LA ARQUEOLOGÍA BOLIVIANA: OCHO MESES CON PILOTO AUTOMÁTICO Y EN CAÍDA LIBRE

Tras el final de uno de los mas nefastos periodos del manejo de la administración de la arqueología boliviana en diciembre del 2018, le siguió un periodo inerte, estéril y vacío de gestión, con absolutamente nada por rescatar, que empezando en abril del 2019 culminó en enero del 2020.  No obstante que el nuevo gobierno de transición inició sus gestiones en noviembre del 2019, es recién hasta mediados de enero del 2020 que se designa un reemplazo en lugar de aquella posesionada en la gestión de la Ministra Alanoca. Se designa a un historiador y abogado que en dos meses intentó enderezar el curso tomado por la unidad, pero en marzo se efectuó un nuevo cambio, dejando el puesto a un antropólogo en calidad de jefe interino. Una última reunión dirigida por el Director de Patrimonio del MDCyT y abogados del Viceministerio de Interculturalidad, en la que participó un nutrido grupo de arqueólogos, puso en blanco y negro los desatinos, errores y delitos de quienes inventaron el funesto Reglamento de Autorizaciones para Intervenciones Arqueológicas (PM 020/2018) y abrió paso para el desarrollo de una nueva norma que lo reemplazara. Lamentablemente la pandemia, la cuarentena y la errática política de las cabezas que dirigen el gobierno transitorio terminaron por descuartizar el ex- Ministerio de Culturas y Turismo y derivar recientemente en la designación de otra persona, no sólo ajena a la gestión de la arqueología boliviana, sino también a la disciplina, dejando en cero los escasos rastros de avance que parecían darse  en marzo pasado. 

Como hace más de 15 años, la arqueología vuelve a estar bajo la cartera ministerial de Educación, esta vez con un ministro altamente conservador, muy afín al fundamentalismo cristiano e ignorante de la realidad que envuelve a la arqueología, el patrimonio y la cultura nacional. ¿Que se puede esperar del curso de lo que queda de la gestión transitoria en materia de protección del patrimonio?: ABSOLUTAMENTE NADA. Contrariamente, se espera una mayor virulencia contra el patrimonio cultural, cuya primera y central manifestación viene dada por la emisión del DS 4232 que abre ilegalmente la posibilidad de introducir maíz transgénico, vulnerando La CPE, la Ley 530 del Patrimonio Cultural Boliviano, La ley 300 de la Madre Tierra, la Ley 144 y otro número de normas y tratados internacionales, amenazando con liquidar el patrimonio genético cultural de nuestros pueblos y atentar contra la salud de todos los bolivianos. A eso se suma el achicamiento de las instancias que manejan la arqueología, su debilitamiento técnico, legal y administrativo, hecho que acrecienta su incapacidad de proteger el patrimonio, tal como quedó evidente con los tristes casos del incendio en los bosques chiquitanos o la destrucción del camino prehispánico de Yunga Cruz. 

¿Mas ineptitud y mala fé es posible en la gestión de la cultura y protección del patrimonio?, pues SI, es posible y la seguiremos presenciando mientras tengamos un gobierno como este, o como el anterior, con funcionarios improvisados, advenedizos, oportunistas, sin capacidad técnica o compromiso y sin escrúpulos a la hora de escaparle a sus deberes para con el cuidado y protección del patrimonio. 

Lamentable y tristemente, la escuálida colectividad arqueológica se encuentra aletargada, fragmentada sin capacidad de reacción, envuelta en sus mezquindades pseudoacadémicas y su inercia abúlica, sin vocación ni horizonte que ayuden a distinguir alguna señal positiva para construir un mejor futuro para la tambaleante arqueología boliviana.  

PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ DE BIOTECNOLOGÍA DE BOLIVIA

¿Es una necesidad urgente introducir transgénicos a Bolivia?

La presión al gobierno de parte de algunos gremios de productores de Santa Cruz se ha agudizado en las últimas semanas, con el argumento de que la única opción para enfrentar el cambio climático, las plagas y los bajos rendimientos es la introducción de más eventos transgénicos de soya, maíz, algodón y caña de azúcar. Pero vayamos por partes.

