La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) exige al TCP la ratificación de la acción popular que protege sus derechos

Reproduzco en este posteo la nota que me fue enviada por el periodista Edwin Conde sobre la demanda que efectuarán los dirigentes del CPILAP este 1° de julio en Sucre frente al Tribunal Constitucional Plurinacional, entidad envilecida y corrupta manejada como brazo de represión por parte del régimen que maneja el país. 

Pueblos indígenas exigen al Tribunal Constitucional Plurinacional ratificación de la acción popular que protege sus derechos

Los dirigentes de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), tienen previsto asumir en Sucre, el acto jurídico de apersonamiento para solicitar al Tribunal Constitucional Plurinacional la ratificación de la acción popular que protege sus derechos contra la minería aurífera ilegal, y requerir que sean informados si la resolución judicial emitida por el Juez de Garantías Constitucionales de Rurrenabaque sufre algún cambio u observación.

La presentación del memorial será ingresado por la ventanilla única del Tribunal Constitucional Plurinacional, el próximo lunes primero de julio en la ciudad de Sucre. La autoridad judicial encargada de la revisión de la sentencia de la Acción Popular favorable a la CPILAP tiene plazos perentorios para revisar la documentación que está clasificada con el código “EXP 58822-AP”.

En junio de 2023, se mostraron los resultados alarmantes del estudio científico denominado “Impacto de la minería aurífera en comunidades indígenas” que se realizó con muestras de cabellos de más de 300 personas por iniciativa de la CPILAP y se conoció que la contaminación por mercurio afecta a seis pueblos indígenas del norte de La Paz, quienes superan de dos a siete veces el límite permitido por las organizaciones mundiales de salud.

En esa oportunidad, lamentablemente, se reveló que los más afectados son los pueblos tsimane y ese ejja, que se alimentan de pescado y que habitan en la cuenca baja de los ríos, donde se concentran los desechos que se originan en la parte superior por la intensiva actividad minera mecanizada que emplea el mercurio para el rescate de oro.

El vicepresidente de la CPILAP, Lino Illimuri dijo que la contaminación más alarmante es de los hermanos ese ejjas que se alimentan de pescado continuamente y que por ello son los que tienen mayor contaminación con mercurio con 6,9 ppm (partes por millón). Le siguen los tsimanes con 6,8 ppm, los mosetenes con 4,0 ppm, uchupiamonas con 2,5 ppm, tacanas con 2,1 ppm y los lecos con 1.9 ppm. “Toda la recolección de muestras y sus resultados superan los límites permitidos”.

La acción popular

El artículo 135 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que, “la Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Constitución”.

La acción popular fue presentada el pasado primero de agosto por los dirigentes de los pueblos indígenas al Juzgado de Rurrenabaque, en demanda por la vulneración de sus derechos a la libre determinación, a la consulta previa libre e informada, al medio ambiente sano, a la gestión territorial, a la salud, y a la integridad del territorios de los pueblos indígenas que conforman la CPILAP, provocada por las actividades mineras en los ríos Beni, Madre de Dios y sus afluentes los ríos Kaka, Alto Beni, Tuichi y Quiquibey.

Las instancias accionadas fueron el Ministerio de Medioambiente y Agua, el Ministerio de Minería y Metalurgia, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM (Nacional y Departamental de La Paz), el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y sus secretarías de Derechos de la Madre Tierra y de Minería.

En la acción popular se denunció que las autoridades han incumplido su deber de controlar y fiscalizar la actividad minera aurífera que utiliza sustancias tóxicas como el mercurio; además, no han tomado medidas efectivas para proteger los derechos antes mencionados de los pueblos indígenas que habitan la Cuenca de los ríos Beni y Madre de Dios.

En una primera audiencia virtual del proceso judicial que se cumplió el nueve de agosto de 2023, el Juez Mixto de Rurrenabaque, constituido en Tribunal de Garantías, Edwin Pallete dictaminó como medida cautelar la suspensión de las actividades mineras ilegales en los ríos Beni y Madre de Dios y sus afluentes, e identificó a la AJAM como la instancia responsable de dar cumplimiento.

