 |
| Excavaciones 2004 en Chunchukala, Tiwanaku |
Han transcurrido más de siete meses desde que fuera aprobado un precario, incompleto y anticonstitucional reglamento que pretende regir las actividades arqueológicas en Bolivia. Esta pretendida normativa es sólo una de las muchas aberraciones técnicas, jurídicas y administrativas que han emanado recientemente del Ministerio de Culturas. Su aplicación es, no solamente inviable desde que fue aprobada, sino que por la forma compleja y entreverada con la que fue organizada, carece de un procedimiento claro para los permisos, no define responsabilidades puntuales, plazos y sanciones para los involucrados, que son, tanto quienes intervienen sobre el patrimonio cultural arqueológico, como quienes lo administran desde las instancias estatales nacionales y subnacionales; mucho menos dimensionar adecuadamente las capacidades técnicas y administrativas de su Unidad de Arqueología y Museos (UDAM) para responder a toda la responsabilidades, que de manera absurda y antiautonómica, se carga a la espalda.
La comunidad arqueológica de todo el país ha reclamado airadamente al Ministerio de Culturas por la aprobación de un reglamento tan deficientemente elaborado. A su turno, se han manifestado la Sociedad de Arqueología de La Paz, el INIAM de la Universidad Mayor de San Simon, la Carrera de Arqueología de la Universidad Mayor de San Andrés, el Gobierno Autónomo Municipal de Tiwanaku, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la Gobernación Autónoma del Departamento de La Paz, entre otras instituciones que involucran a museos universitarios y entidades de investigación de todo el país.
Hasta la fecha el Ministerio de Culturas no ha dado señal de querer tratar este tema con los directos involucrados y actores de la normativa, por el contrario se ha encerrado en una actitud autista, soberbia y dictatorial que no le hace nada bien al sector ni a la viabilidad de la normativa, dejando con esta actitud aún más desguarnecidos y vulnerables a los sitios arqueológicos de todo el país, y ahuyentando cada vez más a la investigación académica y profesional, tanto boliviana como extranjera, que por muchos años ha contribuido a incrementar el conocimiento del pasado prehispánico de nuestros pueblos, aspecto de gran valor considerando la orfandad que tiene la investigación arqueológica boliviana respecto del Estado y de sus instituciones gubernamentales, que como el Ministerio de Culturas y quienes lo dirigen, extreman sus esfuerzos en el desesperado afán de ganarse la venia presidencial con proyectos como el Museo de Orinoca, antes que velar por la protección del inmenso patrimonio arqueológico de todo el país.
La temporada de invierno se avecina y con ella las condiciones que permiten anualmente la implementación de investigaciones arqueológicas. En ésta perspectiva investigadores y tesistas de la Universidad Mayor de San Andrés, tesistas e investigadores de universidades extranjeras y proyectos de los diferentes museos y universidades del país solicitarán los permisos respectivos para llevar adelante trabajos arqueológicos, aspecto que no tendrá un adecuado manejo mientras se mantenga el panorama generado por la defectuosa normativa que maneja el Ministerio de Culturas. Es por tanto necesario que las autoridades políticas que manejan la Dirección General de Patrimonio y la UDAM en el Ministerio de Culturas reflexionen y enmienden sus errores llamando a una reunión ampliada de todos los actores involucrados para corregir y complementar esta normativa, a fin de que su aplicación sea útil y apropiada a la realidad del país y sus instituciones.
