La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) exige al TCP la ratificación de la acción popular que protege sus derechos

Reproduzco en este posteo la nota que me fue enviada por el periodista Edwin Conde sobre la demanda que efectuarán los dirigentes del CPILAP este 1° de julio en Sucre frente al Tribunal Constitucional Plurinacional, entidad envilecida y corrupta manejada como brazo de represión por parte del régimen que maneja el país. 

Pueblos indígenas exigen al Tribunal Constitucional Plurinacional ratificación de la acción popular que protege sus derechos

Los dirigentes de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), tienen previsto asumir en Sucre, el acto jurídico de apersonamiento para solicitar al Tribunal Constitucional Plurinacional la ratificación de la acción popular que protege sus derechos contra la minería aurífera ilegal, y requerir que sean informados si la resolución judicial emitida por el Juez de Garantías Constitucionales de Rurrenabaque sufre algún cambio u observación.

La presentación del memorial será ingresado por la ventanilla única del Tribunal Constitucional Plurinacional, el próximo lunes primero de julio en la ciudad de Sucre. La autoridad judicial encargada de la revisión de la sentencia de la Acción Popular favorable a la CPILAP tiene plazos perentorios para revisar la documentación que está clasificada con el código “EXP 58822-AP”.

En junio de 2023, se mostraron los resultados alarmantes del estudio científico denominado “Impacto de la minería aurífera en comunidades indígenas” que se realizó con muestras de cabellos de más de 300 personas por iniciativa de la CPILAP y se conoció que la contaminación por mercurio afecta a seis pueblos indígenas del norte de La Paz, quienes superan de dos a siete veces el límite permitido por las organizaciones mundiales de salud.

En esa oportunidad, lamentablemente, se reveló que los más afectados son los pueblos tsimane y ese ejja, que se alimentan de pescado y que habitan en la cuenca baja de los ríos, donde se concentran los desechos que se originan en la parte superior por la intensiva actividad minera mecanizada que emplea el mercurio para el rescate de oro.

El vicepresidente de la CPILAP, Lino Illimuri dijo que la contaminación más alarmante es de los hermanos ese ejjas que se alimentan de pescado continuamente y que por ello son los que tienen mayor contaminación con mercurio con 6,9 ppm (partes por millón). Le siguen los tsimanes con 6,8 ppm, los mosetenes con 4,0 ppm, uchupiamonas con 2,5 ppm, tacanas con 2,1 ppm y los lecos con 1.9 ppm. “Toda la recolección de muestras y sus resultados superan los límites permitidos”.

La acción popular

El artículo 135 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que, “la Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Constitución”.

La acción popular fue presentada el pasado primero de agosto por los dirigentes de los pueblos indígenas al Juzgado de Rurrenabaque, en demanda por la vulneración de sus derechos a la libre determinación, a la consulta previa libre e informada, al medio ambiente sano, a la gestión territorial, a la salud, y a la integridad del territorios de los pueblos indígenas que conforman la CPILAP, provocada por las actividades mineras en los ríos Beni, Madre de Dios y sus afluentes los ríos Kaka, Alto Beni, Tuichi y Quiquibey.

Las instancias accionadas fueron el Ministerio de Medioambiente y Agua, el Ministerio de Minería y Metalurgia, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM (Nacional y Departamental de La Paz), el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y sus secretarías de Derechos de la Madre Tierra y de Minería.

En la acción popular se denunció que las autoridades han incumplido su deber de controlar y fiscalizar la actividad minera aurífera que utiliza sustancias tóxicas como el mercurio; además, no han tomado medidas efectivas para proteger los derechos antes mencionados de los pueblos indígenas que habitan la Cuenca de los ríos Beni y Madre de Dios.

En una primera audiencia virtual del proceso judicial que se cumplió el nueve de agosto de 2023, el Juez Mixto de Rurrenabaque, constituido en Tribunal de Garantías, Edwin Pallete dictaminó como medida cautelar la suspensión de las actividades mineras ilegales en los ríos Beni y Madre de Dios y sus afluentes, e identificó a la AJAM como la instancia responsable de dar cumplimiento.

También solicitó al SENASAG, SEDES, Ministerio de Salud y Deportes y a la UMSA, en calidad de Amicus Curiae (terceros ajenos a la disputa que aportan con argumentos u opiniones) la entrega de informes referidos a los impactos de la minería aurífera por contaminación con mercurio en los peces y en la salud de las personas.

Fallo histórico

La audiencia decisiva se realizó del ocho al nueve de septiembre de 2023 y se extendió por 15 horas, en esa oportunidad el Juzgado Mixto de Rurrenabaque determinó conceder la tutela solicitada por la CPILAP, que fue calificada como un “fallo histórico”, porque la misma logró obtener medidas específicas de protección, identificando las instituciones responsables de cumplirlas.

Respondiendo al petitorio de los pueblos indígenas y de acuerdo a las irrefutables pruebas que fueron presentadas en el proceso, el Juzgado de Rurrenabaque dispuso la suspensión de todas las actividades mineras ilegales y de aquellas que no cuenten con licencia ambiental en los ríos Beni, Madre de Dios y sus afluentes, los ríos Alto Beni, Kaka, Quiquibey, Tuichi y Tequeje. A su vez, estableció la prohibición de otorgar nuevos derechos mineros en las cuencas de estos ríos. 

Otro de los puntos centrales de la Resolución Judicial fue el mandato a la AJAM de “desarrollar verdaderos procesos de consulta previa, de acuerdo a estándares internacionales, y que este proceso debe alcanzar también a los casos de adecuación por derechos preconstituidos”.

Resolvió que se garantice la participación de la CPILAP y de las comunidades indígenas, originario campesinas e incluso interculturales de la región en la elaboración del Plan de Nacional de control, uso y reducción del Mercurio.

De la misma manera el Juez ordenó a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera que en coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Bolivia realicen controles rutinarios en los

ríos Beni y Madre de Dios, así como también en los ríos Tuichi, Quiquibey, Kaka, Alto Beni y Tequeje para controlar y evitar la proliferación de la minería ilegal.

Los dirigentes de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz coincidieron en remarcar la fundamental importancia que tiene el cumplimiento de la resolución judicial de la acción popular, por lo que confirmaron su presencia en la ciudad de Sucre el próximo lunes para presentar el memorial al Tribunal Constitucional Plurinacional exigiendo su ratificación. (CPILAP)

ATENTADO SALVAJE DESTRUYE LA TORRE FUNERARIA DE CHICANI, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO PACEÑO

Figura 1. Conjunto de lajas que quedaron despues de la demolición de la torre funeraria de Chicani

La torre funeraria de Chicani, era la última, de al menos 11 torres funerarias (Chullpares) que se hallaban en pie hasta el año 1988 (Lémuz y Aranda 2007). El crecimiento urbano ha dado cuenta  de casi todas. Una reciente prospección arqueológica efectuada por la el Proyecto Arqueológico Chicani registró la presencia de rastros de 7 lugares donde estuvieron emplazadas torres funerarias (Lémuz y Gerónimo 2020), siendo una de ellas y con seguridad la mejor conservada, la ubicada en un predio, que hasta hace poco era un espacio agrícola y que recientemente fue convertido en un espacio de expansión urbana, sin que el Gobierno Municipal de La Paz (o el de Palca), tomaran previsiones para proteger este tipo de monumentos arqueológicos de loteadores, constructores, avasalladores, e incluso de los mismos comunarios o vecinos de Chicani. 