También solicitó al SENASAG, SEDES, Ministerio de Salud y Deportes y a la UMSA, en calidad de Amicus Curiae (terceros ajenos a la disputa que aportan con argumentos u opiniones) la entrega de informes referidos a los impactos de la minería aurífera por contaminación con mercurio en los peces y en la salud de las personas.

Fallo histórico

La audiencia decisiva se realizó del ocho al nueve de septiembre de 2023 y se extendió por 15 horas, en esa oportunidad el Juzgado Mixto de Rurrenabaque determinó conceder la tutela solicitada por la CPILAP, que fue calificada como un “fallo histórico”, porque la misma logró obtener medidas específicas de protección, identificando las instituciones responsables de cumplirlas.

Respondiendo al petitorio de los pueblos indígenas y de acuerdo a las irrefutables pruebas que fueron presentadas en el proceso, el Juzgado de Rurrenabaque dispuso la suspensión de todas las actividades mineras ilegales y de aquellas que no cuenten con licencia ambiental en los ríos Beni, Madre de Dios y sus afluentes, los ríos Alto Beni, Kaka, Quiquibey, Tuichi y Tequeje. A su vez, estableció la prohibición de otorgar nuevos derechos mineros en las cuencas de estos ríos. 

Otro de los puntos centrales de la Resolución Judicial fue el mandato a la AJAM de “desarrollar verdaderos procesos de consulta previa, de acuerdo a estándares internacionales, y que este proceso debe alcanzar también a los casos de adecuación por derechos preconstituidos”.

Resolvió que se garantice la participación de la CPILAP y de las comunidades indígenas, originario campesinas e incluso interculturales de la región en la elaboración del Plan de Nacional de control, uso y reducción del Mercurio.

De la misma manera el Juez ordenó a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera que en coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Bolivia realicen controles rutinarios en los

ríos Beni y Madre de Dios, así como también en los ríos Tuichi, Quiquibey, Kaka, Alto Beni y Tequeje para controlar y evitar la proliferación de la minería ilegal.

Los dirigentes de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz coincidieron en remarcar la fundamental importancia que tiene el cumplimiento de la resolución judicial de la acción popular, por lo que confirmaron su presencia en la ciudad de Sucre el próximo lunes para presentar el memorial al Tribunal Constitucional Plurinacional exigiendo su ratificación. (CPILAP)

ATENTADO SALVAJE DESTRUYE LA TORRE FUNERARIA DE CHICANI, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO PACEÑO

Figura 1. Conjunto de lajas que quedaron despues de la demolición de la torre funeraria de Chicani

La torre funeraria de Chicani, era la última, de al menos 11 torres funerarias (Chullpares) que se hallaban en pie hasta el año 1988 (Lémuz y Aranda 2007). El crecimiento urbano ha dado cuenta  de casi todas. Una reciente prospección arqueológica efectuada por la el Proyecto Arqueológico Chicani registró la presencia de rastros de 7 lugares donde estuvieron emplazadas torres funerarias (Lémuz y Gerónimo 2020), siendo una de ellas y con seguridad la mejor conservada, la ubicada en un predio, que hasta hace poco era un espacio agrícola y que recientemente fue convertido en un espacio de expansión urbana, sin que el Gobierno Municipal de La Paz (o el de Palca), tomaran previsiones para proteger este tipo de monumentos arqueológicos de loteadores, constructores, avasalladores, e incluso de los mismos comunarios o vecinos de Chicani. 

