La nueva Ley de Autonomías ha determinado con mayor claridad las responsabilidades y atribuciones de cada instancia de administración territorial. Sin embargo, la medida ha encontrado a todas éstas instancias en un momento en el cual ninguna posee una estructura organizacional estable, recursos humanos, materiales y económicos que les permita enfrentar con solvencia las demandas que reclama de ellas la Nueva Constitución Política del Estado.
Lo mas lamentable, es que tan delicado momento de nuestra historia ha cogido a la máxima entidad sectorial de Culturas sumida en una de las mayores crisis institucionales que se recuerde. En esta situación, la instancia encargada de Arqueología lleva la peor parte, debido a la reciente intervención que ha sufrido, que si bien desestructuró la mafia que por más de dos décadas hizo usufructo ilegal del patrimonio, no llegó a erradicar por completo a los principales cabecillas de este nefasto periodo.
La actual dirección de la Arqueología Boliviana se halla reducida a la mínima expresión, sin recursos técnicos, legales, materiales y económicos. Lo cual se agrava debido a su vulnerabilidad política e institucional, pues tanto el cargo de Jefe de la UNAR como el de Dirección de Patrimonio (de la cual forma parte) son ocupados por personal interino, cuyas fortalezas académicas no son suficientes para cubrir sus deficiencias directivas, gerenciales y de liderazgo, lo cual ésta generando desequilibrios de gestión que no contribuyen a salir del entuerto en el que se halla, y menos enrumbarla hacia mejores derroteros.
Si este clima continúa, el impacto va a sentirse con mayor profundidad y dramatismo, debido a las nuevas responsabilidades y atribuciones que han sido conferidas a los Gobiernos Departamentales, Municipales, Regionales y autonomías indígenas, quienes a falta de una adecuada coordinación con el nivel central, la carencia de una Ley de Patrimonio y la necesidad de responder a demandas locales, pueden dañar el patrimonio nacional de una manera y dimensión incontrolable e irreversible.
Lo mas lamentable, es que tan delicado momento de nuestra historia ha cogido a la máxima entidad sectorial de Culturas sumida en una de las mayores crisis institucionales que se recuerde. En esta situación, la instancia encargada de Arqueología lleva la peor parte, debido a la reciente intervención que ha sufrido, que si bien desestructuró la mafia que por más de dos décadas hizo usufructo ilegal del patrimonio, no llegó a erradicar por completo a los principales cabecillas de este nefasto periodo.
La actual dirección de la Arqueología Boliviana se halla reducida a la mínima expresión, sin recursos técnicos, legales, materiales y económicos. Lo cual se agrava debido a su vulnerabilidad política e institucional, pues tanto el cargo de Jefe de la UNAR como el de Dirección de Patrimonio (de la cual forma parte) son ocupados por personal interino, cuyas fortalezas académicas no son suficientes para cubrir sus deficiencias directivas, gerenciales y de liderazgo, lo cual ésta generando desequilibrios de gestión que no contribuyen a salir del entuerto en el que se halla, y menos enrumbarla hacia mejores derroteros.
Si este clima continúa, el impacto va a sentirse con mayor profundidad y dramatismo, debido a las nuevas responsabilidades y atribuciones que han sido conferidas a los Gobiernos Departamentales, Municipales, Regionales y autonomías indígenas, quienes a falta de una adecuada coordinación con el nivel central, la carencia de una Ley de Patrimonio y la necesidad de responder a demandas locales, pueden dañar el patrimonio nacional de una manera y dimensión incontrolable e irreversible.
Al haberse cumplido 6 meses de Zulma Yugar a la cabeza del Ministerio de Culturas, muy poco se ha avanzado en dar institucionalidad y estabilidad a ésta repartición estatal, que lejos de fortalecerse con nuevas políticas y personal capacitado, se ha entregado al manejo doméstico, informal e improvisado, maquillado malamente con intervenciones mediáticas poco afortunadas y escándalos internos que llaman a la reflexión sobre su capacidad técnica y política para manejar el sector.
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