Figura 2, Torre funeraria de Chicani documentada por el arqueólogo Carlos Lémuz en 1988

El año 2018 una estructura funeraria muy compleja fue afectada mientras se abrian zanjas para la construcción de el muro perimetral de un lote, el hecho fue advertido a la Unidad de Arqueología y Museos, al instituto de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas y la Dirección de Patrimonio del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, sin que ninguno muestre iniciativa para hacer algo, pues el trabajo constructivo expuso los restos de 6 individuos. Cuando el hecho fue comunicado a la Sociedad de Arqueología de La Paz y al Instituto de Investigaciones de paleoparasitología de la UMSA, recién se iniciaron acciones para salvaguardar e investigar el sitio. Un convenio entre estas dos entidades y el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas de la UMSA dio paso a una primera fase de rescate del entierro colectivo, recuperándose 24 individuos y documentándose una extraordinaria estructura funeraria.  A la fecha el lugar sigue sin que las autoridades municipales tomen los recaudos para proteger el sitio, menos para que intervenga la gobernación de La Paz o el Ministerio de Culturas. 

El año 2020 los investigadores a cargo de la prospección advirtieron reiteradamente sobre el peligro que asechaba a la torre funeraria mejor conservada de Chicani, incluyendo una ponencia en un evento que auspició el propio municipio. No obstante, y a pesar de la insistente gestión de los técnicos arqueólogos del GAMLP, la demanda no fue escuchada por las máximas autoridades del GAMLP, particularmente por el Secretario de Culturas actual, menos por el Alcalde o funcionarios de los puestos de decisión responsables del patrimonio cultural. 

Figura 3. Torre funeraria durante una visita de reconocimiento en 2020

Hace dos meses, según reportan vecinos del lugar, la torre fue destruida por la actual dueña del predio Sra. Alicia Copa, quien desoyendo las súplicas de las hijas y de su madre (una anciana que custodiaba la torre junto a su perro), tomó la decisión de demoler el chullpar, segura de quedar impune frente al atentado. El hecho fue recién observado por una visita de una comitiva de la Carrera de Arqueología de la UMSA, cuyo docente dio parte al arqueólogo del GAMLP sobre este daño irreparable, solicitándole que se aplique la ley 530 y el código penal contra la perpetradora de tan brutal acción. El arqueólogo se comprometió ha viabilizar las gestiones y hacer las investigaciones respectivas. Sin embargo, quienes formamos parte de la Sociedad de Arqueología de La Paz, creemos que esta acción no tendrá mayores consecuencias, pues en pasados años otra torre funeraria, ubicada de Chijipata, fue dañada, primero por la inacción de las autoridades de patrimonio del GAMLP (quienes desde el año 2003 sabian de esta torre y su crítica situación). El año 2015, la DPT del GAMLP tomó la decisión de implementar una intervención de conservación mediante la contratación arbitraria y discrecional de un equipo de incompetentes "conservadores" que dañaron la torre, la cual fue nuevamente afectada por el colapso de su cobertura. Estos hechos nunca fueron sancionados, pese al reclamo expresado, tanto por la Sociedad de Arqueología de La Paz, como por arqueólogos que formaban parte de la mesa de patrimonio del CONCIPCULTA.

Mediante esta nota, hacemos un llamado a las autoridades de la Gobernación de La Paz, al Ministerio de Culturas, Descolobnización y Despatriarcalización y al propio Gobierno Municipal de La Paz para que sienten un precedente legal respecto a la protección del patrimonio y la aplicación estricta de las leyes 530 del Patrimonio Cultural Boliviano y la Ley Municipal de Culturas 265, además del Código Penal Boliviano y las sanciones establecidas en ellas. Demandamos también, que se tomen acciones reales y honestas para proteger el patrimonio arqueológico paceño, que desde hace más de tres años tiene un reglamento arqueológico, premeditadamente y sospechosamente detenido por las autoridades municipales de la presente gestión del alcalde Arias.  

Figura 4. Perro custodiando la torre funeraria de Chicani en octubre de 2020

CRÍMENES CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL PACEÑO SUMAN COMPLICES, ENCUBRIDORES Y FANATICOS FUNDAMENTALISTAS

El pasado 2 de agosto del presente año, un grupo de inadaptados, disfrazados con atuendos estilizados de campesinos aymaras, treparon al monumento a Colón, ubicado en el paseo de El Prado de La Paz, pintaron su cabeza con pintura negra y golpearon con un combo su rostro hasta desportillar su nariz. El acto vandálico fue efectuado a plena luz del día, ante la vista y paciencia de transeúntes, periodistas y cámaras de la televisión estatal y para - estatal, sin que policías o sociedad civil hagan nada por detenerlos. El grupo de delincuentes, tras hacer un show mediático fue detenido por la policía y luego liberados. 

Medios de prensa afines al actual gobierno se solidarizaron con el crimen y difundieron las escenas de éste como si fueran actos heroicos. Otros actores de la farándula mediática  - afin al actual gobierno - como María Galindo del Grupo Mujeres Creando, entrevistaron al grupo de delincuentes cual si fueran celebridades, haciendo además una apología del delito.

Más allá de la figura de Colón y lo que significó para  el continente americano, el monumento emplazado en El Prado, es una pieza escultórica de gran valor artístico, considerado por el municipio paceño como su patrimonio cultural. Lamentablemente lo sucedido el pasado 2 de agosto no es un hecho aislado, sino una práctica recurrente que hasta la fecha no ha recibido sanción alguna. Monumentos como los de Isabel La Católica y el propio Colón han sido dañados el año 2020 y "les" delincuentes siguen libres, ahora con apoyo político del gobierno, el cual a fuerza de propaganda, reinvención de una historia surgida de la mente de sus imaginativos ideólogos y cómplices de la escena mediática, intentan borrar la realidad de un pasado, que aunque duela o tenga mucha injusticia como carga, sucedió y eso es imposible borrar con la mera ideología, la mentira o el engaño, como se pretende en estos últimos años. 

Recientemente, los actores culturales ligados al patrimonio arqueológico, arquitectónico, histórico y cultural de La Paz, reunidos en la Mesa de Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico del Consejo  Ciudadano para la Cultura y las Artes (CONCIPCULTA) trato este tema en su reunión de agosto, decidiendo solicitar a su Directorio enviar una nota al Gobierno Municipal para conocer que es lo que se hace desde esa entidad con respecto al crimen perpetrado contra el patrimonio paceño, solicitando además que la respuesta sea enérgica y firme en la aplicación de la ley, recordando que el patrimonio boliviano y paceño están protegidos por la Constitución Política del Estado, la Ley del Patrimonio Cultural Boliviano 530, la Ley Municipal de Culturas 265, y que su daño, hurto o destrucción tienen penas de hasta 8 años según el Código Penal vigente. Se pedía también consultar al GAMLP sobre el protocolo y procedimientos que existen en el Gobierno Municipal para la denuncia y aplicación de la Ley de Patrimonio cuando se identifican delitos de orden patrimonial. Que articulación o coordinación tiene el GAMLP con el Ministerio Público y la Policía Boliviana pata proteger nuestro patrimonio arqueológico, arquitectónico, histórico o artístico. 

Lamentablemente el actual directorio del CONCIPCULTA negó atender el requerimiento y expuso una posición ideológica y política afín a los delincuentes y criminales que perpetraron tal atentado, atribuyéndose una cualidad que los actores culturales paceños no le hemos otorgado. Con esta funesta actitud, la nueva y descolorida directiva del CONCIPCULTA desnuda su verdadero rostro afín a las políticas del MAS y sus grupos de choque, que es el verdadero origen de los grupos delincuenciales que viene asolando el patrimonio histórico, artístico, arqueológico y cultural boliviano.  

