09 enero 2021

Reinhumación, Poema de Ariel Pérez

 



Hoy ha vuelto los huesos a la tierra

-Nadie lloró por ellos-

humo

tierra

incienso en la Mesa

 

Ocho osamentas en la urna

Ocho entidades perdidas

 

Hoy han vuelto los huesos a la tierra

 

El yatiri calcina frutas

coca

grasa

un arcoíris de lana

 

Una mujer observa la escena desde su casa

y vuela una paloma en el aire enrarecido

 

Entonces comprendo el valor de lo arcaico

y que lo eterno

se asemeja al olvido

 

 

Ariel Pérez

Miraflores 29/11/2017


08 noviembre 2020

EL GAMLP EMITE NUEVO REGLAMENTO DE AUTORIZACIONES PARA ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ

Mediante Decreto Municipal 036/2020 de 30 de octubre del 2020 el Gobierno Municipal de La Paz  ha puesto en vigencia su reglamento para emitir autorizaciones para estudios arqueológicos de evaluación y mitigación de impacto arqueológico, asumiendo así las competencias que la Ley Marco de Autonomías y la Ley del Patrimonio Cultural Boliviano le asigna. Un gran paso que deberá ser culminado con la emisión del Reglamento Arqueológico, cuya aprobación se encuentra parado desde hace dos años en las esferas burocráticas municipales. 

Con este Decreto Municipal y el Reglamento que pone en vigencia, se fortalece en gran manera la autonomía municipal respecto del excesivo centralismo que ha dominado la gestión de la arqueología boliviana. 

El texto completo del Reglamento puede ser descargado desde la siguiente dirección: 

https://drive.google.com/file/d/1xZKXiuiGB8uVyal77Dy0wVqjUoffkvVt/view?usp=sharing

17 junio 2020

LA ARQUEOLOGÍA BOLIVIANA: OCHO MESES CON PILOTO AUTOMÁTICO Y EN CAÍDA LIBRE


Tras el final de uno de los mas nefastos periodos del manejo de la administración de la arqueología boliviana en diciembre del 2018, le siguió un periodo inerte, estéril y vacío de gestión, con absolutamente nada por rescatar, que empezando en abril del 2019 culminó en enero del 2020.  No obstante que el nuevo gobierno de transición inició sus gestiones en noviembre del 2019, es recién hasta mediados de enero del 2020 que se designa un reemplazo en lugar de aquella posesionada en la gestión de la Ministra Alanoca. Se designa a un historiador y abogado que en dos meses intentó enderezar el curso tomado por la unidad, pero en marzo se efectuó un nuevo cambio, dejando el puesto a un antropólogo en calidad de jefe interino. Una última reunión dirigida por el Director de Patrimonio del MDCyT y abogados del Viceministerio de Interculturalidad, en la que participó un nutrido grupo de arqueólogos, puso en blanco y negro los desatinos, errores y delitos de quienes inventaron el funesto Reglamento de Autorizaciones para Intervenciones Arqueológicas (PM 020/2018) y abrió paso para el desarrollo de una nueva norma que lo reemplazara. Lamentablemente la pandemia, la cuarentena y la errática política de las cabezas que dirigen el gobierno transitorio terminaron por descuartizar el ex- Ministerio de Culturas y Turismo y derivar recientemente en la designación de otra persona, no sólo ajena a la gestión de la arqueología boliviana, sino también a la disciplina, dejando en cero los escasos rastros de avance que parecían darse  en marzo pasado. 
Como hace más de 15 años, la arqueología vuelve a estar bajo la cartera ministerial de Educación, esta vez con un ministro altamente conservador, muy afín al fundamentalismo cristiano e ignorante de la realidad que envuelve a la arqueología, el patrimonio y la cultura nacional. ¿Que se puede esperar del curso de lo que queda de la gestión transitoria en materia de protección del patrimonio?: ABSOLUTAMENTE NADA. Contrariamente, se espera una mayor virulencia contra el patrimonio cultural, cuya primera y central manifestación viene dada por la emisión del DS 4232 que abre ilegalmente la posibilidad de introducir maíz transgénico, vulnerando La CPE, la Ley 530 del Patrimonio Cultural Boliviano, La ley 300 de la Madre Tierra, la Ley 144 y otro número de normas y tratados internacionales, amenazando con liquidar el patrimonio genético cultural de nuestros pueblos y atentar contra la salud de todos los bolivianos. A eso se suma el achicamiento de las instancias que manejan la arqueología, su debilitamiento técnico, legal y administrativo, hecho que acrecienta su incapacidad de proteger el patrimonio, tal como quedó evidente con los tristes casos del incendio en los bosques chiquitanos o la destrucción del camino prehispánico de Yunga Cruz. 
¿Mas ineptitud y mala fé es posible en la gestión de la cultura y protección del patrimonio?, pues SI, es posible y la seguiremos presenciando mientras tengamos un gobierno como este, o como el anterior, con funcionarios improvisados, advenedizos, oportunistas, sin capacidad técnica o compromiso y sin escrúpulos a la hora de escaparle a sus deberes para con el cuidado y protección del patrimonio. 
Lamentable y tristemente, la escuálida colectividad arqueológica se encuentra aletargada, fragmentada sin capacidad de reacción, envuelta en sus mezquindades pseudoacadémicas y su inercia abúlica, sin vocación ni horizonte que ayuden a distinguir alguna señal positiva para construir un mejor futuro para la tambaleante arqueología boliviana.  