1.- Al parecer todos (los solicitantes y el gobierno), pretenden ignorar que existen leyes que prohíben el uso y comercialización de los organismos genéticamente modificados y productos tóxicos que afecten la salud y el medio ambiente. Esta prohibición está expresamente establecida en el Art 255 de la CPE y en el Protocolo de Cartagena  sobre Seguridad de la Biotecnología suscrito por el Estado boliviano el 29 de Enero del 2000, la Ley 300 de la Madre Tierra, en su Art.24, la Ley 144 de la Revolución Productiva en su Art 15, la Ley 401 sobre Celebración de Tratados en su art 4, la Ley 622 de la Alimentación Escolar y Soberanía Alimentaria en su Art 7 , la Ley 3525 de la Regulación y Promoción de la Producción Agropecuaria Ecológica en su Art 2 , el Decreto Supremo  181 referido a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en su Art 80 , el Decreto Supremo  2452 sobre etiquetado de OGMs , la Resolución Administrativa  VRNMA 135/05 y la Ley 71, sobre Derechos de la Madre Tierra en su Art 7. 

Como se puede ver, existen normas legales enmarcadas en la CPE que prohíben la introducción de transgénicos a nuestro país, y dichas normas han sido elaboradas en base a un proceso de reflexión y aporte de los miles de productores y consumidores de todo el país.  ¿Se van a derogar todas las leyes incluyendo el artículo referido a los transgénicos y que está establecido en la CPE? En otras palabras, ¿se pretende cambiar la CPE?

2.- A partir de la introducción de la soya transgénica, y según datos oficiales del INE, la importación de agroquímicos se ha incrementado de 59 millones de kg en 2006 a 152 millones de kg en 2017, sin tomar en cuenta que un 30% adicional ingresa por la vía del contrabando, según información del SENASAG.  Estamos hablando de 200 millones de kg de agroquímicos que se han importado en el año 2017. Lo más preocupante es que en este rubro, la importación de herbicidas en este mismo periodo se ha incrementado de 12 millones de kg a casi 35 millones de kg, sin contar lo que ingresa por contrabando. Pero lo evidente es que el incremento de más del 150% de agroquímicos por hectárea (de 17 a 43 kg) así como por tonelada de alimento producido (3,5 kg a 8,8 kg), está reflejando un crecimiento exponencial en el uso de agroquímicos que no está en proporción al incremento del rendimiento que es del 0,6%.  Es decir que nuestra agricultura en la cual la soya transgénica representa casi el 36% de la superficie cultivada en el país, está en una fase de desastre y ¿queremos más transgénicos?

3.- Como consecuencia de lo anterior, la estructura productiva del país se ha desarticulado totalmente, llegando al extremo de importar tubérculos, frutas, hortalizas, cereales, base de la alimentación diversificada y saludable de millones de bolivianos. El año 2017 llegamos a importar todos los alimentos señalados más arriba, por un valor de casi 700 millones de dólares, según datos del INE: Comercio Exterior, 2017.

Los gastos en alimentos representan el 63% de los ingresos económicos de los bolivianos en comparación con los países vecinos que no llegan al 20% del ingreso.  Es decir, consumimos alimentos importados y caros en relación al salario promedio. Esto es el resultado de priorizar la producción agrícola para la exportación

4.- Entre el 2005 al 2017 se han deforestado en Bolivia, más de tres millones de bosques (Autoridad de Bosques y Tierras) debido a la ampliación de la frontera agrícola, por los bajos rendimientos de la soya especialmente. Lo anterior ha puesto a Bolivia entre los 10 países más deforestadores del planeta y con serios impactos en el clima, destrucción de la biodiversidad, suelos, sequias prolongadas, plagas, inundaciones y focos de calor que entre el 2011 al 2018 han llegado a 184. 313, (Instituto de Investigación de Quemas de Brasil) . El papel del bosque amazónico en la provisión de agua para la región es un hecho ampliamente reconocido. Como consecuencia, la deforestación provocada por la ampliación de la frontera agrícola ha afectado al occidente del país, pero también a la región agrícola de Santa Cruz: la sequía actual y de los años pasados es una demostración de lo anterior.