Frente a la negativa del Directorio del CONCIPCULTA, la Mesa de Actores Patrimoniales de esa organización, de manera independiente y ética, emitió una nota dirigida al Director de Patrimonio Cultural del GAMLP, Arquitecto Salvatierra manifestando la preocupación por los hechos suscitados y solicitándole la información referida. 

Preocupa de sobremanera, la multiplicación de grupos de violentos, exaltados y criminales que han tomado como objetivo la destrucción del patrimonio histórico, cultural y arqueológico del pueblo boliviano, sin que medie institución o norma que los detenga, dado que muchos de ellos se encuentran amparados por el actual régimen. La única vía de defensa es la acción ciudadana, alerta, vigilante y activa para proteger nuestro patrimonio, la verdad, las leyes y los valores expresados en la Constitución Política del Estado.

 

LO QUE LE ESPERA A LA ARQUEOLOGÍA PACEÑA TRAS LAS ELECCIONES SUBNACIONALES

 

Material arqueológico perteneciente al valle de La Paz

Los resultados de las ultimas elecciones subnacionales han dejado el bosquejo de un panorama  sombrío sobre el futuro de la arqueología paceña, mucho mayor que el que ahora vivimos. Muchos han sido los candidatos, pero pocas veces se han visto tan pocas y tan pobres propuestas, no sólo para el ámbito cultural, sino para todos los ámbitos en los que tienen competencia los gobiernos  departamentales y municipales. 

La propuesta del candidato electo para el municipio de La Paz presenta un deprimente punteo de acciones, donde la gestión del patrimonio y el desarrollo de la cultura parecen haberse extraviado, Ni hablar de como se pretende trabajar en la gestión del patrimonio arqueológico, la recuperación y protección de este, o lo que se pretende hacer con los museos municipales. Se habló de reuniones de transición entre el equipo del alcalde electo y los distintos responsables de la actual gestión, pero poco ha trascendido de quienes conforman ese equipo y si los temas  que se tocan van más allá de los meramente administrativos. En particular nos preocupa lo que se hará en el marco del patrimonio arqueológico y su gestión. ¿Será que el nuevo alcalde empleará las herramientas que le deja la gestión saliente, tal como viene a ser el Plan Estratégico Municipal para las Culturas y las Artes?, ¿Habrá una completa  re-estructuración del Gobierno Municipal en razón de los intereses y propuestas de la gestión municipal entrante?; ¿Tendrán una idea de cual es el mapa de actores culturales y que demandas plantean? . Lo cierto es que durante las campañas hubo muy poco acercamiento entre los candidatos y la colectividad cultural del departamento y del municipio de La Paz y es probable que ninguna de las autoridades electas tenga una clara idea de lo que implica gestionar el patrimonio arqueológico paceño. 

Reunión de inicio para la transición municipal en la Secretaria de culturas

Es costumbre de los gobiernos entrantes hacer un cambio radical del personal  que estuvo a cargo de la gestión anterior, pero es mas sensato evaluar la gestión y generar relevos inteligentes para evitar la perdida de información, capital institucional, documentación y principalmente del valioso capital humano que podría encontrarse en los estratos técnicos. Es también cierto que La Paz rechazó masivamente la continuidad del actual alcalde y lo que representa para sus pobladores, pero lo que le espera en el ámbito cultural y arqueológico podría ser un drástico retroceso, si los actores que trabajan  en éste sector no posicionan sus puntos en la agenda municipal  o dejan que la nueva gestión se organice con la misma ignorancia con la que hizo su campaña electoral. 

Propuesta de Ivan Arias para la gestión municipal de la cultura

En el nivel departamental el panorama es mucho más oscuro, teniendo en cuenta quienes han logrado habilitarse para una segunda vuelta. Ninguno de tales candidatos ha formulado una propuesta para el tema cultural o patrimonial, la mayor parte deriva su conocimiento del patrimonio arqueológico como un apéndice de la ámbito turístico, casi como lo ha hecho la última gestión departamental liderada por Felix Patzi, cuyas políticas para la gestión del patrimonio arqueológico fueron extremadamente limitadas.

La situación actual de la gestión patrimonial desde el nivel central  es dramáticamente crítica, tal como lo ha dejado ver el ex-viceministro de interculturalidad Sergio Prudencio, que en su carta de renuncia al cargo (hace escasos días), observa que el viceministerio que se hallaba bajo su cargo, no cuenta con el mínimo margen institucional para operar pues acusa una carencia crítica de recursos económicos y humanos que son necesarios para la gestión cultural y patrimonial a nivel nacional.  Queda claro que tras su traspaso al Ministerio de Educación, su presupuesto se redujo a la mínima expresión, siendo básicamente el mismo con el que ahora se pretende hacer funcionar todo el nuevo ministerio. Lo censurable y penoso es que los recursos que estaban destinados a cubrir los sueldos del personal técnico y administrativo, particularmente para patrimonio y arqueología, fueron usados para cubrir los gastos de su jerarquía política y el entorno burocrático del nivel ministerial. Como consecuencia la Unidad de Arqueología y Museos ha sido desmantelada o desaparecida, lo mismo que el Museo Nacional de Arqueología, que ahora existe solo como un depósito desprotegido de invaluable valor arqueológico. 

Santos Quispe, candidato que se acerca claramente a ser el ganador de la segunda vuelta en el departamento de La Paz

Como consecuencia, ninguno de los niveles nacionales y subnacionales tiene capacidad de fiscalización para la protección del patrimonio arqueológico nacional, menos gestionarlo como establece la ley, lo cual ameritaria para cada una de las autoridades vigentes  un cargo por incumplimiento de deberes.

A futuro, el estado central no presenta señales de querer cambiar esta situación dentro del actual Ministerio de Culturas ....., los planes del gobernador que sea electo (cualquiera) y la propuesta del  Alcalde entrante no indican que el conocimiento y la gestión del patrimonio arqueológico sea algo que esté en sus prioridades. Sin embargo queda el principio de la duda y habrá que esperar. 

No obstante la tendencia de las políticas nacionales y subnacionales dirigidas a extinguir su responsabilidad con respecto al patrimonio arqueológico, la comunidad arqueológica, los defensores del patrimonio y la sociedad civil organizada cuentan con mecanismos que pueden y deben ser activados para obligar a todas las instancias gubernamentales a cumplir su responsabilidad con el patrimonio arqueológico y cultural de los bolivianos. La CPE, la Ley Marco de Autonomías, La ley de Patrimonio, la Ley Municipal de Culturas, el Código penal y los instrumentos normativos de nivel operativo, son herramientas que deben usarse para demandar a los respectivos gobiernos en la medida que intentes soslayar o incumplir sus deberes ante la ley.