07 mayo 2020

¿QUE PASARÁ CON LA ARQUEOLOGÍA BOLIVIANA TRAS LA CRISIS DEL COVID 19?



Es bien sabido que la cultura es uno de los sectores menos favorecidos en la distribución presupuestaria del estado boliviano. Tras poco más de 10 años desde que fuera creado el Ministerio de Culturas y Turismo, muy pocas cosas han cambiado en relación al estatus e importancia que la cultura ha tenido para los gobernantes desde hace 20 años. Si bien hubo cierta expectativa respecto a la creación del Ministerio de Culturas, cuando Pablo Groux ocupaba la el cargo de Viceministro de Culturas, poco tardamos en constatar que aquella medida fue meramente demagógica, pues ni sus atribuciones y menos su presupuesto cambiaron respecto de su situación anterior. 
La fragilidad institucional de esta entidad, su extremada politización y su carácter periférico a los intereses y objetivos del gobierno pasado, derivaron en que importantes montos de financiamientos para la arqueología (Banco Mundial, BID, Cooperación Belga), se perdieran o fueran distorsionados en su manejo, con los consiguientes impactos negativos para el patrimonio y la cultura.
Entre el 2006 y 2013 el estado boliviano acopió un superávit fiscal sin precedentes, llegando a un valor acumulado de 14.5% respecto del PIB. Desde el 2014, una crisis mundial en los precios de las materias primas y el petroleo derivó en un efecto lento pero sentido en la economía boliviana, que sumado al mal manejo de la economía nacional, dio como resultado un déficit fiscal acumulado al 2019 del 46.8% respecto al PIB. Hasta el año 2015 el presupuesto de Culturas se mantuvo con leves variaciones, pero para el año 2016 y en adelante los recortes fueron significativos, impactando principalmente en los proyectos culturales, la estructura de personal y finalmente en los recursos destinados a su operación. 
Los impactos que trajo la recuperación del orden democrático entre octubre y diciembre del 2019 y la expansión de la pandemia del Covid 19 amenazan con ser devastadores para la economía boliviana, principalmente para los sectores informales y con menores recursos. Se estima una caída de al menos un 2 a 3 % en el Producto Interno Bruto en relación al 2019 (4.7%), donde aún no se ha estimado el efecto final de la caída de los precios del petroleo, los minerales y las exportaciones no tradicionales del país. El presupuesto aprobado para el 2020 es de 282.273 millones de bolivianos, 1.4% menos que el dispuesto para el 2019, lo que implica una reducción presupuestaria en varios ámbitos de la actividad gubernamental. La inversión pública se estimó que se vería afectada en un 17.5% respecto a la efectuada el 2019, teniendo un mayor impacto en las áreas de infraestructura e inversión multisectorial. 

