La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) exige al TCP la ratificación de la acción popular que protege sus derechos

Reproduzco en este posteo la nota que me fue enviada por el periodista Edwin Conde sobre la demanda que efectuarán los dirigentes del CPILAP este 1° de julio en Sucre frente al Tribunal Constitucional Plurinacional, entidad envilecida y corrupta manejada como brazo de represión por parte del régimen que maneja el país. 

Pueblos indígenas exigen al Tribunal Constitucional Plurinacional ratificación de la acción popular que protege sus derechos

Los dirigentes de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), tienen previsto asumir en Sucre, el acto jurídico de apersonamiento para solicitar al Tribunal Constitucional Plurinacional la ratificación de la acción popular que protege sus derechos contra la minería aurífera ilegal, y requerir que sean informados si la resolución judicial emitida por el Juez de Garantías Constitucionales de Rurrenabaque sufre algún cambio u observación.

La presentación del memorial será ingresado por la ventanilla única del Tribunal Constitucional Plurinacional, el próximo lunes primero de julio en la ciudad de Sucre. La autoridad judicial encargada de la revisión de la sentencia de la Acción Popular favorable a la CPILAP tiene plazos perentorios para revisar la documentación que está clasificada con el código “EXP 58822-AP”.

En junio de 2023, se mostraron los resultados alarmantes del estudio científico denominado “Impacto de la minería aurífera en comunidades indígenas” que se realizó con muestras de cabellos de más de 300 personas por iniciativa de la CPILAP y se conoció que la contaminación por mercurio afecta a seis pueblos indígenas del norte de La Paz, quienes superan de dos a siete veces el límite permitido por las organizaciones mundiales de salud.

En esa oportunidad, lamentablemente, se reveló que los más afectados son los pueblos tsimane y ese ejja, que se alimentan de pescado y que habitan en la cuenca baja de los ríos, donde se concentran los desechos que se originan en la parte superior por la intensiva actividad minera mecanizada que emplea el mercurio para el rescate de oro.

El vicepresidente de la CPILAP, Lino Illimuri dijo que la contaminación más alarmante es de los hermanos ese ejjas que se alimentan de pescado continuamente y que por ello son los que tienen mayor contaminación con mercurio con 6,9 ppm (partes por millón). Le siguen los tsimanes con 6,8 ppm, los mosetenes con 4,0 ppm, uchupiamonas con 2,5 ppm, tacanas con 2,1 ppm y los lecos con 1.9 ppm. “Toda la recolección de muestras y sus resultados superan los límites permitidos”.

La acción popular

El artículo 135 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que, “la Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Constitución”.

La acción popular fue presentada el pasado primero de agosto por los dirigentes de los pueblos indígenas al Juzgado de Rurrenabaque, en demanda por la vulneración de sus derechos a la libre determinación, a la consulta previa libre e informada, al medio ambiente sano, a la gestión territorial, a la salud, y a la integridad del territorios de los pueblos indígenas que conforman la CPILAP, provocada por las actividades mineras en los ríos Beni, Madre de Dios y sus afluentes los ríos Kaka, Alto Beni, Tuichi y Quiquibey.

Las instancias accionadas fueron el Ministerio de Medioambiente y Agua, el Ministerio de Minería y Metalurgia, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM (Nacional y Departamental de La Paz), el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y sus secretarías de Derechos de la Madre Tierra y de Minería.

En la acción popular se denunció que las autoridades han incumplido su deber de controlar y fiscalizar la actividad minera aurífera que utiliza sustancias tóxicas como el mercurio; además, no han tomado medidas efectivas para proteger los derechos antes mencionados de los pueblos indígenas que habitan la Cuenca de los ríos Beni y Madre de Dios.

En una primera audiencia virtual del proceso judicial que se cumplió el nueve de agosto de 2023, el Juez Mixto de Rurrenabaque, constituido en Tribunal de Garantías, Edwin Pallete dictaminó como medida cautelar la suspensión de las actividades mineras ilegales en los ríos Beni y Madre de Dios y sus afluentes, e identificó a la AJAM como la instancia responsable de dar cumplimiento.

También solicitó al SENASAG, SEDES, Ministerio de Salud y Deportes y a la UMSA, en calidad de Amicus Curiae (terceros ajenos a la disputa que aportan con argumentos u opiniones) la entrega de informes referidos a los impactos de la minería aurífera por contaminación con mercurio en los peces y en la salud de las personas.