Reinhumación, Poema de Ariel Pérez

 

Hoy ha vuelto los huesos a la tierra

-Nadie lloró por ellos-

humo

tierra

incienso en la Mesa

 

Ocho osamentas en la urna

Ocho entidades perdidas

 

Hoy han vuelto los huesos a la tierra

 

El yatiri calcina frutas

coca

grasa

un arcoíris de lana

 

Una mujer observa la escena desde su casa

y vuela una paloma en el aire enrarecido

 

Entonces comprendo el valor de lo arcaico

y que lo eterno

se asemeja al olvido

 

 

Ariel Pérez

Miraflores 29/11/2017

EL GAMLP EMITE NUEVO REGLAMENTO DE AUTORIZACIONES PARA ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ

Mediante Decreto Municipal 036/2020 de 30 de octubre del 2020 el Gobierno Municipal de La Paz  ha puesto en vigencia su reglamento para emitir autorizaciones para estudios arqueológicos de evaluación y mitigación de impacto arqueológico, asumiendo así las competencias que la Ley Marco de Autonomías y la Ley del Patrimonio Cultural Boliviano le asigna. Un gran paso que deberá ser culminado con la emisión del Reglamento Arqueológico, cuya aprobación se encuentra parado desde hace dos años en las esferas burocráticas municipales. 

Con este Decreto Municipal y el Reglamento que pone en vigencia, se fortalece en gran manera la autonomía municipal respecto del excesivo centralismo que ha dominado la gestión de la arqueología boliviana. 

El texto completo del Reglamento puede ser descargado desde la siguiente dirección: 

https://drive.google.com/file/d/1xZKXiuiGB8uVyal77Dy0wVqjUoffkvVt/view?usp=sharing

LA ARQUEOLOGÍA BOLIVIANA: OCHO MESES CON PILOTO AUTOMÁTICO Y EN CAÍDA LIBRE

Tras el final de uno de los mas nefastos periodos del manejo de la administración de la arqueología boliviana en diciembre del 2018, le siguió un periodo inerte, estéril y vacío de gestión, con absolutamente nada por rescatar, que empezando en abril del 2019 culminó en enero del 2020.  No obstante que el nuevo gobierno de transición inició sus gestiones en noviembre del 2019, es recién hasta mediados de enero del 2020 que se designa un reemplazo en lugar de aquella posesionada en la gestión de la Ministra Alanoca. Se designa a un historiador y abogado que en dos meses intentó enderezar el curso tomado por la unidad, pero en marzo se efectuó un nuevo cambio, dejando el puesto a un antropólogo en calidad de jefe interino. Una última reunión dirigida por el Director de Patrimonio del MDCyT y abogados del Viceministerio de Interculturalidad, en la que participó un nutrido grupo de arqueólogos, puso en blanco y negro los desatinos, errores y delitos de quienes inventaron el funesto Reglamento de Autorizaciones para Intervenciones Arqueológicas (PM 020/2018) y abrió paso para el desarrollo de una nueva norma que lo reemplazara. Lamentablemente la pandemia, la cuarentena y la errática política de las cabezas que dirigen el gobierno transitorio terminaron por descuartizar el ex- Ministerio de Culturas y Turismo y derivar recientemente en la designación de otra persona, no sólo ajena a la gestión de la arqueología boliviana, sino también a la disciplina, dejando en cero los escasos rastros de avance que parecían darse  en marzo pasado. 

Como hace más de 15 años, la arqueología vuelve a estar bajo la cartera ministerial de Educación, esta vez con un ministro altamente conservador, muy afín al fundamentalismo cristiano e ignorante de la realidad que envuelve a la arqueología, el patrimonio y la cultura nacional. ¿Que se puede esperar del curso de lo que queda de la gestión transitoria en materia de protección del patrimonio?: ABSOLUTAMENTE NADA. Contrariamente, se espera una mayor virulencia contra el patrimonio cultural, cuya primera y central manifestación viene dada por la emisión del DS 4232 que abre ilegalmente la posibilidad de introducir maíz transgénico, vulnerando La CPE, la Ley 530 del Patrimonio Cultural Boliviano, La ley 300 de la Madre Tierra, la Ley 144 y otro número de normas y tratados internacionales, amenazando con liquidar el patrimonio genético cultural de nuestros pueblos y atentar contra la salud de todos los bolivianos. A eso se suma el achicamiento de las instancias que manejan la arqueología, su debilitamiento técnico, legal y administrativo, hecho que acrecienta su incapacidad de proteger el patrimonio, tal como quedó evidente con los tristes casos del incendio en los bosques chiquitanos o la destrucción del camino prehispánico de Yunga Cruz. 

¿Mas ineptitud y mala fé es posible en la gestión de la cultura y protección del patrimonio?, pues SI, es posible y la seguiremos presenciando mientras tengamos un gobierno como este, o como el anterior, con funcionarios improvisados, advenedizos, oportunistas, sin capacidad técnica o compromiso y sin escrúpulos a la hora de escaparle a sus deberes para con el cuidado y protección del patrimonio. 

Lamentable y tristemente, la escuálida colectividad arqueológica se encuentra aletargada, fragmentada sin capacidad de reacción, envuelta en sus mezquindades pseudoacadémicas y su inercia abúlica, sin vocación ni horizonte que ayuden a distinguir alguna señal positiva para construir un mejor futuro para la tambaleante arqueología boliviana.  

Video Conversatorio virtual sobre el Camino Prehispánico de Yunga Cruz: Protección, conservación, estudio y uso turístico

¿QUE PASARÁ CON LA ARQUEOLOGÍA BOLIVIANA TRAS LA CRISIS DEL COVID 19?

Es bien sabido que la cultura es uno de los sectores menos favorecidos en la distribución presupuestaria del estado boliviano. Tras poco más de 10 años desde que fuera creado el Ministerio de Culturas y Turismo, muy pocas cosas han cambiado en relación al estatus e importancia que la cultura ha tenido para los gobernantes desde hace 20 años. Si bien hubo cierta expectativa respecto a la creación del Ministerio de Culturas, cuando Pablo Groux ocupaba la el cargo de Viceministro de Culturas, poco tardamos en constatar que aquella medida fue meramente demagógica, pues ni sus atribuciones y menos su presupuesto cambiaron respecto de su situación anterior. 

La fragilidad institucional de esta entidad, su extremada politización y su carácter periférico a los intereses y objetivos del gobierno pasado, derivaron en que importantes montos de financiamientos para la arqueología (Banco Mundial, BID, Cooperación Belga), se perdieran o fueran distorsionados en su manejo, con los consiguientes impactos negativos para el patrimonio y la cultura.

Entre el 2006 y 2013 el estado boliviano acopió un superávit fiscal sin precedentes, llegando a un valor acumulado de 14.5% respecto del PIB. Desde el 2014, una crisis mundial en los precios de las materias primas y el petroleo derivó en un efecto lento pero sentido en la economía boliviana, que sumado al mal manejo de la economía nacional, dio como resultado un déficit fiscal acumulado al 2019 del 46.8% respecto al PIB. Hasta el año 2015 el presupuesto de Culturas se mantuvo con leves variaciones, pero para el año 2016 y en adelante los recortes fueron significativos, impactando principalmente en los proyectos culturales, la estructura de personal y finalmente en los recursos destinados a su operación. 

Los impactos que trajo la recuperación del orden democrático entre octubre y diciembre del 2019 y la expansión de la pandemia del Covid 19 amenazan con ser devastadores para la economía boliviana, principalmente para los sectores informales y con menores recursos. Se estima una caída de al menos un 2 a 3 % en el Producto Interno Bruto en relación al 2019 (4.7%), donde aún no se ha estimado el efecto final de la caída de los precios del petroleo, los minerales y las exportaciones no tradicionales del país. El presupuesto aprobado para el 2020 es de 282.273 millones de bolivianos, 1.4% menos que el dispuesto para el 2019, lo que implica una reducción presupuestaria en varios ámbitos de la actividad gubernamental. La inversión pública se estimó que se vería afectada en un 17.5% respecto a la efectuada el 2019, teniendo un mayor impacto en las áreas de infraestructura e inversión multisectorial. 