¿Que se espera para la arqueología boliviana en este contexto?

Se espera un Ministerio de Culturas y Turismo en transición, sin recursos económicos, técnicos ni humanos, sin capacidad de gestión ni posibilidades de hacer o programar cambios importantes, como los demandados por la colectividad arqueológica desde el año 2018 (Correcciones a la Ley 530, desarrollo de reglamentos, profundización de la descentralización en la gestión cultural y defensa del patrimonio, entre otros).
Lo que actualmente se tiene es una gestión ministerial decorativa, como continuidad de la que dejó Morales, sin capacidad para defender el patrimonio, casi tanto como aconteció con el incendio de los bosques Chiquitanos o la introducción de especies transgénicas que ponen en serio peligro el patrimonio natural, cultural y genético de nuestro país.
Se espera un sistema universitario paralizado, cursando dificultosamente la formación de los alumnos de manera virtual, sin posibilidades de hacer mayor investigación de campo o de laboratorio, menos el emprender nuevas iniciativas de proyectos o programas de formación de sus graduados. 
La baja en los recursos del IDH dará lugar a la interrupción de muchos proyectos y a la caída en la investigación o mejora de las condiciones de investigación universitaria. 
En el ámbito laboral, los arqueólogos que efectuaban trabajos de contrato en obras de infraestructura pública y privada verán disminuir, sino desaparecer sus opciones de trabajo, pues la caída de la inversión pública, el desplome de las inversiones privadas en obras de construcción privada y la imposibilidad laboral que impone la cuarentena, determinarán que menos de un tercio del año sea realmente productivo, o con alguna posibilidad de obtener ingresos por la venta de sus servicios. 
En cuanto a la investigación promovida por proyectos extranjeros, se estima que el año 2020 será nulo, debido a los efectos que tiene la pandemia en el contexto global. Universidades e institutos de investigación europeos y norteamericanos  están volcando todos sus recursos a subsistir o a contribuir en la resolución de los problemas que atraviesan sus países en temas de salud y economía. Se prevé que los escasos proyectos con becas o fondos de investigación extranjeros que llegaban a nuestro país toquen fondo o disminuyan aún mas en los próximos tres años. 
Bolivia cuenta con algo menos de 80 arqueólogos activos dentro del territorio nacional, gran parte en situación de desempleo, subempleo, o intermitentemente empleados, lo cual con seguridad se acentuará dadas las escasas oportunidades laborales o de empleo estable que existe para este sector.  A esto debe sumarse un estimado de 50 o 60 egresados de arqueología que apoyan los trabajos de arqueología de contrato que también deberán re-evaluar sus opciones. 
En suma, la perspectiva de la arqueología para los siguientes años se ve muy sombría, cuyos efectos se sentirán más allá del ámbito laboral o de subsistencia de los arqueólogos y sus familias, pues afectarán con seguridad al patrimonio arqueológico nacional donde el deterioro o destrucción podría acrecentarse como efecto de las emergentes condiciones económicas, sociales y políticas que inaugura el año 2020. 

31 agosto 2019

LA DEVASTACIÓN DE LA AMAZONÍA BOLIVIANA

Resultado de imagen para la devastacion de la amazonía boliviana
Tomado de Jean-Pierre LAVAUD