Figura 2, Torre funeraria de Chicani documentada por el arqueólogo Carlos Lémuz en 1988

El año 2018 una estructura funeraria muy compleja fue afectada mientras se abrian zanjas para la construcción de el muro perimetral de un lote, el hecho fue advertido a la Unidad de Arqueología y Museos, al instituto de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas y la Dirección de Patrimonio del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, sin que ninguno muestre iniciativa para hacer algo, pues el trabajo constructivo expuso los restos de 6 individuos. Cuando el hecho fue comunicado a la Sociedad de Arqueología de La Paz y al Instituto de Investigaciones de paleoparasitología de la UMSA, recién se iniciaron acciones para salvaguardar e investigar el sitio. Un convenio entre estas dos entidades y el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas de la UMSA dio paso a una primera fase de rescate del entierro colectivo, recuperándose 24 individuos y documentándose una extraordinaria estructura funeraria.  A la fecha el lugar sigue sin que las autoridades municipales tomen los recaudos para proteger el sitio, menos para que intervenga la gobernación de La Paz o el Ministerio de Culturas. 

El año 2020 los investigadores a cargo de la prospección advirtieron reiteradamente sobre el peligro que asechaba a la torre funeraria mejor conservada de Chicani, incluyendo una ponencia en un evento que auspició el propio municipio. No obstante, y a pesar de la insistente gestión de los técnicos arqueólogos del GAMLP, la demanda no fue escuchada por las máximas autoridades del GAMLP, particularmente por el Secretario de Culturas actual, menos por el Alcalde o funcionarios de los puestos de decisión responsables del patrimonio cultural. 

Figura 3. Torre funeraria durante una visita de reconocimiento en 2020

Hace dos meses, según reportan vecinos del lugar, la torre fue destruida por la actual dueña del predio Sra. Alicia Copa, quien desoyendo las súplicas de las hijas y de su madre (una anciana que custodiaba la torre junto a su perro), tomó la decisión de demoler el chullpar, segura de quedar impune frente al atentado. El hecho fue recién observado por una visita de una comitiva de la Carrera de Arqueología de la UMSA, cuyo docente dio parte al arqueólogo del GAMLP sobre este daño irreparable, solicitándole que se aplique la ley 530 y el código penal contra la perpetradora de tan brutal acción. El arqueólogo se comprometió ha viabilizar las gestiones y hacer las investigaciones respectivas. Sin embargo, quienes formamos parte de la Sociedad de Arqueología de La Paz, creemos que esta acción no tendrá mayores consecuencias, pues en pasados años otra torre funeraria, ubicada de Chijipata, fue dañada, primero por la inacción de las autoridades de patrimonio del GAMLP (quienes desde el año 2003 sabian de esta torre y su crítica situación). El año 2015, la DPT del GAMLP tomó la decisión de implementar una intervención de conservación mediante la contratación arbitraria y discrecional de un equipo de incompetentes "conservadores" que dañaron la torre, la cual fue nuevamente afectada por el colapso de su cobertura. Estos hechos nunca fueron sancionados, pese al reclamo expresado, tanto por la Sociedad de Arqueología de La Paz, como por arqueólogos que formaban parte de la mesa de patrimonio del CONCIPCULTA.

Mediante esta nota, hacemos un llamado a las autoridades de la Gobernación de La Paz, al Ministerio de Culturas, Descolobnización y Despatriarcalización y al propio Gobierno Municipal de La Paz para que sienten un precedente legal respecto a la protección del patrimonio y la aplicación estricta de las leyes 530 del Patrimonio Cultural Boliviano y la Ley Municipal de Culturas 265, además del Código Penal Boliviano y las sanciones establecidas en ellas. Demandamos también, que se tomen acciones reales y honestas para proteger el patrimonio arqueológico paceño, que desde hace más de tres años tiene un reglamento arqueológico, premeditadamente y sospechosamente detenido por las autoridades municipales de la presente gestión del alcalde Arias.  