¿Que se espera para la arqueología boliviana en este contexto?

Se espera un Ministerio de Culturas y Turismo en transición, sin recursos económicos, técnicos ni humanos, sin capacidad de gestión ni posibilidades de hacer o programar cambios importantes, como los demandados por la colectividad arqueológica desde el año 2018 (Correcciones a la Ley 530, desarrollo de reglamentos, profundización de la descentralización en la gestión cultural y defensa del patrimonio, entre otros).

Lo que actualmente se tiene es una gestión ministerial decorativa, como continuidad de la que dejó Morales, sin capacidad para defender el patrimonio, casi tanto como aconteció con el incendio de los bosques Chiquitanos o la introducción de especies transgénicas que ponen en serio peligro el patrimonio natural, cultural y genético de nuestro país.

Se espera un sistema universitario paralizado, cursando dificultosamente la formación de los alumnos de manera virtual, sin posibilidades de hacer mayor investigación de campo o de laboratorio, menos el emprender nuevas iniciativas de proyectos o programas de formación de sus graduados. 

La baja en los recursos del IDH dará lugar a la interrupción de muchos proyectos y a la caída en la investigación o mejora de las condiciones de investigación universitaria. 

En el ámbito laboral, los arqueólogos que efectuaban trabajos de contrato en obras de infraestructura pública y privada verán disminuir, sino desaparecer sus opciones de trabajo, pues la caída de la inversión pública, el desplome de las inversiones privadas en obras de construcción privada y la imposibilidad laboral que impone la cuarentena, determinarán que menos de un tercio del año sea realmente productivo, o con alguna posibilidad de obtener ingresos por la venta de sus servicios. 

En cuanto a la investigación promovida por proyectos extranjeros, se estima que el año 2020 será nulo, debido a los efectos que tiene la pandemia en el contexto global. Universidades e institutos de investigación europeos y norteamericanos  están volcando todos sus recursos a subsistir o a contribuir en la resolución de los problemas que atraviesan sus países en temas de salud y economía. Se prevé que los escasos proyectos con becas o fondos de investigación extranjeros que llegaban a nuestro país toquen fondo o disminuyan aún mas en los próximos tres años. 

Bolivia cuenta con algo menos de 80 arqueólogos activos dentro del territorio nacional, gran parte en situación de desempleo, subempleo, o intermitentemente empleados, lo cual con seguridad se acentuará dadas las escasas oportunidades laborales o de empleo estable que existe para este sector.  A esto debe sumarse un estimado de 50 o 60 egresados de arqueología que apoyan los trabajos de arqueología de contrato que también deberán re-evaluar sus opciones. 

En suma, la perspectiva de la arqueología para los siguientes años se ve muy sombría, cuyos efectos se sentirán más allá del ámbito laboral o de subsistencia de los arqueólogos y sus familias, pues afectarán con seguridad al patrimonio arqueológico nacional donde el deterioro o destrucción podría acrecentarse como efecto de las emergentes condiciones económicas, sociales y políticas que inaugura el año 2020. 

LA DEVASTACIÓN DE LA AMAZONÍA BOLIVIANA

Tomado de Jean-Pierre LAVAUD

Un abismo separa los exaltados dichos del presidente boliviano en defensa de la Madre Tierra (Pachamama) de las devastadoras políticas forestales que implementa.

Según Antonio Donato Nobre, especialista en clima del Amazonas y autor de un informe titulado "El futuro climático de la Amazonía", el 40% del bosque de la Amazonia brasileña ha sido talado o dañado hasta tal punto que la selva ya no es funcional como un ecosistema. 

Los países vecinos sufren la misma devastación. Un estudio realizado por la revista Science, en base a un mapa creado usando Google Earth muestra que Bolivia es uno de los seis países del mundo que han experimentado la mayor deforestación entre 2000 y 2012 . Según el informe sobre la deforestación Mapa de deforestación de las Tierras Bajas y Yungas de Bolivia, son 1,82 millones de hectáreas de bosques que fueron exterminados entre 2000 y 2010. Y la destrucción parece estar acelerándose: entre 2000 y 2005, la pérdida anual promedio fue de 195 000 ha; la de 2005-2010, se incrementó a 205 000 ha. Según las estimaciones del Programa Nacional de Cambio Climático incluso llegarían entre 300 000 y 350 000 hectáreas . Del 1ro de julio al 30 de septiembre de 2013, Bolivia ha despejado una superficie 167% veces más extensa que el año anterior en el mismo período (de acuerdo con las imágenes captadas por el satélite MODIS), lo que representa para ese periodo la tasa más alta de deforestación en el mundo, frente a Madagascar y Ecuador.  Esta devastación se traduce en la disminución de los recursos hídricos, la degradación de la biodiversidad y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, de manera que las emisiones de CO2 per cápita en Bolivia son más altas que las de Europa Occidental, mientras que su nivel de desarrollo es uno de las más bajos de América del Sur. 

Esto no ha impedido que los defensores de la Pachamama se preparen, a partir de 2012, para la Agenda Patriótica del 2025, arrasar con un millón de hectáreas por año para cuadruplicar la superficie agrícola actual, so pretexto de garantizar la seguridad alimentaria del país . De hecho, sabemos muy bien que las tierras tropicales devastadas serán transferidas en gran medida a la lucrativa cría de ganado y al cultivo de semillas oleaginosas, con la llegada de semillas transgénicas y contaminantes de todo tipo. El resto se destinará a los colonizadores campesinos de los departamentos de tierras altas cuyos chaqueos y quemas sin discernimiento, junto a patrones de cultivo inadaptados al  contexto empobrecen y arruinan el tejido de los bosques; entre sus filas se encuentran los cultivadores de coca, particularmente ávidos  de tierras y tan menos contaminantes como los agroindustriales. En esta perspectiva, el gobierno despliega un extenso programa de colinización en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y La Paz .

El Decreto Supremo nº 1578, promulgado el 7 de mayo de 2013 respalda la deforestación ilegal 5 millones de hectáreas de bosques, y  especifica las modalidades de aplicación de la Ley 337 del Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques del 13 de enero 2013, que permite el cultivo del 20% de las tierras forestales (Tierras de Producción forestal, permanente). Pero bien, la deforestación del 20% de la Amazonía implica poner en riesgo la estructura del bosque, romper la continuidad de los ecosistemas, reducir la biodiversidad y los recursos tradicionales de subsistencia - la pesca, la caza y la recolección, como las almendras y las nueces de Brasil, y demás recursos esenciales norte amazónico de Bolivia.

Además, el gobierno se obstina en cuadricular con caminos los parques protegidos de la selva tropical amazónica. Después de empezar a cruzar por el medio el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) (departamentos de Beni y Cochabamba) - un proyecto temporalmente detenido, pero siempre pendiente – ahora ya también quiere construir una carretera 430 kilómetros entre Santa Rosa y Remanso (departamento de Santa Cruz), que atraviesa la reserva forestal del Bajo Paraguá y el Parque Nacional Noel Kempff Mercado. Ahora sabemos que el camino atrae rápidamente a los colonos.