Un abismo separa los exaltados dichos del presidente boliviano en defensa de la Madre Tierra (Pachamama) de las devastadoras políticas forestales que implementa.
Según Antonio Donato Nobre, especialista en clima del Amazonas y autor de un informe titulado "El futuro climático de la Amazonía", el 40% del bosque de la Amazonia brasileña ha sido talado o dañado hasta tal punto que la selva ya no es funcional como un ecosistema. 
Los países vecinos sufren la misma devastación. Un estudio realizado por la revista Science, en base a un mapa creado usando Google Earth muestra que Bolivia es uno de los seis países del mundo que han experimentado la mayor deforestación entre 2000 y 2012 . Según el informe sobre la deforestación Mapa de deforestación de las Tierras Bajas y Yungas de Bolivia, son 1,82 millones de hectáreas de bosques que fueron exterminados entre 2000 y 2010. Y la destrucción parece estar acelerándose: entre 2000 y 2005, la pérdida anual promedio fue de 195 000 ha; la de 2005-2010, se incrementó a 205 000 ha. Según las estimaciones del Programa Nacional de Cambio Climático incluso llegarían entre 300 000 y 350 000 hectáreas . Del 1ro de julio al 30 de septiembre de 2013, Bolivia ha despejado una superficie 167% veces más extensa que el año anterior en el mismo período (de acuerdo con las imágenes captadas por el satélite MODIS), lo que representa para ese periodo la tasa más alta de deforestación en el mundo, frente a Madagascar y Ecuador.  Esta devastación se traduce en la disminución de los recursos hídricos, la degradación de la biodiversidad y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, de manera que las emisiones de CO2 per cápita en Bolivia son más altas que las de Europa Occidental, mientras que su nivel de desarrollo es uno de las más bajos de América del Sur. 
Esto no ha impedido que los defensores de la Pachamama se preparen, a partir de 2012, para la Agenda Patriótica del 2025, arrasar con un millón de hectáreas por año para cuadruplicar la superficie agrícola actual, so pretexto de garantizar la seguridad alimentaria del país . De hecho, sabemos muy bien que las tierras tropicales devastadas serán transferidas en gran medida a la lucrativa cría de ganado y al cultivo de semillas oleaginosas, con la llegada de semillas transgénicas y contaminantes de todo tipo. El resto se destinará a los colonizadores campesinos de los departamentos de tierras altas cuyos chaqueos y quemas sin discernimiento, junto a patrones de cultivo inadaptados al  contexto empobrecen y arruinan el tejido de los bosques; entre sus filas se encuentran los cultivadores de coca, particularmente ávidos  de tierras y tan menos contaminantes como los agroindustriales. En esta perspectiva, el gobierno despliega un extenso programa de colinización en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y La Paz .