Figura 4. Perro custodiando la torre funeraria de Chicani en octubre de 2020

CRÍMENES CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL PACEÑO SUMAN COMPLICES, ENCUBRIDORES Y FANATICOS FUNDAMENTALISTAS

El pasado 2 de agosto del presente año, un grupo de inadaptados, disfrazados con atuendos estilizados de campesinos aymaras, treparon al monumento a Colón, ubicado en el paseo de El Prado de La Paz, pintaron su cabeza con pintura negra y golpearon con un combo su rostro hasta desportillar su nariz. El acto vandálico fue efectuado a plena luz del día, ante la vista y paciencia de transeúntes, periodistas y cámaras de la televisión estatal y para - estatal, sin que policías o sociedad civil hagan nada por detenerlos. El grupo de delincuentes, tras hacer un show mediático fue detenido por la policía y luego liberados. 

Medios de prensa afines al actual gobierno se solidarizaron con el crimen y difundieron las escenas de éste como si fueran actos heroicos. Otros actores de la farándula mediática  - afin al actual gobierno - como María Galindo del Grupo Mujeres Creando, entrevistaron al grupo de delincuentes cual si fueran celebridades, haciendo además una apología del delito.

Más allá de la figura de Colón y lo que significó para  el continente americano, el monumento emplazado en El Prado, es una pieza escultórica de gran valor artístico, considerado por el municipio paceño como su patrimonio cultural. Lamentablemente lo sucedido el pasado 2 de agosto no es un hecho aislado, sino una práctica recurrente que hasta la fecha no ha recibido sanción alguna. Monumentos como los de Isabel La Católica y el propio Colón han sido dañados el año 2020 y "les" delincuentes siguen libres, ahora con apoyo político del gobierno, el cual a fuerza de propaganda, reinvención de una historia surgida de la mente de sus imaginativos ideólogos y cómplices de la escena mediática, intentan borrar la realidad de un pasado, que aunque duela o tenga mucha injusticia como carga, sucedió y eso es imposible borrar con la mera ideología, la mentira o el engaño, como se pretende en estos últimos años. 

Recientemente, los actores culturales ligados al patrimonio arqueológico, arquitectónico, histórico y cultural de La Paz, reunidos en la Mesa de Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico del Consejo  Ciudadano para la Cultura y las Artes (CONCIPCULTA) trato este tema en su reunión de agosto, decidiendo solicitar a su Directorio enviar una nota al Gobierno Municipal para conocer que es lo que se hace desde esa entidad con respecto al crimen perpetrado contra el patrimonio paceño, solicitando además que la respuesta sea enérgica y firme en la aplicación de la ley, recordando que el patrimonio boliviano y paceño están protegidos por la Constitución Política del Estado, la Ley del Patrimonio Cultural Boliviano 530, la Ley Municipal de Culturas 265, y que su daño, hurto o destrucción tienen penas de hasta 8 años según el Código Penal vigente. Se pedía también consultar al GAMLP sobre el protocolo y procedimientos que existen en el Gobierno Municipal para la denuncia y aplicación de la Ley de Patrimonio cuando se identifican delitos de orden patrimonial. Que articulación o coordinación tiene el GAMLP con el Ministerio Público y la Policía Boliviana pata proteger nuestro patrimonio arqueológico, arquitectónico, histórico o artístico. 

Lamentablemente el actual directorio del CONCIPCULTA negó atender el requerimiento y expuso una posición ideológica y política afín a los delincuentes y criminales que perpetraron tal atentado, atribuyéndose una cualidad que los actores culturales paceños no le hemos otorgado. Con esta funesta actitud, la nueva y descolorida directiva del CONCIPCULTA desnuda su verdadero rostro afín a las políticas del MAS y sus grupos de choque, que es el verdadero origen de los grupos delincuenciales que viene asolando el patrimonio histórico, artístico, arqueológico y cultural boliviano.  

Frente a la negativa del Directorio del CONCIPCULTA, la Mesa de Actores Patrimoniales de esa organización, de manera independiente y ética, emitió una nota dirigida al Director de Patrimonio Cultural del GAMLP, Arquitecto Salvatierra manifestando la preocupación por los hechos suscitados y solicitándole la información referida. 