Fallo histórico

La audiencia decisiva se realizó del ocho al nueve de septiembre de 2023 y se extendió por 15 horas, en esa oportunidad el Juzgado Mixto de Rurrenabaque determinó conceder la tutela solicitada por la CPILAP, que fue calificada como un “fallo histórico”, porque la misma logró obtener medidas específicas de protección, identificando las instituciones responsables de cumplirlas.

Respondiendo al petitorio de los pueblos indígenas y de acuerdo a las irrefutables pruebas que fueron presentadas en el proceso, el Juzgado de Rurrenabaque dispuso la suspensión de todas las actividades mineras ilegales y de aquellas que no cuenten con licencia ambiental en los ríos Beni, Madre de Dios y sus afluentes, los ríos Alto Beni, Kaka, Quiquibey, Tuichi y Tequeje. A su vez, estableció la prohibición de otorgar nuevos derechos mineros en las cuencas de estos ríos. 

Otro de los puntos centrales de la Resolución Judicial fue el mandato a la AJAM de “desarrollar verdaderos procesos de consulta previa, de acuerdo a estándares internacionales, y que este proceso debe alcanzar también a los casos de adecuación por derechos preconstituidos”.

Resolvió que se garantice la participación de la CPILAP y de las comunidades indígenas, originario campesinas e incluso interculturales de la región en la elaboración del Plan de Nacional de control, uso y reducción del Mercurio.

De la misma manera el Juez ordenó a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera que en coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Bolivia realicen controles rutinarios en los

ríos Beni y Madre de Dios, así como también en los ríos Tuichi, Quiquibey, Kaka, Alto Beni y Tequeje para controlar y evitar la proliferación de la minería ilegal.

Los dirigentes de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz coincidieron en remarcar la fundamental importancia que tiene el cumplimiento de la resolución judicial de la acción popular, por lo que confirmaron su presencia en la ciudad de Sucre el próximo lunes para presentar el memorial al Tribunal Constitucional Plurinacional exigiendo su ratificación. (CPILAP)

LA DEVASTACIÓN DE LA AMAZONÍA BOLIVIANA

Tomado de Jean-Pierre LAVAUD

Un abismo separa los exaltados dichos del presidente boliviano en defensa de la Madre Tierra (Pachamama) de las devastadoras políticas forestales que implementa.

Según Antonio Donato Nobre, especialista en clima del Amazonas y autor de un informe titulado "El futuro climático de la Amazonía", el 40% del bosque de la Amazonia brasileña ha sido talado o dañado hasta tal punto que la selva ya no es funcional como un ecosistema. 

Los países vecinos sufren la misma devastación. Un estudio realizado por la revista Science, en base a un mapa creado usando Google Earth muestra que Bolivia es uno de los seis países del mundo que han experimentado la mayor deforestación entre 2000 y 2012 . Según el informe sobre la deforestación Mapa de deforestación de las Tierras Bajas y Yungas de Bolivia, son 1,82 millones de hectáreas de bosques que fueron exterminados entre 2000 y 2010. Y la destrucción parece estar acelerándose: entre 2000 y 2005, la pérdida anual promedio fue de 195 000 ha; la de 2005-2010, se incrementó a 205 000 ha. Según las estimaciones del Programa Nacional de Cambio Climático incluso llegarían entre 300 000 y 350 000 hectáreas . Del 1ro de julio al 30 de septiembre de 2013, Bolivia ha despejado una superficie 167% veces más extensa que el año anterior en el mismo período (de acuerdo con las imágenes captadas por el satélite MODIS), lo que representa para ese periodo la tasa más alta de deforestación en el mundo, frente a Madagascar y Ecuador.  Esta devastación se traduce en la disminución de los recursos hídricos, la degradación de la biodiversidad y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, de manera que las emisiones de CO2 per cápita en Bolivia son más altas que las de Europa Occidental, mientras que su nivel de desarrollo es uno de las más bajos de América del Sur. 

