La Universidad Mayor de San Andrés es la única entidad universitaria del país que forma desde 1984 profesionales en arqueología, sin embargo, no obstante haberse creado casi desde su inicio un taller de investigación arqueológica y luego un instituto de investigaciones, no es sino hasta inicios del 2001 que se delinearon e implementaron algunas políticas de investigación. Hasta entonces la formación había sido la primera prioridad, pero esta nunca estuvo exenta de actividades de investigación, llevadas a cabo fundamentalmente a partir de cursos específicos con orientaciones muy dispersas, generalmente supeditadas a los intereses o inclinaciones de los docentes de turno en las materias denominadas de taller, las cuales eran principalmente de práctica de campo en metodologías de prospección y excavación. Lamentablemente, muy pocos trabajos llegaron a informes de investigación y menos a publicaciones (Capriles 2003).
La Universidad Mayor de San Andrés ha cultivado una relación institucional muy cercana con las comunidades campesinas y sus organizaciones, lo cual ha permitido que, en su generalidad, sus proyectos e investigadores sean muy bien aceptados en el campo. Por otro lado, cuenta con una larga trayectoria de ejecución de proyectos de extensión social en el área rural, frecuentemente operativizado a través de convenios con organizaciones sociales y municipales locales.
Es en este contexto, los numerosos proyectos planteados como trabajo de campo, en prospección y excavación, no tuvieron objeción significativa por parte de las comunidades, quienes pocas veces lograron ver algún resultado concreto de estas investigaciones y menos verificarse efectos e impactos que pudieran ser tangibles a las expectativas sociales, culturales o económicas de las propias comunidades. Si bien los proyectos se presentaron casi siempre con un afán académico, cuyos productos no tienen directa relevancia con el plano económico, su discurso de presentación y solicitud de acceso al área, casi siempre ha estado enlazado con aspectos de identidad, historia cultural, turismo y de manera implícita expectativas de desarrollo local. Sin embargo este argumento casi siempre fue una artimaña para conseguir la aquiescencia de la comunidad, con la certeza de que ninguna de estas promesas tenían posibilidades de cumplirse.
El funesto caso del proyecto Kulli Kulli (1988-1991) nos muestra un antecedente muy interesante de lo que se intentó hacer recientemente con el Proyecto “Autodefinición Cultural” del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Antropologicas (IIAA) de la UMSA en la cuenca sur del Poopó. Este primer proyecto fue desarrollado sobre un convenio marco, en el que participaban varias carreras e institutos universitarios, cada uno con un objetivo particular. Salud, historia, arqueología, educación, etc. fueron herramientas pensadas para gestar un principio de desarrollo local en la comunidad receptora (Heredia 1989), casi de la misma manera que en los últimos 10 años se intentó hacerlos en las comunidades de Huari, Pampaullagas, Sevaruyo o Quillacas.
En Kulli Kulli, también se había esbozado el proyecto de un museo local donde se debía concentrar los objetos en posesión de los pobladores de la comunidad y todos aquellos que el estudio arqueológico podría proveer, lo cual no excluía a momias o restos humanos, algunos de los cuales estuvieron por muchos años en poder del Taller de Investigaciones de la Carrera de Arqueología y Antropología, sin medidas de conservación o preservación alguna. Conocemos que los trabajos en el Poopó también produjeron la recuperación de gran cantidad de materiales arqueológicos, entre ellos fragmentos de cerámica, artefactos líticos, restos óseos de animales y seres humanos, los cuales se hallan tanto en las dependencias del IIAA como en el depósitos locales, engañosamente llamados “museos de sitio” (Huari, Quillacas, Pampaullagas), creados con el apoyo del IIAA y los gobiernos municipales de la región.
En Kulli Kulli, también se había esbozado el proyecto de un museo local donde se debía concentrar los objetos en posesión de los pobladores de la comunidad y todos aquellos que el estudio arqueológico podría proveer, lo cual no excluía a momias o restos humanos, algunos de los cuales estuvieron por muchos años en poder del Taller de Investigaciones de la Carrera de Arqueología y Antropología, sin medidas de conservación o preservación alguna. Conocemos que los trabajos en el Poopó también produjeron la recuperación de gran cantidad de materiales arqueológicos, entre ellos fragmentos de cerámica, artefactos líticos, restos óseos de animales y seres humanos, los cuales se hallan tanto en las dependencias del IIAA como en el depósitos locales, engañosamente llamados “museos de sitio” (Huari, Quillacas, Pampaullagas), creados con el apoyo del IIAA y los gobiernos municipales de la región.