Y, por último, en su entusiasmo por convertirse en proveedor de energía eléctrica para los países vecinos - planea producir 13.000 megavatios en 2025, incluyendo 10.000 para la exportación, principalmente a Brasil - el gobierno inicia la construcción de enormes represas hidroeléctricsa en los afluentes del Amazonas: la represa de Cachuela Esperanza (departamento del Beni) y las represas del Chepete y el Bala (norte del departamento de la Paz y departamento dle Beni) previstas para producir 3676 megavatios. Estas inundarán parte del Parque Nacional Madidi de la Reserva Biológica (RB) y Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Pilón Lajas, conocido por albergar una de las mayores reservas de biodiversidad en el mundo. Y se afectaría el hábitat de más de una docena de comunidades indígenas.

Esta amplia deforestación no sólo es la pesadilla de las organizaciones de protección del medio ambiente, nacionales e internacionales. En 2011, con motivo de la presentación del informe "Tras las Huellas del Cambio Climático en Bolivia", el representante de la ONU en Bolivia, Yoriko Yasukawa, dijo: "Si Bolivia no es uno de los mayores culpables del calentamiento global general [del planeta], creemos de todas formas que no ha hecho lo suficiente en cuanto a la reducción de [gases de efecto invernadero] si consideramos que destruye cada año 300.000 hectáreas de bosque ". Y pide al Gobierno de Bolivia que se tomen medidas enérgicas para limitar las emisiones. Unos meses más tarde, durante la celebración de “Día Internacional las Poblaciones Indígenas del Mundo”, Yoriko Yasukawainsistait se expresó sobre el hecho de que la deforestación afecta gravemente a los indígenas bolivianos. Afirmaciones diplomáticas y educadas, cuando la deforestación provocará simplemente la desaparición definitiva de los grupos selváticos.

Pero todo esto no parece perturbar a las autoridades nacionales. Para Evo Morales, las reservas forestales fueron creadas por "el imperio norteamericano" para ser intocables e intangibles, y no es admisible que ONGs y fundaciones controlen y decidan en nombre del movimiento indígena ... Quienes dificulten la exploración de los recursos naturales tendrán que salir de Bolivia ".

En 2010, cuando el país sufrió una ola de incendios devastadores, el jefe de Estado los llamó "fenómenos naturales", a pesar de que fueron el resultado de incontrolables quemas a propósito. Y tuvo a bien añadir que no era su culpa si no se tienen los medios para combatir estos incendios.

¡Cuánta seguridad al decirlo, y cuánta mala fe!

Se han omitido notas a pie de página que desarrollan y fundamentan los datos. Ver publicación íntegra en : https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-lavaud/blog/180716/le-saccage-de-la-foret-amazonienne-de-bolivie
Mayores datos en : https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-lavaud/blog/121218/le-ravage-de-la-foret-bolivienne

UNION DE CIENTIFICOS DE AMÉRICA LATINA DEMANDA PROHIBIR EL GLIFOSATO

UNIÓN DE CIENTÍFICOS COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD Y LA NATURALEZA DE AMÉRICA LATINA (UCCSNAL) DEMANDA UNA PROHIBICIÓN GLOBAL AL GLIFOSATO*

La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL) hace un llamado a los gobiernos y parlamentos de América Latina y a la sociedad civil, para que se prohíba el uso del glifosato, en razón del aumento de las evidencias de los graves efectos dañinos que este herbicida ocasiona en la salud humana y en especies claves para el equilibrio ecológico [1].

Dos importantes hechos ocurridos en las últimas semanas han expuesto una vez más los daños ocasionados por el glifosato -que es el plaguicida más usado en el mundo desde la implementación de la agricultura con cultivos transgénicos-. El más reciente es la muerte de Fabián Tomasi, que desarrolló una Neuropatía Tóxica por el contacto constante con el glifosato durante años, surtiendo  herbicidas y otros agrotóxicos a los aviones de fumigación en Argentina, en el contexto de la siembra masiva de soya transgénica tolerante al glifosato. En los últimos años de su vida, Fabián se convirtió en un símbolo latinoamericano de la lucha contra Monsanto y el glifosato, y se dedicó a generar conciencia sobre el peligro de la utilización de herbicidas en la agricultura [2].

El segundo hecho reciente es el del jardinero estadounidense Dewayne Johnson, quien fue diagnosticado con linfoma No-Hodkin después de años de aplicar los herbicidas RoundUp® y Ranger Pro® en una escuela, por lo que demandó a Monsanto. El veredicto de la corte fue a favor de Johnson, lo cual ha generado una esperanza de justicia a miles de personas enfermas y sus familias en Estados Unidos, que han demandado a Monsanto por comercializar los herbicidas con glifosato.

Aunque estos casos son paradigmáticos, no son los únicos. En países como Argentina, Brasil y Paraguay, tenemos registros de tasas elevadísimas de cáncer, linfomas, leucemias, enfermedades autoinmunes, malformaciones genéticas y otras enfermedades en habitantes de comunidades rodeadas por campos de soja transgénica, donde se realizan aplicaciones aéreas intensivas de glifosato y la mayor parte de las veces sin aviso previo.

En 2015, la Agencia de Investigaciones del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (IARC) determinó que el glifosato es una sustancia “probablemente carcinogénica” para los humanos. El informe añade que hay fuertes evidencias de que la exposición a las formulaciones basadas en glifosato son genotóxicas; puede haber daños cromosómicos en las células sanguíneas; y que el glifosato y el ácido aminometilfosfónico (AMPA, producto de degradación del glifosato) inducen procesos de estrés oxidativo que pueden provocar muerte celular y disfunción tisular. Sin embargo, nuestros pueblos fumigados de América Latina están sufriendo en sus cuerpos y en el de sus familias los efectos del glifosato a costa del agro negocio, y de las agendas económicas de los países que implementaron el modelo agrícola transgénico aún antes del informe de la IARC.

Los estudios científicos muestran además que el glifosato afecta a la flora silvestre, incluyendo las especies que son esenciales para la polinización, así como a microorganismos del suelo que participan en el ciclo de algunos nutrientes [3]. Además interfieren con los sistemas de navegación de las abejas [4] y afectan a las bacterias benéficas del tracto digestivo de estos polinizadores [5].

Por si no fuera suficiente, hay evidencia científica de que el glifosato persiste en los suelos agrícolas, alcanza los  cuerpos de agua, también se dispersa a través de la lluvia, y sus residuos permanecen en los cultivos, llegando así a los alimentos que consumen personas aún a grandes distancias de los campos de cultivo.

No podemos permitir que más poblaciones humanas, ni los ecosistemas continúen expuestos a este veneno.

A partir de la evidencia social y científica irrefutable, la UCCSNAL demanda a los gobiernos de América Latina, los parlamentos nacionales y regionales, que se tomen las medidas administrativas y jurídicas necesarias para que SE PROHIBA EL USO DEL GLIFOSATO en la región.

Hacemos un llamado a la sociedad civil y las organizaciones y movimientos sociales para que promuevan acciones conjuntas en defensa de los derechos a la salud, al medio ambiente sano, a la alimentación inocua y culturalmente adecuada en pro de una América Latina Libre de glifosato y otros herbicidas altamente tóxicos.

Adhieren:

Adolfo Maldonado Campos – Médico, Coordinador de la Clínica Ambiental. Quito-Ecuador

Alejandro Espinosa Calderón – Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Nivel III, Sistema Nacional de Investigadores. Coordinador del Programa Agricultura y Alimentación, UCCS, México.

Alicia Massarini – Profesora en la Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología. UBA (Universidad de Buenos Aires), Buenos Aires, Argentina.