El Decreto Supremo nº 1578, promulgado el 7 de mayo de 2013 respalda la deforestación ilegal 5 millones de hectáreas de bosques, y  especifica las modalidades de aplicación de la Ley 337 del Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques del 13 de enero 2013, que permite el cultivo del 20% de las tierras forestales (Tierras de Producción forestal, permanente). Pero bien, la deforestación del 20% de la Amazonía implica poner en riesgo la estructura del bosque, romper la continuidad de los ecosistemas, reducir la biodiversidad y los recursos tradicionales de subsistencia - la pesca, la caza y la recolección, como las almendras y las nueces de Brasil, y demás recursos esenciales norte amazónico de Bolivia.
Además, el gobierno se obstina en cuadricular con caminos los parques protegidos de la selva tropical amazónica. Después de empezar a cruzar por el medio el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) (departamentos de Beni y Cochabamba) - un proyecto temporalmente detenido, pero siempre pendiente – ahora ya también quiere construir una carretera 430 kilómetros entre Santa Rosa y Remanso (departamento de Santa Cruz), que atraviesa la reserva forestal del Bajo Paraguá y el Parque Nacional Noel Kempff Mercado. Ahora sabemos que el camino atrae rápidamente a los colonos.
Y, por último, en su entusiasmo por convertirse en proveedor de energía eléctrica para los países vecinos - planea producir 13.000 megavatios en 2025, incluyendo 10.000 para la exportación, principalmente a Brasil - el gobierno inicia la construcción de enormes represas hidroeléctricsa en los afluentes del Amazonas: la represa de Cachuela Esperanza (departamento del Beni) y las represas del Chepete y el Bala (norte del departamento de la Paz y departamento dle Beni) previstas para producir 3676 megavatios. Estas inundarán parte del Parque Nacional Madidi de la Reserva Biológica (RB) y Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Pilón Lajas, conocido por albergar una de las mayores reservas de biodiversidad en el mundo. Y se afectaría el hábitat de más de una docena de comunidades indígenas.
Esta amplia deforestación no sólo es la pesadilla de las organizaciones de protección del medio ambiente, nacionales e internacionales. En 2011, con motivo de la presentación del informe "Tras las Huellas del Cambio Climático en Bolivia", el representante de la ONU en Bolivia, Yoriko Yasukawa, dijo: "Si Bolivia no es uno de los mayores culpables del calentamiento global general [del planeta], creemos de todas formas que no ha hecho lo suficiente en cuanto a la reducción de [gases de efecto invernadero] si consideramos que destruye cada año 300.000 hectáreas de bosque ". Y pide al Gobierno de Bolivia que se tomen medidas enérgicas para limitar las emisiones. Unos meses más tarde, durante la celebración de “Día Internacional las Poblaciones Indígenas del Mundo”, Yoriko Yasukawainsistait se expresó sobre el hecho de que la deforestación afecta gravemente a los indígenas bolivianos. Afirmaciones diplomáticas y educadas, cuando la deforestación provocará simplemente la desaparición definitiva de los grupos selváticos.
Pero todo esto no parece perturbar a las autoridades nacionales. Para Evo Morales, las reservas forestales fueron creadas por "el imperio norteamericano" para ser intocables e intangibles, y no es admisible que ONGs y fundaciones controlen y decidan en nombre del movimiento indígena ... Quienes dificulten la exploración de los recursos naturales tendrán que salir de Bolivia ".