Preocupa de sobremanera, la multiplicación de grupos de violentos, exaltados y criminales que han tomado como objetivo la destrucción del patrimonio histórico, cultural y arqueológico del pueblo boliviano, sin que medie institución o norma que los detenga, dado que muchos de ellos se encuentran amparados por el actual régimen. La única vía de defensa es la acción ciudadana, alerta, vigilante y activa para proteger nuestro patrimonio, la verdad, las leyes y los valores expresados en la Constitución Política del Estado.

 

LO QUE LE ESPERA A LA ARQUEOLOGÍA PACEÑA TRAS LAS ELECCIONES SUBNACIONALES

 

Material arqueológico perteneciente al valle de La Paz

Los resultados de las ultimas elecciones subnacionales han dejado el bosquejo de un panorama  sombrío sobre el futuro de la arqueología paceña, mucho mayor que el que ahora vivimos. Muchos han sido los candidatos, pero pocas veces se han visto tan pocas y tan pobres propuestas, no sólo para el ámbito cultural, sino para todos los ámbitos en los que tienen competencia los gobiernos  departamentales y municipales. 

La propuesta del candidato electo para el municipio de La Paz presenta un deprimente punteo de acciones, donde la gestión del patrimonio y el desarrollo de la cultura parecen haberse extraviado, Ni hablar de como se pretende trabajar en la gestión del patrimonio arqueológico, la recuperación y protección de este, o lo que se pretende hacer con los museos municipales. Se habló de reuniones de transición entre el equipo del alcalde electo y los distintos responsables de la actual gestión, pero poco ha trascendido de quienes conforman ese equipo y si los temas  que se tocan van más allá de los meramente administrativos. En particular nos preocupa lo que se hará en el marco del patrimonio arqueológico y su gestión. ¿Será que el nuevo alcalde empleará las herramientas que le deja la gestión saliente, tal como viene a ser el Plan Estratégico Municipal para las Culturas y las Artes?, ¿Habrá una completa  re-estructuración del Gobierno Municipal en razón de los intereses y propuestas de la gestión municipal entrante?; ¿Tendrán una idea de cual es el mapa de actores culturales y que demandas plantean? . Lo cierto es que durante las campañas hubo muy poco acercamiento entre los candidatos y la colectividad cultural del departamento y del municipio de La Paz y es probable que ninguna de las autoridades electas tenga una clara idea de lo que implica gestionar el patrimonio arqueológico paceño. 

Reunión de inicio para la transición municipal en la Secretaria de culturas

Es costumbre de los gobiernos entrantes hacer un cambio radical del personal  que estuvo a cargo de la gestión anterior, pero es mas sensato evaluar la gestión y generar relevos inteligentes para evitar la perdida de información, capital institucional, documentación y principalmente del valioso capital humano que podría encontrarse en los estratos técnicos. Es también cierto que La Paz rechazó masivamente la continuidad del actual alcalde y lo que representa para sus pobladores, pero lo que le espera en el ámbito cultural y arqueológico podría ser un drástico retroceso, si los actores que trabajan  en éste sector no posicionan sus puntos en la agenda municipal  o dejan que la nueva gestión se organice con la misma ignorancia con la que hizo su campaña electoral. 

Propuesta de Ivan Arias para la gestión municipal de la cultura

En el nivel departamental el panorama es mucho más oscuro, teniendo en cuenta quienes han logrado habilitarse para una segunda vuelta. Ninguno de tales candidatos ha formulado una propuesta para el tema cultural o patrimonial, la mayor parte deriva su conocimiento del patrimonio arqueológico como un apéndice de la ámbito turístico, casi como lo ha hecho la última gestión departamental liderada por Felix Patzi, cuyas políticas para la gestión del patrimonio arqueológico fueron extremadamente limitadas.

