ENTRE ARQUEOLOGOS Y CAPATACES: A propósito del artículo"La Investigación y el Trabajo Arqueológico en Bolivia"

El domingo 25 de marzo del 2007, salio publicado en el segmento “Fondo Negro” del matutino La Prensa de la ciudad de La Paz, un artículo que titula “La Arqueología en Bolivia, huérfana de todo”, que resume bastante bien los comentarios, reclamos y críticas que emiten los arqueólogos Claudia Rivera, Jedú Sagarnaga y José Luís Paz. No obstante el artículo comienza con una afirmación errada que indica que “Reconstruir la historia de las antiguas culturas, conocer detalles, modos y avances- la esencia, la definición básica de la arqueología- en Bolivia”, pues el fin de la arqueología no es en sí reconstruir la historia, sino tratar de entender el pasado a través de sus restos materiales y este entendimiento no es de ninguna manera único ni final.
Sagárnaga menciona que el “grueso” de los sitios arqueológicos se encuentra en el área “rural” y que el arqueólogo debe desplazarse hasta lugares muy alejados. Probablemente esto no es del todo falso, pero debemos recordar que tanto La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija se hallan emplazados sobre extraordinarios complejos de asentamientos arqueológicos y que la práctica arqueológica no se hace únicamente a través del trabajo de campo (mayor comentario en Lucas 2001).
Por otro lado Rivera indica que “hacer investigación en Bolivia no es una tarea fácil, pues no existen las condiciones mínimas de apoyo a esta labor”, esto es totalmente cierto, pues el estado y las universidades no sólo que apoyan muy poco la investigación, sino que en muchos casos la desalientan (ver las discriminaciones que hacen el Fondo de Culturas del Viceministerio de Desarrollo de Culturas o el propio PIEB).
El que “no se hayan incorporado especialistas a los trabajos de excavación y análisis” como menciona José Luís Paz, es justamente porque no contamos con estos especialistas y probablemente no los tengamos en mucho tiempo, pues no tienen cabida con el actual incentivo que brinda el espacio de trabajo e investigación. En esto muchas de las pomposas presentaciones que hace el Director de la UNAR en sentido de que en AKAPANA se trabaja con los mejores arqueólogos de Bolivia y que se hace un trabajo especializado es simplemente una gran Falacia, que no aguantaría la mas superficial de las indagaciones.
Por ejemplo, gran parte de quienes trabajan en Akapana, cumplen las funciones de meros capataces de cuadrilla que supervisan los trabajos de remoción de tierra, a partir de los cuales se pretende exponer la pirámide como un simple monumento arquitectónico y no como el producto de una compleja dinámica social, económica, cultural y tecnológica que demandó cientos de años.
Se dice que “la mayoría de los arqueólogos en el país no cuentan con trabajo fijo”, no sólo es eso, la mayoría se encuentran dentro de la categoría de “desempleo absoluto”, lo cual es totalmente desalentador para quienes incluso hacen esfuerzo por conseguir una especialización o doctorado, porque este merito académico ni la propia Universidad lo reconoce en su justa dimensión, mucho menos la UNAR, donde el haber cursado el tercer semestre de arqueología es suficiente mérito para asumirlo como “Arqueólogo” o “Experto” y colocarlo en Akapana ganando un humillante salario.

Turismo

José Luís Paz indica que lo que hasta ahora se ha hecho en el tema de aprovechamiento del patrimonio para el turismo es improvisado y que no todas las comunidades que demandan explotar sus vestigios arqueológicos pueden hacerlo con perspectivas económicas viables, lo cual es absolutamente cierto. Mientras que Sagárnaga apunta que “la puesta en valor de sitios arqueológicos, la construcción de museos de sitio y la apropiada gestión de los recursos culturales pueden ser la tabla de salvación para muchas comunidades rurales, hoy en día depauperadas”, lo cual es en cierta manera falso. No se hace desarrollo rural con lo que algunos arqueólogos denominan “Museo de sitio” , que en realidad es un cuarto que funge como almacén de materiales arqueológicos, cuya “irresponsabilidad” es endilgada a la “comunidad” bajo figuras que legalmente son impracticables, pues las únicas entidades que pueden administrar el patrimonio son el Viceministerio de Desarrollo de Culturas, las prefecturas o los municipios. Estos almacenes, que nadie visita (ver estadísticas de visita de la mayoría de ellos) no generan ningún ingreso significativo para la población y no les reporta ninguna actividad económica adicional. Probablemente Pariti tenga posibilidades de ser la única excepción en este sentido, pero el resto, incluido Chiripa, Taraco, Huari, Quillacas, Aucapata y otros, son un reverendo fracaso. Desarrollar turismo en una región demanda generar capacidades locales, infraestructura de servicios, interrelación con todos los actores económicos (públicos y privados), desarrollar inversiones empresariales y establecer alianzas estratégicas de mercado para el desarrollo de productos turísticos que sean económicamente sostenibles.