En 2010, cuando el país sufrió una ola de incendios devastadores, el jefe de Estado los llamó "fenómenos naturales", a pesar de que fueron el resultado de incontrolables quemas a propósito. Y tuvo a bien añadir que no era su culpa si no se tienen los medios para combatir estos incendios.
¡Cuánta seguridad al decirlo, y cuánta mala fe!

Se han omitido notas a pie de página que desarrollan y fundamentan los datos. Ver publicación íntegra en : https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-lavaud/blog/180716/le-saccage-de-la-foret-amazonienne-de-bolivie
Mayores datos en : https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-lavaud/blog/121218/le-ravage-de-la-foret-bolivienne

15 marzo 2019

UNION DE CIENTIFICOS DE AMÉRICA LATINA DEMANDA PROHIBIR EL GLIFOSATO

UNIÓN DE CIENTÍFICOS COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD Y LA NATURALEZA DE AMÉRICA LATINA (UCCSNAL) DEMANDA UNA PROHIBICIÓN GLOBAL AL GLIFOSATO*

La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL) hace un llamado a los gobiernos y parlamentos de América Latina y a la sociedad civil, para que se prohíba el uso del glifosato, en razón del aumento de las evidencias de los graves efectos dañinos que este herbicida ocasiona en la salud humana y en especies claves para el equilibrio ecológico [1].
Dos importantes hechos ocurridos en las últimas semanas han expuesto una vez más los daños ocasionados por el glifosato -que es el plaguicida más usado en el mundo desde la implementación de la agricultura con cultivos transgénicos-. El más reciente es la muerte de Fabián Tomasi, que desarrolló una Neuropatía Tóxica por el contacto constante con el glifosato durante años, surtiendo  herbicidas y otros agrotóxicos a los aviones de fumigación en Argentina, en el contexto de la siembra masiva de soya transgénica tolerante al glifosato. En los últimos años de su vida, Fabián se convirtió en un símbolo latinoamericano de la lucha contra Monsanto y el glifosato, y se dedicó a generar conciencia sobre el peligro de la utilización de herbicidas en la agricultura [2].
El segundo hecho reciente es el del jardinero estadounidense Dewayne Johnson, quien fue diagnosticado con linfoma No-Hodkin después de años de aplicar los herbicidas RoundUp® y Ranger Pro® en una escuela, por lo que demandó a Monsanto. El veredicto de la corte fue a favor de Johnson, lo cual ha generado una esperanza de justicia a miles de personas enfermas y sus familias en Estados Unidos, que han demandado a Monsanto por comercializar los herbicidas con glifosato.
Aunque estos casos son paradigmáticos, no son los únicos. En países como Argentina, Brasil y Paraguay, tenemos registros de tasas elevadísimas de cáncer, linfomas, leucemias, enfermedades autoinmunes, malformaciones genéticas y otras enfermedades en habitantes de comunidades rodeadas por campos de soja transgénica, donde se realizan aplicaciones aéreas intensivas de glifosato y la mayor parte de las veces sin aviso previo.
En 2015, la Agencia de Investigaciones del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (IARC) determinó que el glifosato es una sustancia “probablemente carcinogénica” para los humanos. El informe añade que hay fuertes evidencias de que la exposición a las formulaciones basadas en glifosato son genotóxicas; puede haber daños cromosómicos en las células sanguíneas; y que el glifosato y el ácido aminometilfosfónico (AMPA, producto de degradación del glifosato) inducen procesos de estrés oxidativo que pueden provocar muerte celular y disfunción tisular. Sin embargo, nuestros pueblos fumigados de América Latina están sufriendo en sus cuerpos y en el de sus familias los efectos del glifosato a costa del agro negocio, y de las agendas económicas de los países que implementaron el modelo agrícola transgénico aún antes del informe de la IARC.
Los estudios científicos muestran además que el glifosato afecta a la flora silvestre, incluyendo las especies que son esenciales para la polinización, así como a microorganismos del suelo que participan en el ciclo de algunos nutrientes [3]. Además interfieren con los sistemas de navegación de las abejas [4] y afectan a las bacterias benéficas del tracto digestivo de estos polinizadores [5].
Por si no fuera suficiente, hay evidencia científica de que el glifosato persiste en los suelos agrícolas, alcanza los  cuerpos de agua, también se dispersa a través de la lluvia, y sus residuos permanecen en los cultivos, llegando así a los alimentos que consumen personas aún a grandes distancias de los campos de cultivo.
No podemos permitir que más poblaciones humanas, ni los ecosistemas continúen expuestos a este veneno.
A partir de la evidencia social y científica irrefutable, la UCCSNAL demanda a los gobiernos de América Latina, los parlamentos nacionales y regionales, que se tomen las medidas administrativas y jurídicas necesarias para que SE PROHIBA EL USO DEL GLIFOSATO en la región.