La situación actual de la gestión patrimonial desde el nivel central  es dramáticamente crítica, tal como lo ha dejado ver el ex-viceministro de interculturalidad Sergio Prudencio, que en su carta de renuncia al cargo (hace escasos días), observa que el viceministerio que se hallaba bajo su cargo, no cuenta con el mínimo margen institucional para operar pues acusa una carencia crítica de recursos económicos y humanos que son necesarios para la gestión cultural y patrimonial a nivel nacional.  Queda claro que tras su traspaso al Ministerio de Educación, su presupuesto se redujo a la mínima expresión, siendo básicamente el mismo con el que ahora se pretende hacer funcionar todo el nuevo ministerio. Lo censurable y penoso es que los recursos que estaban destinados a cubrir los sueldos del personal técnico y administrativo, particularmente para patrimonio y arqueología, fueron usados para cubrir los gastos de su jerarquía política y el entorno burocrático del nivel ministerial. Como consecuencia la Unidad de Arqueología y Museos ha sido desmantelada o desaparecida, lo mismo que el Museo Nacional de Arqueología, que ahora existe solo como un depósito desprotegido de invaluable valor arqueológico. 

Santos Quispe, candidato que se acerca claramente a ser el ganador de la segunda vuelta en el departamento de La Paz

Como consecuencia, ninguno de los niveles nacionales y subnacionales tiene capacidad de fiscalización para la protección del patrimonio arqueológico nacional, menos gestionarlo como establece la ley, lo cual ameritaria para cada una de las autoridades vigentes  un cargo por incumplimiento de deberes.

A futuro, el estado central no presenta señales de querer cambiar esta situación dentro del actual Ministerio de Culturas ....., los planes del gobernador que sea electo (cualquiera) y la propuesta del  Alcalde entrante no indican que el conocimiento y la gestión del patrimonio arqueológico sea algo que esté en sus prioridades. Sin embargo queda el principio de la duda y habrá que esperar. 

No obstante la tendencia de las políticas nacionales y subnacionales dirigidas a extinguir su responsabilidad con respecto al patrimonio arqueológico, la comunidad arqueológica, los defensores del patrimonio y la sociedad civil organizada cuentan con mecanismos que pueden y deben ser activados para obligar a todas las instancias gubernamentales a cumplir su responsabilidad con el patrimonio arqueológico y cultural de los bolivianos. La CPE, la Ley Marco de Autonomías, La ley de Patrimonio, la Ley Municipal de Culturas, el Código penal y los instrumentos normativos de nivel operativo, son herramientas que deben usarse para demandar a los respectivos gobiernos en la medida que intentes soslayar o incumplir sus deberes ante la ley.

Reinhumación, Poema de Ariel Pérez

 

Hoy ha vuelto los huesos a la tierra

-Nadie lloró por ellos-

humo

tierra

incienso en la Mesa

 

Ocho osamentas en la urna

Ocho entidades perdidas

 

Hoy han vuelto los huesos a la tierra

 

El yatiri calcina frutas

coca

grasa

un arcoíris de lana

 

Una mujer observa la escena desde su casa

y vuela una paloma en el aire enrarecido

 

Entonces comprendo el valor de lo arcaico

y que lo eterno

se asemeja al olvido

 

 

Ariel Pérez

Miraflores 29/11/2017

EL GAMLP EMITE NUEVO REGLAMENTO DE AUTORIZACIONES PARA ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ

Mediante Decreto Municipal 036/2020 de 30 de octubre del 2020 el Gobierno Municipal de La Paz  ha puesto en vigencia su reglamento para emitir autorizaciones para estudios arqueológicos de evaluación y mitigación de impacto arqueológico, asumiendo así las competencias que la Ley Marco de Autonomías y la Ley del Patrimonio Cultural Boliviano le asigna. Un gran paso que deberá ser culminado con la emisión del Reglamento Arqueológico, cuya aprobación se encuentra parado desde hace dos años en las esferas burocráticas municipales. 

Con este Decreto Municipal y el Reglamento que pone en vigencia, se fortalece en gran manera la autonomía municipal respecto del excesivo centralismo que ha dominado la gestión de la arqueología boliviana. 