5.- Las diferencias en el rendimiento de la soya transgénica versus la soya convencional son mínimos, ambas están en promedio en las 2 toneladas por hectárea.  Según los reportes oficiales (El cultivo de soya: recomendaciones técnicas: ANAPO, CIAT, UAGRM) del año 1995, la soya convencional rendía en esa época entre 2,7 a 3,16 toneladas por hectárea. Era la época en la que se investigaba y se realizaban innovaciones de nuevas variedades sin necesidad de recurrir a la transgénesis. Ahora la situación ha cambiado porque al no haber innovaciones dirigidas al mejoramiento genético,  existe  una mayor y total dependencia a las corporaciones de semillas y agroquímicos que ha llevado a la pérdida total de la soberanía científica, ya que no existen programas de mejoramiento genético y se ha llegado a la dependencia total de semillas patentadas y de agroquímicos, muchos de los cuales están prohibidos internacionalmente por su alto grado de toxicidad como es el caso del Paraquat y el 2-4 D y que son ahora “recomendados” para controlar las más de 9 malezas resistentes al glifosato que existen nuestro país.

6.- En este contexto, ¿es viable seguir presionando por mas transgénicos, poniendo en riesgo las más de 77 razas de maíz que son la base de alimentación de millones de bolivianos?  ¿A quiénes beneficia realmente la introducción de transgénicos en Bolivia?  ¿Por qué será que solo 24 de 197 países del mundo producen transgénicos y cada año son menos? 

¿No es evidencia suficiente la sentencia a Monsanto-Bayer por la enfermedad de cáncer que ha contraído un humilde jardinero en EEUU y que ha detonado más de 8.000 demandas a nivel mundial, entre ellos Vietnam por el uso de agente naranja y hoy utilizado en nuestro país como herbicida en los cultivos de soya transgénica? ¿No es suficiente evidencia lo que está ocurriendo en las poblaciones fumigadas con glifosato en la República Argentina, Uruguay, Brasil y en el Paraguay?

¿Cuáles son las patologías que más se presentan en las regiones donde se produce soya transgénica en Bolivia?  Sería importante que el Ministerio de Salud y el SEDES investiguen y lleven a cabo un diagnostico en dichas regiones. Asimismo, deberíamos preguntarnos acerca de las causas de los altos niveles de cáncer, insuficiencia renal, etc. Que se presentan a diario en la población boliviana.

Nuestro país está entre los más ricos en biodiversidad del planeta y esa es la base de la industrialización, innovación, investigación científica, generación de empleo, divisas, mediante la producción de alimentos saludables diversos, ricos en proteínas y vitaminas. Dichos recursos biológicos son la base de la industrialización de los nuevos recursos para la alimentación, farmacología, cosmetología, fibras, polímeros, aditivos, maderas, fragancias, enzimas, energizantes, biorremediación de suelos de aguas, ecoturismo científico, etc.

Está claro que con los cultivos transgénicos no se incrementa el rendimiento, sólo se aumenta el uso de pesticidas tóxicos, se afecta la biodiversidad, el cambio climático y la provisión de agua, se provoca la erosión genética de las variedades locales, principalmente de maíz. Es hora de reflexionar si el interés económico de unos pocos está por encima del interés de millones de bolivianos que aun quieren resguardar y mantener una calidad de vida y la perspectiva de un verdadero desarrollo sustentable en base a la biodiversidad que es lo único que aún nos queda. 

COMITÉ CIENTÍFICO DE BIOTECNOLOGÍA

PhD.  Roger Carvajal S.                               PhD.  Nataly Ascarrunz

Lic. Msc. Rosa Virginia Suarez A.                     Lic. Oscar Saavedra

PhD. Noemí Tirado

Bolivia, 21 de septiembre de 2018

https://www.facebook.com/170186868164/videos/328075227813596/