Armando Cassinera – Profesional Principal CONICET. Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Argentina

Arturo Quizhpe Peralta – Ex Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Cuenca, Ecuador- Miembro del Frente Nacional para la Salud de los Pueblos, Ecuador.

Camila Stimbaum – Lic. en Sociología de la UNLP. Integrante del Espacio Interdisciplinario de Interacción Socio Ambiental (EMISA) Residente en Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación.

Dr QF Claudio Martínez Debat – LaTraMA ::: Laboratorio de Trazabilidad Molecular Alimentaria. Coordinador. Sección Bioquímica. Facultad de Ciencias.

Núcleo Interdisciplinario Colectivo TÁ. Co-coordinador. Espacio Interdisciplinario.

Universidad de la República. Montevideo. Uruguay.

Carlos A. Vicente – Integrante de GRAIN y Acción por la Biodiversidad

Damián J. Marino – Investigador Adjunto CONICET – Profesor de la Universidad Nacional de La Plata -Argentina. Director del grupo de investigación en plaguicidas -CIMA-UNLP.

Damián Verzeñassi – Médico, Docente, DIrector del Instituto de SAlud Socioambiental del a FAcultad Cs. Médicas UNR y Director de la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Argentina.

Elizabeth Bravo – Bióloga – Acción Ecológica

Emmanuel González-Ortega – Subdirección de Bioseguridad. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. México.

Flora Luna Gonzales – Médico-pediatra. Asesora Científica de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios-ASPEC, Perú.

Guillermo Folguera – Investigador CONICET. Profesor de la Universidad de Buenos Aires.

Jaime E. García González – D r.sc.agr. -Profesor Catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) San José, Costa Rica.

Javier Albea – Médico, Docente, Miembro del Instituto de Salud Socioambiental Facultad de Ciencias Médicas – Universidad Nacional de Rosario, Argentina.

Joelson Santos Silva – Médico de Família e Comunidad. Red Nacional de Médicos y Médicas Populares de Brasil. Setor de Saúde del Movimiento Sin Tierra- Brasil

Leonardo Melgarejo – Dr Engenharia de Produção. Vice presidente regional sul da Associação Brasileira de Agroecologia. Prof colaborador do Mestrado Profissional em Agroecosistemas. Universidade Federal de Santa Catarina. Brasil

Lucas L. Alonso – Lic. en Química y Tecnología Ambiental de la UNLP . Docente en la facultad de Cs. Exactas de la UNLP. Estudiante de Doctorado y Becario doctoral de CONICET. Integrante del Espacio Interdisciplinario de Interacción Socio Ambiental (EMISA)

Margarita Tadeo Robledo– Profesora de Carrera Titular “C” Definitiva – Departamento de Ciencias Agrícolas. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán – Universidad Nacional Autónoma de México

María del Carmén Martín – Médica especialista en pediatría – Atención Primaria de la Salud, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires – Argentina.

María del Carmen Seveso – Chaco – Argentina

Marcela Bobatto – Movimiento Nacional de Salud Laicrimpo (Argentina) – MSP-LA (Movimiento mundial de salud de los pueblos – Latinoamerica)

Miryam Kurganoff de Gorban – Licenciada en Nutricion  Coordinadora de la Catedra Libre de Soberania Alimentaria Facultad de Medicina -NUTRICION – UBA. Argentina

Patricia Polo Almeida – Consultora Independiente, temas: Geografía y Salud Humana – Ecuador.

Rubens Onofre Nodari – Engenheiro Agrônomo, Doutor em Genética, Professor do Programa de Pós-graduação em Recursos Genéticos Vegetais, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil.

Santiago Vittori – Lic. en Química y Tecnología Ambiental. Estudiante Doctorado y Becario CONICET (CIMA) Integrante de EMISA Auxiliar Docente, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata

Silvia Ribeiro – Investigadora y Directora para América Latina del Grupo ETC (Grupo Erosión, Tecnología y Concentración)

Silvia Rodriguez Cervantes –  Profa. Emérita Universidad Nacional. Heredia, Costa Rica. Miembro Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad.

Susana Ramírez Hita – Antropóloga Social. Miembro del Medical Anthropology Research Center (MARC), España

Violeta Vidal – Licenciada en Antropología Social (Universidad Nacional de Misiones) – Doctoranda en Estudios Sociales Agrarios (Centro de Estudios Avanzados-Universidad Nacional Córdoba). Becaria doctoral de CONICET con sede en el Instituto de Estudios Sociales (Universidad Nacional Entre Ríos/CONICET)

PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ DE BIOTECNOLOGÍA DE BOLIVIA

¿Es una necesidad urgente introducir transgénicos a Bolivia?

La presión al gobierno de parte de algunos gremios de productores de Santa Cruz se ha agudizado en las últimas semanas, con el argumento de que la única opción para enfrentar el cambio climático, las plagas y los bajos rendimientos es la introducción de más eventos transgénicos de soya, maíz, algodón y caña de azúcar. Pero vayamos por partes.

1.- Al parecer todos (los solicitantes y el gobierno), pretenden ignorar que existen leyes que prohíben el uso y comercialización de los organismos genéticamente modificados y productos tóxicos que afecten la salud y el medio ambiente. Esta prohibición está expresamente establecida en el Art 255 de la CPE y en el Protocolo de Cartagena  sobre Seguridad de la Biotecnología suscrito por el Estado boliviano el 29 de Enero del 2000, la Ley 300 de la Madre Tierra, en su Art.24, la Ley 144 de la Revolución Productiva en su Art 15, la Ley 401 sobre Celebración de Tratados en su art 4, la Ley 622 de la Alimentación Escolar y Soberanía Alimentaria en su Art 7 , la Ley 3525 de la Regulación y Promoción de la Producción Agropecuaria Ecológica en su Art 2 , el Decreto Supremo  181 referido a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en su Art 80 , el Decreto Supremo  2452 sobre etiquetado de OGMs , la Resolución Administrativa  VRNMA 135/05 y la Ley 71, sobre Derechos de la Madre Tierra en su Art 7. 

Como se puede ver, existen normas legales enmarcadas en la CPE que prohíben la introducción de transgénicos a nuestro país, y dichas normas han sido elaboradas en base a un proceso de reflexión y aporte de los miles de productores y consumidores de todo el país.  ¿Se van a derogar todas las leyes incluyendo el artículo referido a los transgénicos y que está establecido en la CPE? En otras palabras, ¿se pretende cambiar la CPE?

2.- A partir de la introducción de la soya transgénica, y según datos oficiales del INE, la importación de agroquímicos se ha incrementado de 59 millones de kg en 2006 a 152 millones de kg en 2017, sin tomar en cuenta que un 30% adicional ingresa por la vía del contrabando, según información del SENASAG.  Estamos hablando de 200 millones de kg de agroquímicos que se han importado en el año 2017. Lo más preocupante es que en este rubro, la importación de herbicidas en este mismo periodo se ha incrementado de 12 millones de kg a casi 35 millones de kg, sin contar lo que ingresa por contrabando. Pero lo evidente es que el incremento de más del 150% de agroquímicos por hectárea (de 17 a 43 kg) así como por tonelada de alimento producido (3,5 kg a 8,8 kg), está reflejando un crecimiento exponencial en el uso de agroquímicos que no está en proporción al incremento del rendimiento que es del 0,6%.  Es decir que nuestra agricultura en la cual la soya transgénica representa casi el 36% de la superficie cultivada en el país, está en una fase de desastre y ¿queremos más transgénicos?