El texto completo del Reglamento puede ser descargado desde la siguiente dirección: 

https://drive.google.com/file/d/1xZKXiuiGB8uVyal77Dy0wVqjUoffkvVt/view?usp=sharing

LA ARQUEOLOGÍA BOLIVIANA: OCHO MESES CON PILOTO AUTOMÁTICO Y EN CAÍDA LIBRE

Tras el final de uno de los mas nefastos periodos del manejo de la administración de la arqueología boliviana en diciembre del 2018, le siguió un periodo inerte, estéril y vacío de gestión, con absolutamente nada por rescatar, que empezando en abril del 2019 culminó en enero del 2020.  No obstante que el nuevo gobierno de transición inició sus gestiones en noviembre del 2019, es recién hasta mediados de enero del 2020 que se designa un reemplazo en lugar de aquella posesionada en la gestión de la Ministra Alanoca. Se designa a un historiador y abogado que en dos meses intentó enderezar el curso tomado por la unidad, pero en marzo se efectuó un nuevo cambio, dejando el puesto a un antropólogo en calidad de jefe interino. Una última reunión dirigida por el Director de Patrimonio del MDCyT y abogados del Viceministerio de Interculturalidad, en la que participó un nutrido grupo de arqueólogos, puso en blanco y negro los desatinos, errores y delitos de quienes inventaron el funesto Reglamento de Autorizaciones para Intervenciones Arqueológicas (PM 020/2018) y abrió paso para el desarrollo de una nueva norma que lo reemplazara. Lamentablemente la pandemia, la cuarentena y la errática política de las cabezas que dirigen el gobierno transitorio terminaron por descuartizar el ex- Ministerio de Culturas y Turismo y derivar recientemente en la designación de otra persona, no sólo ajena a la gestión de la arqueología boliviana, sino también a la disciplina, dejando en cero los escasos rastros de avance que parecían darse  en marzo pasado. 

Como hace más de 15 años, la arqueología vuelve a estar bajo la cartera ministerial de Educación, esta vez con un ministro altamente conservador, muy afín al fundamentalismo cristiano e ignorante de la realidad que envuelve a la arqueología, el patrimonio y la cultura nacional. ¿Que se puede esperar del curso de lo que queda de la gestión transitoria en materia de protección del patrimonio?: ABSOLUTAMENTE NADA. Contrariamente, se espera una mayor virulencia contra el patrimonio cultural, cuya primera y central manifestación viene dada por la emisión del DS 4232 que abre ilegalmente la posibilidad de introducir maíz transgénico, vulnerando La CPE, la Ley 530 del Patrimonio Cultural Boliviano, La ley 300 de la Madre Tierra, la Ley 144 y otro número de normas y tratados internacionales, amenazando con liquidar el patrimonio genético cultural de nuestros pueblos y atentar contra la salud de todos los bolivianos. A eso se suma el achicamiento de las instancias que manejan la arqueología, su debilitamiento técnico, legal y administrativo, hecho que acrecienta su incapacidad de proteger el patrimonio, tal como quedó evidente con los tristes casos del incendio en los bosques chiquitanos o la destrucción del camino prehispánico de Yunga Cruz. 

¿Mas ineptitud y mala fé es posible en la gestión de la cultura y protección del patrimonio?, pues SI, es posible y la seguiremos presenciando mientras tengamos un gobierno como este, o como el anterior, con funcionarios improvisados, advenedizos, oportunistas, sin capacidad técnica o compromiso y sin escrúpulos a la hora de escaparle a sus deberes para con el cuidado y protección del patrimonio. 

Lamentable y tristemente, la escuálida colectividad arqueológica se encuentra aletargada, fragmentada sin capacidad de reacción, envuelta en sus mezquindades pseudoacadémicas y su inercia abúlica, sin vocación ni horizonte que ayuden a distinguir alguna señal positiva para construir un mejor futuro para la tambaleante arqueología boliviana.