Esto no ha impedido que los defensores de la Pachamama se preparen, a partir de 2012, para la Agenda Patriótica del 2025, arrasar con un millón de hectáreas por año para cuadruplicar la superficie agrícola actual, so pretexto de garantizar la seguridad alimentaria del país . De hecho, sabemos muy bien que las tierras tropicales devastadas serán transferidas en gran medida a la lucrativa cría de ganado y al cultivo de semillas oleaginosas, con la llegada de semillas transgénicas y contaminantes de todo tipo. El resto se destinará a los colonizadores campesinos de los departamentos de tierras altas cuyos chaqueos y quemas sin discernimiento, junto a patrones de cultivo inadaptados al  contexto empobrecen y arruinan el tejido de los bosques; entre sus filas se encuentran los cultivadores de coca, particularmente ávidos  de tierras y tan menos contaminantes como los agroindustriales. En esta perspectiva, el gobierno despliega un extenso programa de colinización en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y La Paz .

El Decreto Supremo nº 1578, promulgado el 7 de mayo de 2013 respalda la deforestación ilegal 5 millones de hectáreas de bosques, y  especifica las modalidades de aplicación de la Ley 337 del Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques del 13 de enero 2013, que permite el cultivo del 20% de las tierras forestales (Tierras de Producción forestal, permanente). Pero bien, la deforestación del 20% de la Amazonía implica poner en riesgo la estructura del bosque, romper la continuidad de los ecosistemas, reducir la biodiversidad y los recursos tradicionales de subsistencia - la pesca, la caza y la recolección, como las almendras y las nueces de Brasil, y demás recursos esenciales norte amazónico de Bolivia.

Además, el gobierno se obstina en cuadricular con caminos los parques protegidos de la selva tropical amazónica. Después de empezar a cruzar por el medio el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) (departamentos de Beni y Cochabamba) - un proyecto temporalmente detenido, pero siempre pendiente – ahora ya también quiere construir una carretera 430 kilómetros entre Santa Rosa y Remanso (departamento de Santa Cruz), que atraviesa la reserva forestal del Bajo Paraguá y el Parque Nacional Noel Kempff Mercado. Ahora sabemos que el camino atrae rápidamente a los colonos.

Y, por último, en su entusiasmo por convertirse en proveedor de energía eléctrica para los países vecinos - planea producir 13.000 megavatios en 2025, incluyendo 10.000 para la exportación, principalmente a Brasil - el gobierno inicia la construcción de enormes represas hidroeléctricsa en los afluentes del Amazonas: la represa de Cachuela Esperanza (departamento del Beni) y las represas del Chepete y el Bala (norte del departamento de la Paz y departamento dle Beni) previstas para producir 3676 megavatios. Estas inundarán parte del Parque Nacional Madidi de la Reserva Biológica (RB) y Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Pilón Lajas, conocido por albergar una de las mayores reservas de biodiversidad en el mundo. Y se afectaría el hábitat de más de una docena de comunidades indígenas.

Esta amplia deforestación no sólo es la pesadilla de las organizaciones de protección del medio ambiente, nacionales e internacionales. En 2011, con motivo de la presentación del informe "Tras las Huellas del Cambio Climático en Bolivia", el representante de la ONU en Bolivia, Yoriko Yasukawa, dijo: "Si Bolivia no es uno de los mayores culpables del calentamiento global general [del planeta], creemos de todas formas que no ha hecho lo suficiente en cuanto a la reducción de [gases de efecto invernadero] si consideramos que destruye cada año 300.000 hectáreas de bosque ". Y pide al Gobierno de Bolivia que se tomen medidas enérgicas para limitar las emisiones. Unos meses más tarde, durante la celebración de “Día Internacional las Poblaciones Indígenas del Mundo”, Yoriko Yasukawainsistait se expresó sobre el hecho de que la deforestación afecta gravemente a los indígenas bolivianos. Afirmaciones diplomáticas y educadas, cuando la deforestación provocará simplemente la desaparición definitiva de los grupos selváticos.

Pero todo esto no parece perturbar a las autoridades nacionales. Para Evo Morales, las reservas forestales fueron creadas por "el imperio norteamericano" para ser intocables e intangibles, y no es admisible que ONGs y fundaciones controlen y decidan en nombre del movimiento indígena ... Quienes dificulten la exploración de los recursos naturales tendrán que salir de Bolivia ".

En 2010, cuando el país sufrió una ola de incendios devastadores, el jefe de Estado los llamó "fenómenos naturales", a pesar de que fueron el resultado de incontrolables quemas a propósito. Y tuvo a bien añadir que no era su culpa si no se tienen los medios para combatir estos incendios.

¡Cuánta seguridad al decirlo, y cuánta mala fe!