Universidad Mayor de San Andrés

En cuanto que el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas de la Universidad Mayor de San Andrés estuviera empezando a surgir, creo que esto es un error. Este se inició con mucha expectativa, pero en la actualidad se halla totalmente estancado y sumido en una profunda crisis, producto de las malas gestiones de sus sucesivos directores. De superarse este mal momento, podría ser una real alternativa para los arqueólogos que tienen la capacidad y la motivación para hacer investigación.

BUENOS NEGOCIOS, ¿BUENA ARQUEOLOGIA?

Entre los años 2004 y 2006 fue implementado el Harvard Summer Program in Tiwanaku, Bolivia, como uno de los muchos programas organizados por la Harvard Summer School, el proyecto fue diseñado como parte complementaria al curso ANTH S-170 Field Methods in Andean Archaeology: the Harvard Field School at Tiwanaku, Bolivia; en el cual participaron estudiantes de pregrado incluso de 18 años. Cada estudiante pago $us 6.550 por gastos de tutoría, alojamiento, alimentación y gastos de campo, además de $us 50 por la aplicación y $us 110 para el de seguro de salud. En total cada estudiante depositó $us 6.710, sumando un total de cien mil dólares estadounidenses para costear 6 semanas del programa de una escuela de campo estimada para 15 principiantes. El proceso de enseñanza contempló excavaciones dentro del centro arqueológico de Tiwanaku, a escasos 200 metros del templete semisubterráneo, sobre uno de los emplazamientos más importantes, mejor conservados y de mayor antigüedad de Tiwanaku (100 a.C – 500 d.C), ubicado cultural y cronológicamente como perteneciente al Formativo Tardío.
La experiencia de Harvard fue una flagrante violación del Reglamento de Excavaciones en sus Artículos 9, 10, 12, 14 y 27, pues ninguno de estos estudiantes contaban con la licencia ni la calificación mínima para intervenir un sitio de primer orden como Tiwanaku, ni áreas tan preciosas para la investigación arqueológica del Formativo Tardío como Lakkaraña.
Muchos de nosotros recibimos la noticia de la implementación de esta escuela de campo con extrema sorpresa, pues el tamaño de la irresponsabilidad de quienes aprobaron este proyecto fue solamente equiparable al monto de dinero que recaudó. Hasta la fecha no se conocen los resultados, pues no han surgido publicaciones de tal empresa, y queda al tiempo la duda de sí, un grupo de jóvenes adolescentes, sin ninguna experiencia de campo, a cargo de otros estudiantes de doctorado (también sin experiencia) pudieron hacer un buen trabajo en un área tan importante de Tiwanaku como Lakkaraña. Lo que si sabemos, sin lugar a ninguna duda, es que fue un excelente negocio.
En una conversación sostenida recientemente (en predios del Viceministerio de Desarrollo de las Culturas) con altos responsables de la Unidad Nacional de Arqueología, se nos dijo: que en el mundo real, quienes tienen la plata definen que tipo de arqueología se hace en Tiwanaku, que a entidades como Wiñaymarka, la CBN o SOBOCE, poco les interesa el rigor metodológico con que se excave, que sólo les interesan los resultados que se pueden ver y vender, que con ellos es muy difícil “negociar”. Que esta difícil relación con las poderosas y caritativas empresas privadas se debe a que el sector cultural del estado es extremadamente pobre (porque así lo determinan los sucesivos gobiernos de turno, ¡sin excepción!), donde “sus arqueólogos” ganan poco menos de mil bolivianos por mes y deben sobrevivir con los excedentes que les reporta los viáticos que obtienen de estos proyectos.
¿Será ésta la política de dignidad que el Gobierno actual esta tratando de impulsar? ¿Será que con un apropiado fajo de billetes o algo de influencia política, es posible negociar, no sólo la posibilidad de destruir un determinado patrimonio arqueológico, sino también la vigencia y aplicación de la Leyes?. Probablemente la Cervecería Nacional, SOBOCE, el proyecto de escuela de Campo de Harvard, algún diputado oficialista cocalero o el propio Prefecto de La Paz nos den muy buenas luces sobre estos aspectos.