Hacemos un llamado a la sociedad civil y las organizaciones y movimientos sociales para que promuevan acciones conjuntas en defensa de los derechos a la salud, al medio ambiente sano, a la alimentación inocua y culturalmente adecuada en pro de una América Latina Libre de glifosato y otros herbicidas altamente tóxicos.
Adhieren:
Adolfo Maldonado Campos – Médico, Coordinador de la Clínica Ambiental. Quito-Ecuador
Alejandro Espinosa Calderón – Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Nivel III, Sistema Nacional de Investigadores. Coordinador del Programa Agricultura y Alimentación, UCCS, México.
Alicia Massarini – Profesora en la Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología. UBA (Universidad de Buenos Aires), Buenos Aires, Argentina.
Armando Cassinera – Profesional Principal CONICET. Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Argentina
Arturo Quizhpe Peralta – Ex Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Cuenca, Ecuador- Miembro del Frente Nacional para la Salud de los Pueblos, Ecuador.
Camila Stimbaum – Lic. en Sociología de la UNLP. Integrante del Espacio Interdisciplinario de Interacción Socio Ambiental (EMISA) Residente en Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación.
Dr QF Claudio Martínez Debat – LaTraMA ::: Laboratorio de Trazabilidad Molecular Alimentaria. Coordinador. Sección Bioquímica. Facultad de Ciencias.
Núcleo Interdisciplinario Colectivo TÁ. Co-coordinador. Espacio Interdisciplinario.
Universidad de la República. Montevideo. Uruguay.
Carlos A. Vicente – Integrante de GRAIN y Acción por la Biodiversidad
Damián J. Marino – Investigador Adjunto CONICET – Profesor de la Universidad Nacional de La Plata -Argentina. Director del grupo de investigación en plaguicidas -CIMA-UNLP.
Damián Verzeñassi – Médico, Docente, DIrector del Instituto de SAlud Socioambiental del a FAcultad Cs. Médicas UNR y Director de la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Argentina.
Elizabeth Bravo – Bióloga – Acción Ecológica
Emmanuel González-Ortega – Subdirección de Bioseguridad. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. México.
Flora Luna Gonzales – Médico-pediatra. Asesora Científica de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios-ASPEC, Perú.
Guillermo Folguera – Investigador CONICET. Profesor de la Universidad de Buenos Aires.
Jaime E. García González – D r.sc.agr. -Profesor Catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) San José, Costa Rica.
Javier Albea – Médico, Docente, Miembro del Instituto de Salud Socioambiental Facultad de Ciencias Médicas – Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
Joelson Santos Silva – Médico de Família e Comunidad. Red Nacional de Médicos y Médicas Populares de Brasil. Setor de Saúde del Movimiento Sin Tierra- Brasil
Leonardo Melgarejo – Dr Engenharia de Produção. Vice presidente regional sul da Associação Brasileira de Agroecologia. Prof colaborador do Mestrado Profissional em Agroecosistemas. Universidade Federal de Santa Catarina. Brasil
Lucas L. Alonso – Lic. en Química y Tecnología Ambiental de la UNLP . Docente en la facultad de Cs. Exactas de la UNLP. Estudiante de Doctorado y Becario doctoral de CONICET. Integrante del Espacio Interdisciplinario de Interacción Socio Ambiental (EMISA)
Margarita Tadeo Robledo– Profesora de Carrera Titular “C” Definitiva – Departamento de Ciencias Agrícolas. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán – Universidad Nacional Autónoma de México
María del Carmén Martín – Médica especialista en pediatría – Atención Primaria de la Salud, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires – Argentina.
María del Carmen Seveso – Chaco – Argentina
Marcela Bobatto – Movimiento Nacional de Salud Laicrimpo (Argentina) – MSP-LA (Movimiento mundial de salud de los pueblos – Latinoamerica)
Miryam Kurganoff de Gorban – Licenciada en Nutricion  Coordinadora de la Catedra Libre de Soberania Alimentaria Facultad de Medicina -NUTRICION – UBA. Argentina
Patricia Polo Almeida – Consultora Independiente, temas: Geografía y Salud Humana – Ecuador.
Rubens Onofre Nodari – Engenheiro Agrônomo, Doutor em Genética, Professor do Programa de Pós-graduação em Recursos Genéticos Vegetais, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil.
Santiago Vittori – Lic. en Química y Tecnología Ambiental. Estudiante Doctorado y Becario CONICET (CIMA) Integrante de EMISA Auxiliar Docente, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata
Silvia Ribeiro – Investigadora y Directora para América Latina del Grupo ETC (Grupo Erosión, Tecnología y Concentración)

Silvia Rodriguez Cervantes –  Profa. Emérita Universidad Nacional. Heredia, Costa Rica. Miembro Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad.

Susana Ramírez Hita – Antropóloga Social. Miembro del Medical Anthropology Research Center (MARC), España
Violeta Vidal – Licenciada en Antropología Social (Universidad Nacional de Misiones) – Doctoranda en Estudios Sociales Agrarios (Centro de Estudios Avanzados-Universidad Nacional Córdoba). Becaria doctoral de CONICET con sede en el Instituto de Estudios Sociales (Universidad Nacional Entre Ríos/CONICET)