sanciones que el incumplimiento de esta orden podría significar. Para la Ministra Salguero, un fracaso más seguramente le costaría el cargo - y con ella - la salida de todos sus colaboradores más cercanos, entre ellos el Director General de Patrimonio.
En éste contexto, la Ministra Salguero trata de salvar su gestión con seis medidas que hasta estas alturas del año no puede llegar a culminar: El Decreto Supremo para la gestión del sitio arqueológico de Tiwanaku, las Jornadas Culturales, el Reglamento Arqueológico, la Ley de Promoción Cultural, la Ley de Patrimonio Cultural y la Ley de Turismo, por lo que utilizando todos sus "recursos" apuesta a la evacuación de éstos documentos, aún sin la suficiente socialización y consenso con los actores culturales.
Decreto Supremo para la Gestión de Tiwanaku
Tras varias reuniones de concertación entre las autoridades del Ministerio de Culturas, el Gobierno Municipal de Tiwanaku y varias organizaciones sociales pertenecientes al municipio, se llego a confeccionar un borrador de Decreto y un acuerdo general en torno a él con la consideración de que la última palabra en torno a su viabilidad operativa y jurídica la tendría que dar el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONAPES), entidad que tras demorar más de un mes en su análisis, efectuó observaciones de forma y fondo que nuevamente reconfigurarán los acuerdos logrados con las entidades de Tiwanaku.
Al respecto, la Sociedad de Arqueología de La Paz, observó el borrador de Decreto indicando que existian numerosas contradicciones jurídicas con la CPE y la Ley Marco de Autonomías, entre las cuales se menciona la creación de una figura ejecutiva que incorporaba actores sociales cuyo régimen está circunscrito al Control Social y no al ámbito directivo. Tambien manifiesta que el DS presenta una distribución discrecional de los fondos provenientes del Sitio arqueológico, cuyo destino se halla definido con cabalidad en el artículo 99 de la CPE. Finalmente se observa que éste decreto debería haber emergido incorporando las recomendaciones de dos estudios que son requisito esencial: El Plan de Manejo y el Plan de Ordenamiento Territorial, y subordinarse a lo que debe estipular la Ley de Patrimonio, enfatizando que los tres documentos son precendentes en la lógica jurídica. y lo que se pretende hacer es parchar un problema con una medida improvisada y poco saludable a la institucionalidad de la gestión del patrimonio arqueológico a nivel nacional.
Segundas Jornadas Culturales
Se trata de un evento ampliameste comentado en el blog de la Comisión de Patrimonio de la Sociedad de Arqueología de La Paz:
http://comisionpatrimoniosalp.blogspot.com/2011/09/ii-jornadas-culturales-2011el-manejo.html, cuya característica principal con la que se inició fue la improvización, la carencia de objetivos, metodología y convocatoria. El resultado fue la conformación de un consejo departamental transitorio- en medio de una bochornosa plenaria final, totalmente manipulada por los funcionarios estatales - cuya misión principal será el de llamar a una nueva reunión de los actores culturales, con una verdadera y real representación rural y urbana.
Reglamento Arqueológico
Iniciativa retomada el mes de agosto por la Dirección de Patrimonio, quien convocó a un grupo muy cuestionado de consultores contratistas en arqueología para ajustar el refrito de un antiguo proyecto de reglamento (nacido en la gestión de la ex-viceministra de Cultura, Alvarez Plata bajo el amparo del marco jurídico neoliberal y la antigua CPE), marginando así a todos los actores culturales del sector como son las universidades, museos, gobernaciones departamentales, gobiernos municipales y organizaciones culturales especializadas en arqueología. Afortunadamente la reacción de éstas entidades frenó temporalmente el intento de aprobar un reglamento plagado, no solamente de imprecisiones jurídicas y técnicas, sino de articulados maliciosamente incluidos, que poco favor le podría haber hecho a la arqueología nacional. No obstante, el ánimo de aprobarlo sigue latente en los funcionarios más comedidos que acompañan la gestión de Salguero en la Dirección de Patrimonio.
Ley de Promoción Cultural
Despues de un infructuoso y fuertemente criticado lanzamiento de la propuesta de Ley, artistas y actores culturales de todo el país han debatido y llevado adelante más de una decena de reuniones con el Ministerio de Culturas, con los que se ajustaron varios artículos e incorporaron otros. No obstante, aún continuan los ajustes y se espera que el documento de la propuesta éste ingresando a la Asamblea Plurinacional en las próximas semanas.
http://www.paginasiete.bo/2011-08-31/Cultura/Destacados/26Cul00431.aspx
Ley de Patrimonio Cultural
Con un enorme retraso, en abril del 2011 se contrató la consultoría para la elaboración del proyecto de Ley de Patrimonio Cultural, proceso que fue fuertemente cuestionado por ex-autoridades del Ministerio de Culturas y gente ligada la actividad cultural. No obstante, a cuatro meses de iniciado el trabajo, muy poco es lo que se conoce del avance, pues la consultora aún no se ha contactado con los actores culturales de arqueología, en particular con universidades, museos y organizaciones de arqueología. Se éstima que el borrador del documento esté listo recién a mediados de diciembre.
Ley de Turismo
El proyecto de Ley de Turismo viene dando vueltas por las entidades relacionadas al turismo desde hace más de un año, habiéndose estimado que su aprobación y promulgación se efectuaría en enero del presente año. Sin embargo su ajuste y socialización no avanzó con eficiencia debido a los problemas por los que atravieza el Viceministerio de Turismo, cuya cabeza ha cambiado, al menos tres veces en los últimos 12 meses. La Ministra Salguero ha afirmado reiteradamente que ésta Ley será promulgada en ésta gestión pero sus acciones han sido totalmente contrarias a éste propósito.
Finalmente se ha mencionado que existe en preparación un proyecto de Ley sobre "Despatriarcalización", cuyo estado es aún desconocido, tanto en sus alcances como en el objetivo y redacción, toda vez que el proceso de despatriarcalización debe necesariamente involucrar al Ministerio de Justicia (Viceministerio de Igualdad de Oportunidades) y comenzar por la monolítica estructura gubernamental, que en los hechos la promueve y refuerza, incluso desde el discurso y acciones de la primera figura política del país.
En tal sentido nos preocupa mucho que la presión presidencial sobre su gabinete, y en especial sobre la Ministra de Culturas, la fuerce a presentar y aprobar Leyes y reglamentos cuyo cuestionamiento es aún mayor que los acuerdos logrados con los actores culturales y la propia ciudadanía. Este aspecto puede resultar un alivio circunstancial para la autoridad, pero un dolor de cabeza y un problema muy grave para los sectores culturales involucrados, cuyo rechazo puede hacer inviable su implementación.