LOS DERECHOS DE AUTOR EN LA PRÁCTICA ARQUEOLÓGICA BOLIVIANA

Hace unos días llego al correo de la revista de Arqueología “Nuevos Aportes” una nota remitida por un arqueólogo amigo - oriundo de Cochabamba - que actualmente reside y trabaja en España. Tuve la suerte de conocerlo en el Valle a mediados de los años 90, lo mismo que a muchos otros investigadores y arqueólogos cochabambinos amigos del Museo Arqueológico de la Universidad Mayor de San Simón.
La nota se centra en una reciente denuncia de plagio interpuesta contra varios investigadores del Museo de Investigaciones Antropológicas de las universidades de San Simón de Cochabamba y Chapel Hill de Carolina del Norte, EE UU. El problema se suscitó sobre un aparente uso y apropiación de datos e informes de investigación inéditos por parte de ex - colegas de trabajo y coautores de los citados informes. Este hecho se habría consumado en algunas de las recientes publicaciones del Museo Arqueológico de San Simón. El destinatario de esta denuncia es una entidad internacional que trata estos temas, aunque lo más apropiado hubiese sido que la denuncia fuera efectuarla en las instancias nacionales que existen para tal efecto, existiendo además una Ley y sus reglamentos (Ley 1322 del 13/4/92) que protegen los derechos de autor.
Muy pocos hechos denunciados como plagio han sido reportados en la arqueología local, recuerdo algunos muy publicitados como el denunciado a un ex director de la DINAR y de la Carrera de Arqueología o a la acusación mutua que se dio entre los codirectores del Proyecto Arqueológico Iwawe. Probablemente existan algunos casos más que nunca fueron reportados y que permanecen sólo en los archivos de quienes incurrieron en el delito y en la memoria de quienes fueron afectados (a estos últimos, me adhiero personalmente).
Algunos arqueólogos e investigadores usan estos y otros antecedentes para justificar su improductividad intelectual o generar obstáculos para el acceso a informes de investigación y/o consultorias arqueológicas, cuyos datos son importantes para el avance de mayores investigaciones académicas.
Una de las justificaciones más usadas para evitar visibilizar informes de arqueología de contrato (que son parte de diversos estudios ambientales) es que su publicación o difusión a terceros, requiere de la aprobación previa de la empresa que la contrató o de la que estuvo a cargo del estudio ambiental. Se dice que estos arqueólogos, a tiempo de aceptar el trabajo, firmaron una cláusula de cesión de sus derechos de autor, lo cual no parece verídico, dado que vulneraría la Ley de Derechos de Autor que en su Título IV, Cap I, Artículo 14 indica que “el autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable”.Por otra parte la Ley establece las garantías necesarias para que cualquier producto creativo artístico o intelectual, inédito o publicado goce del amparo de la Ley con respecto a sus derechos, motivo por el cual es censurable el clasificar, restringir o prohibir el acceso de investigadores a documentos que tienen carácter público como las investigaciones efectuadas en el marco de entidades estatales relacionadas con la arqueología, universidades públicas como la UMSA, museos municipales o estudios ambientales preparados bajo encargo exclusivo del estado, mucho más, cuando el objeto de estos estudios se efectúo con dinero estatal, sobre patrimonio del estado y bajo condiciones claramente estipuladas en la reglamentación vigente.

POLÍTICAS CULTURALES, DESARROLLO LOCAL Y PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

La arqueóloga boliviana María de los Angeles Muñoz ha publicado recientemente un interesante aporte para la revista mexicana del INAH "Diario de Campo", Cuadernos de Antropológia y Patrimonio Cultural N 4, en el que hace una aproximación teórica y propuesta de modelo en torno al tema de Gestión Cultural. Este trabajo puede ser considerado como una reflexión pionera en nuestro país respecto del aprovechamiento de recursos culturales arqueológicos para el desarrollo local.

La visión de que el arqueólogo es sólo un técnico que recupera información y materiales del pasado requiere necesariamente ser desterrada, pues la practica arqueológica actual y sus resultados tienen una incidencia cada vez mayor en nuestra vida política, cultural y económica y los arqueólogos, no sólo estamos ocupados de las evidencias y vestigios del pasado, sino tambien de las implicaciones éticas, sociales, culturales, económicas, legales y políticas que encierra nuestro trabajo y sus resultados

Estudios como los de Maria de los Angeles nos mueven ha reconocer la necesidad que tenemos de arqueólogos que se especialicen en la gestión del patrimonio, en la construcción de políticas públicas o en la generación de propuestas teóricas en relación al papel que juega o debe jugar la arqueología en el actual contexto social.