Después de diez años (2001-2011) de funcionamiento del IIAA y su proyecto arqueológico apoyado con fondos de la Cooperación Sueca ( Programa ASDI SAREC), la situación y desarrollo de la investigación arqueológica universitaria es poco satisfactoria: Se dispuso de un extraordinario presupuesto para la compra de equipamiento, el desplazamiento de investigadores a campo, la formación de postgrado en el exterior de docentes investigadores y la publicación de artículos emergentes de los trabajos de investigación del Proyecto, la participación en eventos nacionales e internacionales, etc., pero muy poco se aprovechó de todo esto.
En los hechos, buena parte de los fondos disponibles se revirtieron cada año, ya sea por la incapacidad administrativa de su dirección (supervisión y ejecución), por las falencias administrativas (DIPGIS, Carrera IIAA, etc), la burocracia o la falta de operatividad e institucionalidad con la que siempre se operó. Los equipos comprados fueron mal usados, perdidos, inutilizados y casi nunca sometidos a trabajos de mantenimiento y reparación. Los equipos de trabajo compuestos por investigadores y estudiantes muchas veces se desplazaron al campo sin mayor objetivo que hacer uso de los viáticos o desarrollar actividades aisladas, improvisadas, desorganizadas y frecuentemente sin la planificación adecuada. Los informes técnicos no se hacian, se hacían tardíamente o con muy mala calidad (muy pocos son los informes oportunos y con calidad), generalmente bajo una supervisión floja, a control remoto o inexistente. Los materiales eran colectados y raras veces inventariados, catalogados y analizados sistemáticamente. Sólo un arqueólogo accedió a las becas de Doctorado y formación superior que anualmente el Programa de ASDI SAREC ponía a disposición de la Carrera de Arqueología y ninguna tesis de licenciatura aún ha emergido de la región tras diez años de “trabajo” del IIAA. Las publicaciones se pueden contar con los dedos de una mano, siendo la mayoría ajenas a la producción que el IIAA realizaba.
Lo que se tiene hoy es un Instituto de Investigaciones institucional, administrativa, técnica y económicamente quebrado, sin resultados concretos sobre sus 10 años de investigación en el lugar; institucionalmente desacreditado por el lamentable manejo que se hizo de los recursos del apoyo de ASDI SAREC; intrascendente en su participación en la colectividad social o las decisiones de política cultural del país; con depósitos - en sus propias instalaciones y en las comunidades - llenos de material sin inventariar, catalogar o analizar sistemáticamente; Endeudados con el Gobierno Central por no haber gestionado permisos ni haber desarrollado informes acordes con el volumen de información y patrimonio arqueológico manejado; Sin capacidad de desarrollar investigaciones y producir resultados debido al exiguo presupuesto con el que cuentan para ello.
Tras la culminación de este nefasto periodo de negligencia e incapacidad en la gestión de la investigación arqueológica universitaria, quedan retos importantes y mucho trabajo, pues se tendrá que reestructurar este instituto, organizarlo nuevamente, evaluar las investigaciones realizadas, evaluar investigadores, hacer auditorias técnicas, administrativas y financieras, sanear las colecciones de materiales, evaluar la pertinencia de contar con “laboratorios” como el de zooarqueología, desarrollar nuevas políticas de investigación, establecer nuevas normativas internas, evaluar convenios y compromisos, establecer el grado de cumplimiento legal en relación al manejo y posesión de patrimonio arqueológico, etc.
No se debe buscar culpables, los tenemos a la vista: DIPGIS, Jefes de Carrera, Directores, Investigadores, etc, que fueron directa e indirectamente responsables de desaprovechar la única oportunidad que hasta ahora tuvo la carrera de levantarse y levantar consigo a la arqueología boliviana.
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