Recientemente la prensa peruana dio cuenta de la declaración del cerro Khapía, ubicado entre los distritos de Yunguyo, Copani, Pomata y Zepita como "Patrimonio Cultural de la Nación" (Resolución Ministerial Nº 589/2011, emitido el pasado 13 de mayo), en virtud a una solicitud de la subdirección de Investigación y Catastro de la Dirección de Arqueología, en el marco del Programa QhapaqÑan y de las actividades de inventario del patrimonio arqueológico de la Dirección Regional de Cultura Puno. Esta declaración no sólo protege el cerro como lugar ritual y cultural, sino que permite desarrollar acciones para preservar y conservar el patrimonio arqueológico que alberga, principalmente de la depredadora actividad minera que ya ha cobrado numerosas víctimas arqueológicas y culturales en la región.
En Bolivia varios cerros han sucumbido o se hallan amennazados por la acción destructiva y extractiva de las compañias mineras, cuya sensibilidad es tan escasa como enormes son los recursos económicos que manejan. Se pueden citar casos emblemáticos en la Cuenca del lago Titicaca, como el Cerro Catavi en la Cuenca Katari, que albergaba un importante sitio Inca, en el que la presión económica pudo más que los intereses de conservación y preservación del patrimonio, en algunos casos con apoyo de "connotados arqueólogos" locales. De la misma manera se hallan amenazados los cerros que se ubican en las comunidades de Cumaná, Pajchiri y Patapatani que albergan restos monumentales y paisajes culturales ya declarados Patrimonio Nacional, pero que - a vista y paciencia de comunarios, autoridades locales y del propio Ministerio de Culturas - se hallan en proceso intensivo de explotación, por contener en su interior abundantes yacimientos de calizas. La empresa que incentiva y explota estos yacimientos es curiosamente SOBOCE, quien por muchos años ha tratado de lavarse la cara implementanto escualidos y deprimentes proyectos culturales en su área de influencia, empleando principalmente fondos de la cooperación (CAF) más que sus propios recursos.
Sobre estos cerros y lugares culturales (rituales y arqueológicos) se debe reafirmar la presencia de la Gobernación Departamental y el Gobierno Central, estudiando las necesidades locales y estableciendo criterios racionales para su conservación y protección, manteniendo como lineas de acción las leyes vigentes y las disposiciones históricas que otorgan protección legal a éste tipo de entidades.
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