ARQUEÓLOGOS DE VERANO

Desde hace algunos años la carrera de Arqueología de la UMSA viene implementando cursos relámpago que duran menos de un mes, habilitados entre el intersticio que permite el final de un semestre y el principio de otro. Estos cursos son llamados "de verano", cuyos objetivos, cuando se implementaron en otras carreras, a principios de los años 80, fueron el de permitir la nivelación de estudiantes que acusaban retrazos por efecto de cambios en las curriculas o como premio para quienes obtenian exelentes notas y cuya caopacidad les permitia adelantar su egreso. Sin embargo, estas materias eran dicatadas por los mismos docentes que impartían las clases regulares y se daban en períodos de dos a tres meses. En aquel tiempo era poco probable que fueran aceptados aquellos que no contaban con los prerequisitos necesarios o venian de reprobar la materia en un curso regular.

Hoy la Carrera de Arqueología de la UMSA hace todo lo contrario, habilita estos cursos para los peores alumnos, o para aquellos que no pueden aprobar la materia con las exigencias regulares. ¡Claro esta, la dictan tambien "Arqueologos de Verano"!, que no dubitan en aceptar materias, cuyo contenido es obvio que no se puede impartir en 15 o 20 dias. Lo que pasa entonces es que se prescinde de la mínima lectura especializada, del análisis, la reflexión, la presentación de trabajos o monografias finales y de todo recurso que da sustancia a curso universitario que puede preciarse de algún rigor académico.

En estos últimos años (incluido el que comienza), la nueva política de los directores de carrera, y hago énfasis en lo "político", los afana por granjearse la simpatia de un número creciente de estudiantes "del mínimo esfuerzo", quienes imponen el lanzamiento de cada vez más cursillos de verano que los lleve rápidamente a egresar, aún a costa de una formación totalmente deficiente. Egreso, que en muchos casos, no les sirve mas que para habilitarse de mano de obra barata en excavaciones implementadas por el estado, la empresa privada o algún proyecto extranjero. Con suerte, estos arqueólogos no licenciados, 5 o 10 años despues de egresar, podran habilitarse a un PETAE que los salve de el "infierno laboral" que significa estar entre el egreso y la licenciatura. Infierno que probablemente tambien podra salvarse con el apoyo remunerado de algún otro "Arqueólogo de Verano".

Lamentablemente, nuestra formación arqueológica universitaria está en manos de una "Carrera de Verano" con contenidos, dirección, docentes y estudiantes de verano que promete, paradojicamente, un largo y gélido futuro invernal para la arqueología boliviana.

LOS CAMINOS DE LA COCA

Estudios etnohistóricos y arqueológicos han mostrado, con distinto tipo de evidencia, que los antiguos caminos prehispánicos como el de Takesi, Choro, Yungacruz, entre los más conocidos, sirvieron como via para los intensos vínculos de tráfico e intercambio de productos entre las zonas bajas y altas del territorio amazónico y andino, principalmente coca, plumas, plantas medicinales, animales, frutas y diversos productos de altura como papa, quinua, cañahua, charque de llama, sal, etc.
Hoy estos caminos sirven fundamentalmente para el movimiento de turistas nacionales y extranjeros (que según estadísticas del año 2004 alcanzaron a poco más de 6000) y esporádicamente para el movimiento de la población local. La coca y productos exóticos o alimenticios no forman ya parte de la economía a la que sirven estos caminos, pues algunos de estos productos - como la coca - han multiplicado su importancia económica y disminuido radicalmente su significación ritual e ideológico (ambos procesos alentados por la poderosa influencia de la sociedad occidental) y utilizan para su movimiento los caminos carreteros que penetran a Sud Yungas, Nor Yungas, Alto Beni y las nuevas zonas de colonización.
Las poblaciones actuales de los Yungas estan demandando caminos alternativos a los existentes, que permitan movilizar los productos con menos riesgo que el que actualmente tienen. Algunos de los trazos planteados para estas nuevas vias pasan por la inminente destrucción de los antiguos caminos prehispánicos declarados Patrimonio y Monumentos Arqueológicos Nacionales, tal es el caso del Camino Chuñavi - Chulumani que viene siendo alentado por productores cocaleros y autoridades municipales que pertenecen a este gremio. La Prefectura ha respondido positivamente a esta demanda sin evaluar apropiadamente su factibilidad técnica o las consecuencias ambientales y culturales que promoverian estas iniciativas. De manera política y demagógica el Prefecto paceño se ha comprometido con estas poblaciones yungueñas sobre la base de unos cuantos dólares y la disposición de colocar un par de tractores para que abran una brecha, sin importar si esta destruye o no el camino prehispánico de Yunga Cruz, probablemente dejando esta decisión a los operadores tractorístas.
Las Sociedad de Arqueología de La Paz, las organizaciones de defensa del Medio Ambiente y en algún Momento la Unidad Nacional de Arqueología se opusieron tenazmente a que se efectivice su construcción sin la existencia de un estudio completo de factibilidad y su respectiva licencia ambiental, logrando detener su inicio por casi 6 meses. Sin embargo, presiones políticas, tráfico de infuencias e incentivos económicos poco transparentes están amenazando con fracturar las posiciones de defensa de este importante Patrimonio Arqueológico y Natural, vulnerando tambíen la normativa ambiental y cultural vigente, dando luz verde a la decisión de ejecutar -de la manera más precaria - una senda que impactará irreversiblemente el camino prehispánico de Yunga Cruz, su entorno y su actual y potencial aprovechamiento turístico.