Se han omitido notas a pie de página que desarrollan y fundamentan los datos. Ver publicación íntegra en : https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-lavaud/blog/180716/le-saccage-de-la-foret-amazonienne-de-bolivie
Mayores datos en : https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-lavaud/blog/121218/le-ravage-de-la-foret-bolivienne

PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ DE BIOTECNOLOGÍA DE BOLIVIA

¿Es una necesidad urgente introducir transgénicos a Bolivia?

La presión al gobierno de parte de algunos gremios de productores de Santa Cruz se ha agudizado en las últimas semanas, con el argumento de que la única opción para enfrentar el cambio climático, las plagas y los bajos rendimientos es la introducción de más eventos transgénicos de soya, maíz, algodón y caña de azúcar. Pero vayamos por partes.

1.- Al parecer todos (los solicitantes y el gobierno), pretenden ignorar que existen leyes que prohíben el uso y comercialización de los organismos genéticamente modificados y productos tóxicos que afecten la salud y el medio ambiente. Esta prohibición está expresamente establecida en el Art 255 de la CPE y en el Protocolo de Cartagena  sobre Seguridad de la Biotecnología suscrito por el Estado boliviano el 29 de Enero del 2000, la Ley 300 de la Madre Tierra, en su Art.24, la Ley 144 de la Revolución Productiva en su Art 15, la Ley 401 sobre Celebración de Tratados en su art 4, la Ley 622 de la Alimentación Escolar y Soberanía Alimentaria en su Art 7 , la Ley 3525 de la Regulación y Promoción de la Producción Agropecuaria Ecológica en su Art 2 , el Decreto Supremo  181 referido a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en su Art 80 , el Decreto Supremo  2452 sobre etiquetado de OGMs , la Resolución Administrativa  VRNMA 135/05 y la Ley 71, sobre Derechos de la Madre Tierra en su Art 7. 

Como se puede ver, existen normas legales enmarcadas en la CPE que prohíben la introducción de transgénicos a nuestro país, y dichas normas han sido elaboradas en base a un proceso de reflexión y aporte de los miles de productores y consumidores de todo el país.  ¿Se van a derogar todas las leyes incluyendo el artículo referido a los transgénicos y que está establecido en la CPE? En otras palabras, ¿se pretende cambiar la CPE?

2.- A partir de la introducción de la soya transgénica, y según datos oficiales del INE, la importación de agroquímicos se ha incrementado de 59 millones de kg en 2006 a 152 millones de kg en 2017, sin tomar en cuenta que un 30% adicional ingresa por la vía del contrabando, según información del SENASAG.  Estamos hablando de 200 millones de kg de agroquímicos que se han importado en el año 2017. Lo más preocupante es que en este rubro, la importación de herbicidas en este mismo periodo se ha incrementado de 12 millones de kg a casi 35 millones de kg, sin contar lo que ingresa por contrabando. Pero lo evidente es que el incremento de más del 150% de agroquímicos por hectárea (de 17 a 43 kg) así como por tonelada de alimento producido (3,5 kg a 8,8 kg), está reflejando un crecimiento exponencial en el uso de agroquímicos que no está en proporción al incremento del rendimiento que es del 0,6%.  Es decir que nuestra agricultura en la cual la soya transgénica representa casi el 36% de la superficie cultivada en el país, está en una fase de desastre y ¿queremos más transgénicos?

3.- Como consecuencia de lo anterior, la estructura productiva del país se ha desarticulado totalmente, llegando al extremo de importar tubérculos, frutas, hortalizas, cereales, base de la alimentación diversificada y saludable de millones de bolivianos. El año 2017 llegamos a importar todos los alimentos señalados más arriba, por un valor de casi 700 millones de dólares, según datos del INE: Comercio Exterior, 2017.