3.- Como consecuencia de lo anterior, la estructura productiva del país se ha desarticulado totalmente, llegando al extremo de importar tubérculos, frutas, hortalizas, cereales, base de la alimentación diversificada y saludable de millones de bolivianos. El año 2017 llegamos a importar todos los alimentos señalados más arriba, por un valor de casi 700 millones de dólares, según datos del INE: Comercio Exterior, 2017.

Los gastos en alimentos representan el 63% de los ingresos económicos de los bolivianos en comparación con los países vecinos que no llegan al 20% del ingreso.  Es decir, consumimos alimentos importados y caros en relación al salario promedio. Esto es el resultado de priorizar la producción agrícola para la exportación

4.- Entre el 2005 al 2017 se han deforestado en Bolivia, más de tres millones de bosques (Autoridad de Bosques y Tierras) debido a la ampliación de la frontera agrícola, por los bajos rendimientos de la soya especialmente. Lo anterior ha puesto a Bolivia entre los 10 países más deforestadores del planeta y con serios impactos en el clima, destrucción de la biodiversidad, suelos, sequias prolongadas, plagas, inundaciones y focos de calor que entre el 2011 al 2018 han llegado a 184. 313, (Instituto de Investigación de Quemas de Brasil) . El papel del bosque amazónico en la provisión de agua para la región es un hecho ampliamente reconocido. Como consecuencia, la deforestación provocada por la ampliación de la frontera agrícola ha afectado al occidente del país, pero también a la región agrícola de Santa Cruz: la sequía actual y de los años pasados es una demostración de lo anterior.

5.- Las diferencias en el rendimiento de la soya transgénica versus la soya convencional son mínimos, ambas están en promedio en las 2 toneladas por hectárea.  Según los reportes oficiales (El cultivo de soya: recomendaciones técnicas: ANAPO, CIAT, UAGRM) del año 1995, la soya convencional rendía en esa época entre 2,7 a 3,16 toneladas por hectárea. Era la época en la que se investigaba y se realizaban innovaciones de nuevas variedades sin necesidad de recurrir a la transgénesis. Ahora la situación ha cambiado porque al no haber innovaciones dirigidas al mejoramiento genético,  existe  una mayor y total dependencia a las corporaciones de semillas y agroquímicos que ha llevado a la pérdida total de la soberanía científica, ya que no existen programas de mejoramiento genético y se ha llegado a la dependencia total de semillas patentadas y de agroquímicos, muchos de los cuales están prohibidos internacionalmente por su alto grado de toxicidad como es el caso del Paraquat y el 2-4 D y que son ahora “recomendados” para controlar las más de 9 malezas resistentes al glifosato que existen nuestro país.

6.- En este contexto, ¿es viable seguir presionando por mas transgénicos, poniendo en riesgo las más de 77 razas de maíz que son la base de alimentación de millones de bolivianos?  ¿A quiénes beneficia realmente la introducción de transgénicos en Bolivia?  ¿Por qué será que solo 24 de 197 países del mundo producen transgénicos y cada año son menos? 

¿No es evidencia suficiente la sentencia a Monsanto-Bayer por la enfermedad de cáncer que ha contraído un humilde jardinero en EEUU y que ha detonado más de 8.000 demandas a nivel mundial, entre ellos Vietnam por el uso de agente naranja y hoy utilizado en nuestro país como herbicida en los cultivos de soya transgénica? ¿No es suficiente evidencia lo que está ocurriendo en las poblaciones fumigadas con glifosato en la República Argentina, Uruguay, Brasil y en el Paraguay?

¿Cuáles son las patologías que más se presentan en las regiones donde se produce soya transgénica en Bolivia?  Sería importante que el Ministerio de Salud y el SEDES investiguen y lleven a cabo un diagnostico en dichas regiones. Asimismo, deberíamos preguntarnos acerca de las causas de los altos niveles de cáncer, insuficiencia renal, etc. Que se presentan a diario en la población boliviana.

Nuestro país está entre los más ricos en biodiversidad del planeta y esa es la base de la industrialización, innovación, investigación científica, generación de empleo, divisas, mediante la producción de alimentos saludables diversos, ricos en proteínas y vitaminas. Dichos recursos biológicos son la base de la industrialización de los nuevos recursos para la alimentación, farmacología, cosmetología, fibras, polímeros, aditivos, maderas, fragancias, enzimas, energizantes, biorremediación de suelos de aguas, ecoturismo científico, etc.

Está claro que con los cultivos transgénicos no se incrementa el rendimiento, sólo se aumenta el uso de pesticidas tóxicos, se afecta la biodiversidad, el cambio climático y la provisión de agua, se provoca la erosión genética de las variedades locales, principalmente de maíz. Es hora de reflexionar si el interés económico de unos pocos está por encima del interés de millones de bolivianos que aun quieren resguardar y mantener una calidad de vida y la perspectiva de un verdadero desarrollo sustentable en base a la biodiversidad que es lo único que aún nos queda. 

COMITÉ CIENTÍFICO DE BIOTECNOLOGÍA

PhD.  Roger Carvajal S.                               PhD.  Nataly Ascarrunz

Lic. Msc. Rosa Virginia Suarez A.                     Lic. Oscar Saavedra

PhD. Noemí Tirado

Bolivia, 21 de septiembre de 2018

https://www.facebook.com/170186868164/videos/328075227813596/

EL CEDIB Y TODAS LAS INSTITUCIONES QUE INVESTIGAN Y DIFUNDEN LA VERDAD REQUIEREN NUESTRO APOYO

Estamos atravesando un momento muy difícil, en la que nuestros derechos y de las instituciones que investigan la situación en la que se debaten nuestros recursos naturales, el medio ambiente, los pueblos indígenas, los derechos humanos y el patrimonio del pueblo boliviano, se hallan en riesgo. 

La sensación es que una vez violentada la CPE y vulnerado el estado de derecho y el pacto social, cualquier cosa es posible, cualquier abuso es permitido por instancias, otrora democráticas, que hoy protagonizan una farsa golpista que nos pone en completo estado de indefensión frente a un Estado de facto, que persigue, acosa, hostiga y atenta de manera criminal contra cualquiera que disiente o contraríe a la verdad oficial. 

El miedo, terror e inseguridad con el cual el gobierno actual maneja a una parte importante de la ciudadanía, los obliga a marchar a las calles, a subordinarse en público, a humillarse y someterse a tratos indignos y degradantes por parte del gobernante. La realidad es que en las urnas con su voto, tres veces seguidas el pueblo le dijo NO al Dictador y su banda de represores, que bajo el apelativo de "socialistas" pretenden eternizarse en el poder, aniquilando las organizaciones, lo líderes y las personas que se animen a indagar sobre su turbio proceder y la forma en la que atentan contra el pueblo y los recursos del país.

El CEDIB es una de las instituciones líderes en develar con datos y argumentos irrebatibles el drama que viven hoy nuestros recursos naturales, nuestros derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas, por ello y con todas las trampas posibles el Gobierno y sus esbirros esta tratando se silenciarla, como lo intenta cotidianamente con los medios impresos y radiales que se oponen a su mundo de mentiras. 

Lo que le pasa al CEDIB le pasa a cada uno de nosotros en el medio en el que nos desempeñamos, por ello nuestra solidaridad desde el ámbito arqueológico, antropológico. Este 18 de diciembre apoyemos al CEDIB en su lucha desigual contra el totalitarismo, el abuso de poder y el acoso judicial del que es objeto. Todos  al Monoblock de la Universidad Mayor de San Andrés desde las 18:30.