Los antiguos caminos prehispánicos: La coca fue uno de los principales motivos
para su construcción y paradójicamente será uno de los principales motivos para
su destrucción.

CUESTIONAMIENTOS Y REPRESALIAS EN LA ARQUEOLOGIA DE TIWANAKU

Recientes denuncias efectuadas por cuatro arqueologos bolivianos sobre deficiencias e irregularidades acontecidas en el proyecto de excavación de la Piramide de Akapana a cargo de la Unidad Nacional de Arqueología del Viceministerio de Cultura, han desnudado la precariedad administrativa y técnica de la única institución estatal, cuya principal función es la generación de políticas sobre el patrimonio arqueológico, su protección, conservación e inventariación. Lamentablemente la UNAR, desde hace algunos años, esta dedicada a intervenir directamente en la actividad arqueológica sin contar con los medios administrativos ni tecnicos necesarios, lo cual no solo afecta la salud del patrimonio arqueológico sino que violenta la institucionalidad del Viceministerio de Cultura y de la propia UNAR, convirtiendose en juez y parte de la practica arqueológica en la que esta llamada a ser su mas celoso vigilante.

La actual Dirección de esta unidad no ha sido capaz de reflexionar ni ser autocritico sobre estos hechos, por el contrario a reaccionado de manera agresiva y visceral sobre las criticas vertidas en torno al trabajo desarrollado en Akapana, desinformando a las autoridades de las comunidades de Tiwanaku e induciendolas a reaccionar en contra de los autores.

El hecho va aun mucho mas allá, pues desde su posición en la UNAR ha desatado una caceria de brujas sobre todos los miembros de la Sociedad de Arqueología de La Paz (SALP) y en particular sobre los arqueologos que emitieron las críticas, amenazando con obstaculizar o bloquear su labor profesional en arqueologia, principalmente en proyectos nacionales o internacionales en los que anualmente participan.

Uno de los primeros afectados ha sido el arqueologo José Luis Paz, quien fue agredido verbalmente y amenazado por Javier Escalante en las oficinas de la propia UNAR, en circunstancias en la que pretendia solicitar un permiso de investigaciones para un proyecto que lleva adelante en colaboración con un investigador japones. Paz ha solicitado explicaciones por escrito a las autoridades del Viceministerio de Cultura, pero hasta la fecha no existe una respuesta satisfactoria. Todo parece indicar que este tipo de actitudes prepotentes y abusivas pueden repetirse, de no haber sanciones para el actual Director de la UNAR, quien parece confundir esta institución estatal con su hacienda o feudo personal, ignorando que es un servidor publico pagado por los impuestos de todos los ciudadanos, y que su puesto al ser público esta sometido a observaciones y criticas de la sociedad civil y mucho más de las instituciones y profesionales que operan dentro del ámbito de la arqueología.