Los gastos en alimentos representan el 63% de los ingresos económicos de los bolivianos en comparación con los países vecinos que no llegan al 20% del ingreso.  Es decir, consumimos alimentos importados y caros en relación al salario promedio. Esto es el resultado de priorizar la producción agrícola para la exportación

4.- Entre el 2005 al 2017 se han deforestado en Bolivia, más de tres millones de bosques (Autoridad de Bosques y Tierras) debido a la ampliación de la frontera agrícola, por los bajos rendimientos de la soya especialmente. Lo anterior ha puesto a Bolivia entre los 10 países más deforestadores del planeta y con serios impactos en el clima, destrucción de la biodiversidad, suelos, sequias prolongadas, plagas, inundaciones y focos de calor que entre el 2011 al 2018 han llegado a 184. 313, (Instituto de Investigación de Quemas de Brasil) . El papel del bosque amazónico en la provisión de agua para la región es un hecho ampliamente reconocido. Como consecuencia, la deforestación provocada por la ampliación de la frontera agrícola ha afectado al occidente del país, pero también a la región agrícola de Santa Cruz: la sequía actual y de los años pasados es una demostración de lo anterior.

5.- Las diferencias en el rendimiento de la soya transgénica versus la soya convencional son mínimos, ambas están en promedio en las 2 toneladas por hectárea.  Según los reportes oficiales (El cultivo de soya: recomendaciones técnicas: ANAPO, CIAT, UAGRM) del año 1995, la soya convencional rendía en esa época entre 2,7 a 3,16 toneladas por hectárea. Era la época en la que se investigaba y se realizaban innovaciones de nuevas variedades sin necesidad de recurrir a la transgénesis. Ahora la situación ha cambiado porque al no haber innovaciones dirigidas al mejoramiento genético,  existe  una mayor y total dependencia a las corporaciones de semillas y agroquímicos que ha llevado a la pérdida total de la soberanía científica, ya que no existen programas de mejoramiento genético y se ha llegado a la dependencia total de semillas patentadas y de agroquímicos, muchos de los cuales están prohibidos internacionalmente por su alto grado de toxicidad como es el caso del Paraquat y el 2-4 D y que son ahora “recomendados” para controlar las más de 9 malezas resistentes al glifosato que existen nuestro país.

6.- En este contexto, ¿es viable seguir presionando por mas transgénicos, poniendo en riesgo las más de 77 razas de maíz que son la base de alimentación de millones de bolivianos?  ¿A quiénes beneficia realmente la introducción de transgénicos en Bolivia?  ¿Por qué será que solo 24 de 197 países del mundo producen transgénicos y cada año son menos? 

¿No es evidencia suficiente la sentencia a Monsanto-Bayer por la enfermedad de cáncer que ha contraído un humilde jardinero en EEUU y que ha detonado más de 8.000 demandas a nivel mundial, entre ellos Vietnam por el uso de agente naranja y hoy utilizado en nuestro país como herbicida en los cultivos de soya transgénica? ¿No es suficiente evidencia lo que está ocurriendo en las poblaciones fumigadas con glifosato en la República Argentina, Uruguay, Brasil y en el Paraguay?

¿Cuáles son las patologías que más se presentan en las regiones donde se produce soya transgénica en Bolivia?  Sería importante que el Ministerio de Salud y el SEDES investiguen y lleven a cabo un diagnostico en dichas regiones. Asimismo, deberíamos preguntarnos acerca de las causas de los altos niveles de cáncer, insuficiencia renal, etc. Que se presentan a diario en la población boliviana.

Nuestro país está entre los más ricos en biodiversidad del planeta y esa es la base de la industrialización, innovación, investigación científica, generación de empleo, divisas, mediante la producción de alimentos saludables diversos, ricos en proteínas y vitaminas. Dichos recursos biológicos son la base de la industrialización de los nuevos recursos para la alimentación, farmacología, cosmetología, fibras, polímeros, aditivos, maderas, fragancias, enzimas, energizantes, biorremediación de suelos de aguas, ecoturismo científico, etc.

Está claro que con los cultivos transgénicos no se incrementa el rendimiento, sólo se aumenta el uso de pesticidas tóxicos, se afecta la biodiversidad, el cambio climático y la provisión de agua, se provoca la erosión genética de las variedades locales, principalmente de maíz. Es hora de reflexionar si el interés económico de unos pocos está por encima del interés de millones de bolivianos que aun quieren resguardar y mantener una calidad de vida y la perspectiva de un verdadero desarrollo sustentable en base a la biodiversidad que es lo único que aún nos queda. 

COMITÉ CIENTÍFICO DE BIOTECNOLOGÍA

PhD.  Roger Carvajal S.                               PhD.  Nataly Ascarrunz

Lic. Msc. Rosa Virginia Suarez A.                     Lic. Oscar Saavedra

PhD. Noemí Tirado

Bolivia, 21 de septiembre de 2018

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