Pumapunku

Pumapunku es una estructura arquitectónica piramidal dentro del sitio de Tiwanaku, cuya construcción data del 800 al 1200 d.C., presenta enorme cantidad de lozas de piedra tallada en la que las cruces cuadradas y los portones escalonados son lo mas distintivo. Varios trabajos de investigación de menor escala fueron emprendidos hasta 1989, año en el cual el entonces Instituto Nacional de Arqueología decidió emprender el descubrimiento de los niveles de las plataformas de los sectores norte, sur y oeste en base a un financiamiento otorgado por la prefectura de La Paz. Las excavaciones se extendieron por espacio de cuatro meses, entre abril y julio de ese año, cinco investigadores del INAR (Oswaldo Rivera Sundt, Javier Escalante, Juan Faldin, José Estevez y Max Portugal) estuvieron a cargo del proyecto, todos bajo la responsabilidad de Carlos Urquizo Sosa, entonces Director del INAR y asesorados por el propio Carlos Ponce Sanjinés. Tabajaron tambien varios estudiantes de la Carrera de Arqueología de la Universidad Mayor de San Andrés, estando entre ellos el autor de la presente nota así como muchos estudiantes que hoy son licenciados y doctores en arqueologia como Claudia Rivera, Marcos Michel, José Luis Paz, Huber Catacora y Sonia Alconini, entre muchos otros que asistieron como en relevo merced a un convenio existente entre el INAR y la UMSA.
Lamentablemente, aparte de un único informe correspondiente al sector sur (Estévez 1990), no se presentaron mayores reportes o publicaciones sobre los resultados que arrojó esta investigación, tal como lo expone el arqueologo norteamericano Alexei Vranish en su tesis doctoral presentada en 1999.
El proyecto trabajó en los sectores sur, oeste y norte de la plataforma principal, divididos en cinco secciones, cada una a cargo de un investigador del INAR (ninguno de ellos era en aquel momento arqueologo profesional, incluyendo el actual Jefe de la Unidad responsable de Arqueología del Estado Boliviano). En las excavaciones se emplearon unidades de 5 x 5 metros dejando testigos entre las unidades, y en algunos casos de manera discrecional, manteniendo los hallazgos en una especie de pedestal, estas técnicas muy discutidas son rechazadas y consideradas poco apropiadas para este tipo de indagaciones en sitios con tan compleja estratigrafía y de tal importancia monumental.
El trabajo de 1989 se concentró en exponer partes de la plataforma principal, la segunda plataforma, examinar algunos detalles constructivos de cimiento, segmentos del piso superior, canales y las escalinatas de acceso, dejando en un tercer plano la información estratigráfica y del material cerámico, oseo o lítico, el cual no fue ni apropiadamente obtenido ni pertinentemente evaluado por los responsables, habiéndose perdido o inadecuadamente almacenado gran parte del producto de este emprendimiento, dando como resultado la perdida de la información y el deterioro del material artefactual. Sin embargo el mayor daño fue causado a la estructura del monumento piramidal, el cual despues de su parcial exposición no fue sometido a ningun proceso de conservación o mantenimiento, dando por resultado el acelerado deterioro de sus muros de contensión, cimientos, pisos y ensambles.
En la actualidad un nuevo proyecto de excavación, restauración y puesta en valor esta siendo implementado en Pumapunku, a cuya cabeza se halla el arqueologo y Jefe de la UNAR Javier Escalante, quien fue corresponsable del atentado acontecido en 1989. Tambien, como en aquel entonces, participan en excavaciones estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés y se hallan como responsables universitarios egresados de la Carrera de Arqueología que aún no han cumplido sus responsabilidades académicas para poder ejercer legalmente.
Varios llamados se han hecho para detener y corregir esta iniciativa, buscando que el proyecto pueda desarrollarse tomando los recaudos y las consideraciones pertinentes, sin embargo las demandas y solicituides han sido tomadas como un intento por afectar los intereses de las entidades que lo promueven (Municipalidad de Tiwanaku, UNAR y Cervecería Boliviana Nacional) y en particular afectar el trabajo de los maestros, operarios y peones que trabajan en las obras. Percepción completamente erronea, dado que las denuncias y solicitudes hechas a los responsables, no pretenden afectar el legitimo derecho de los trabajadores y comunarios que encuentran en estos proyectos una fuente de ingresos, solo se intenta corregir los posibles errores a fin de evitar mayores daños al patrimonio y prevenir posibles observaciones de parte de instituciones que como la UNESCO estan atentos a cuanto pasa en Tiwanaku, recientemente (2000) declarado "Patrimonio Cultural de la Humanidad".